La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la suspensión inmediata de acuerdos anticompetitivos en la contratación de vehículos blindados para esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además de los comportamientos que pongan en peligro la vida y la integridad de personas en condiciones críticas de seguridad.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, la superintendente Cielo Rusinque le exigió a las empresas Neostar Seguridad de Colombia Ltda., G M W Security Rent a Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Limitada, Alliance Security Rent Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora de Vehículos Blindados - Armati Ltda. las siguientes medidas cautelares:
“Suspender inmediatamente cualquier conducta encaminada a coordinar ilegalmente su comportamiento para participar y ejecutar procesos de contratación que adelanta la UNP para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados”, dice el comunicado.
Además, de abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
La tercera solicitud de la Superindustria tiene que ver con el retiro de funcionamiento de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP, el cual debe detenerse a menos de que exista justificación razonable y documentada sobre algún riesgo para las personas protegidas.
Finalmente, la entidad pidió a la UNP “no usar mecanismos irregulares de coerción orientados a mantener la conducta ilegal que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP.
La decisión tomada desde la Superintendencia de Industria y Comercio recae sobre los proponentes que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados para la UNP entre 2017 y 2023.
Esto se dio luego de que la Superintendencia revisara las pruebas y procesos de selección de la UNP durante siete años para la adquisición de los vehículos blindados.
Sobre esa base, la entidad concluyó que los proponentes que participaron en esos procesos ejecutaron dos comportamientos que podrían ser ilegales:
En primer lugar, las empresas se habrían repartido sistemáticamente las 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, de manera que lograron presentarse como únicos proponentes y resultar adjudicatarias sin enfrentar competencia. Esto impidió que la UNP pudiera obtener mejores condiciones de contratación.
“Las empresas que participaron en los procesos desarrollaron sistemáticamente un comportamiento inexplicable en un escenario de verdadera competencia, pues en más del 93% de las zonas adjudicadas durante 7 años (84 de 90 zonas) no existió competencia alguna entre ellas”, explica el documento.
En segundo lugar, la Superindustria encontró que algunas empresas habrían desarrollado vías de hecho con el propósito de forzar a los miembros del acuerdo a mantenerse en la ejecución de la conducta ilegal. Entre las vías de hecho se encuentra que habrían desactivado de manera remota los vehículos blindados empleados para la prestación del servicio, con lo que se habría puesto en peligro la vida de las personas en situaciones de riesgo extraordinario o extremo.
“Los diferentes elementos probatorios que fueron allegados con la queja permitieron acreditar, con la suficiencia requerida para decretar una medida cautelar, la probable comisión de diferentes conductas anticompetitivas desplegadas por los agentes participantes en los procesos de selección adelantados por la UNP para la provisión de vehículos blindados en el periodo comprendido entre 2017 y 2023″, concluye el documento.