En los últimos días se ha presentado una polémica sobre la crisis que estaría pasando el sector salud. De hecho, al despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó una carta que alerta sobre los problemas financieros de tres grandes EPS del país que, en caso de no encontrar una solución, podrían tener problemas para seguir operando luego del mes de septiembre.
Se trataba precisamente de Sura, Sanitas y Salud Compensar, entidades que reúnen más de 13 millones de afiliados. Las cuales afirmaron que hay fuertes cifras que ya están perjudicando la prestación del servicio.
En ese sentido, los pagos de las deudas a esas tres EPS ya suman 1,6 billones de pesos, siendo 870.871 millones de pesos en Sanitas, 568.638 millones de pesos en Sura y 204.206 millones de pesos en Compensar.
“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población” dijeron en la carta.
Frente a esto, la Superintendencia de Salud se pronunció este jueves 24 de agosto, a través de un comunicado oficial.
El superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, manifestó que los colombianos tienen derecho a exigir una atención en salud digna y que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población, conforme a las normas vigentes, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado
“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a unidad de pago por capitación (UPC)”, dijo el Superintendente.
Por otro lado, el funcionario resaltó que la Superintendencia de Salud está realizando el seguimiento estricto para que se dé la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados. Asimismo, al buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional a la salud.
“Es importante precisar que la inspección y vigilancia de los actores se hace con base en los reportes que estos hacen a la Superintendencia”, agregó el superintendente.
El superintendente afirmó que se han intensificado las acciones de inspección de vigilancia y control, cuyo objetivo final es garantizar el acceso al derecho fundamental a la salud.
“No obstante, en este primer año de gestión de esta Superintendencia del cambio, se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, anotó Beltrán López.
Nueva metodología de gestión de reclamos
Por otro lado, se resaltó que desde la entidad se está trabajando para que el sistema de salud sea equitativo. De hecho, se está llevando a cabo una nueva política para la gestión de los reclamos en salud de los usuarios.
A través del comunicado, también resaltaron la nueva metodología para la radicación de reclamos. Las personas deben ingresar a www.supersalud.gov.co, para llevar a cabo su queja. En el portal podrán evidenciar los 37 motivos que permiten la evaluación masiva de las reclamaciones.
En ese sentido, según la metodología, los reclamos de riesgo vital se deben resolver de fondo en máximo 24 horas por parte del vigilado. “Los de riesgo priorizado en 48 horas y, los de riesgo simple, cuentan con 72 horas para su resolución”, resaltó el comunicado.