La Superintendencia Nacional de Salud confirmó la imposición de una multa por $350 millones a la EPS Sanitas, tras hallarla responsable de no cumplir con las instrucciones durante la pandemia por Covid-19, específicamente en la vacunación dirigida por el Gobierno.
La sanción se basó en la omisión de la EPS a tres requerimientos para reportar información relacionada con la vacunación en Barranquilla en 2021.
Según la investigación administrativa, durante los meses de abril y mayo de 2021, la Supersalud emitió tres requerimientos a la regional Caribe de la EPS.
Estos requerimientos buscaban obtener información sobre los mecanismos utilizados para garantizar el suministro de bases de datos depuradas y actualizadas en Barranquilla.
El objetivo era facilitar una gestión eficiente del agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, en el marco de la pandemia de Covid-19.
Al no recibir respuesta a estos requerimientos, la Supersalud inició un proceso administrativo sancionatorio En diciembre de 2022, resolvió la investigación imponiendo una multa de 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes sobre la EPS Sanitas.
A pesar de la reposición solicitada por Sanitas, la multa fue confirmada por la Supersalud y la posterior apelación fue resuelta en una resolución emitida el 27 de diciembre de 2023.
Adicionalmente, la resolución destacó que la EPS Sanitas no actuó con la diligencia debida, al no responder dentro de los términos otorgados a los requerimientos realizados el 21 y el 28 de abril y el 10 de mayo de 2021.
La falta de respuesta obstaculizó el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, limitando las acciones de vigilancia en el cumplimiento de los planes diseñados para afrontar la emergencia.
La infracción cometida por la EPS Sanitas impidió a la Supersalud cumplir con sus funciones de seguimiento y evaluación oportuna de la información relacionada con las bases de datos de afiliados, depuradas y actualizadas.
En el acto administrativo definitivo, el despacho del Superintendente confirmó la multa inicial de 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2022, señalando que existió un “actuar negligente” por parte de la EPS Sanitas.
La resolución destacó la importancia de que los actores del sistema de salud generarán acciones articuladas para abordar la pandemia de Covid-19, así como el suministro oportuno de información y el seguimiento eficaz de los recursos que resultan vitales para la toma de decisiones.
Finalmente, la Supersalud destacó la necesidad de que las entidades vigiladas atiendan de manera eficiente y oportuna los requerimientos emitidos para permitir el ejercicio adecuado de sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de la salud.
Con información de Colprensa.