El alcalde de Tibú, Norte de Santander, gobierna a más de 115 kilómetros de ese municipio colombiano espantado por amenazas de muerte de disidentes de las Farc.
Dejó atrás una “tierra de nadie” que ahora acoge las negociaciones de paz entre el gobierno y sus verdugos. Ese 10 de marzo de 2023, Nelson Leal acumulaba un año y medio en la alcaldía de ese conflictivo poblado, pegado a la frontera con Venezuela.
Rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 con el Estado lo detuvieron en una carretera y lo amedrentaron ante la mirada de su esposa, un hijo de 13 años y una sobrina. Luego se llevaron el automóvil.
Fue “tenebroso”, recuerda Leal. Entendió que debía marcharse a otro lugar para estar seguro. A otro hijo adolescente ya le habían apuntado con pistolas desde una motocicleta como advertencia, cuenta en conversación con AFP en Cúcuta, la ciudad donde ahora vive. Desde allí imparte órdenes y gobierna a través de llamadas telefónicas.
El 8 de octubre volvió con guardaespaldas a su pueblo, de unos 60.000 habitantes, para la primera reunión entre el grupo más poderoso de disidentes, el Estado Mayor Central, y delegados del presidente colombiano, Gustavo Petro. Tras algunos retrasos, este lunes 16 de octubre comenzaron las negociaciones de paz.
Los diálogos se desarrollan en un antiguo bastión de los rebeldes, con poca presencia del Estado y atractivo para otros grupos ilegales por sus más de 22.000 hectáreas de hoja de coca, el componente base de la cocaína.
Esa cantidad de sembradíos hacen de Tibú el municipio con más narcocultivos del mundo, según datos de la ONU. De acuerdo con el Alcalde, también están allí la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la banda narco más grande del país conocida como Clan del Golfo, e incluso el mexicano Cartel de Sinaloa.
“Tibú se ha convertido en esa tierra de nadie en la que quien tenga las armas es el que está gobernando, nos domina”, sostiene Leal.
Obedecer para vivir
Las negociaciones en Tibú comenzaron con una imagen paradójica ante medios de comunicación del mundo: el jefe negociador del EMC, conocido por el alias Andrey Avendaño, fue aplaudido, mientras que Leal y delegados del gobierno, abucheados.
Críticos de las políticas de seguridad y paz de Petro advierten que el mandatario es indulgente con los rebeldes. Aún no son claros los temas centrales de las negociaciones, que iniciaron a la par de un cese al fuego de tres meses.
Solo es seguro que la mesa no se instalará fuera del país, como sí sucede con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia con Petro en México, Venezuela y Cuba. Para el caso de las Farc, el documento que selló su desarme en 2017 fue redactado en La Habana.
La última vez que guerrilleros y el gobierno hablaron en Colombia fue bajo la administración del conservador Andrés Pastrana (1998-2002), que a partir de sus concesiones desmilitarizó unos 42.000 kilómetros cuadrados en el departamento de Caquetá.
Expertos consideran que esos fallidos diálogos en realidad sirvieron a las Farc para fortalecerse. Con esa herida en la memoria, Petro pidió a los 3.500 miembros del EMC “máxima responsabilidad” con el proceso.
La Fiscalía estimó en septiembre que 13 zonas de Colombia, entre ellas Tibú, están bajo el control de grupos armados que imponen sus “normas de conducta”: “Todo aquel que se aparte (de ellas) o es desterrado o es asesinado”, sostuvo.
Benigno Neira, un agricultor de 51 años vive en carne propia el yugo de la guerra. “Vivir en esta población es algo complejo (...) uno tiene que hacer caso, obedecer para así poder vivir”, dice.
Atrincherados
Kevin Karlen, coordinador del Comité Internacional de la Cruz Roja en Cúcuta, coincide en que esta es una de las regiones del país “donde más afectaciones existen por el conflicto armado”.
La estación de policía de Tibú tiene aires de trinchera. En mayo dos uniformados y una civil murieron por un atentado con explosivos.
Desde entonces sus compañeros salen en tanques blindados para hacer trámites “estrictamente necesarios”, según dijo a la AFP un responsable policial que pidió no ser grabado ni identificado.
En Tibú no hay agentes de tránsito, sede de la Defensoría del Pueblo, juzgados, ni fiscalía. La encargada de ese ente investigador fue asesinada en 2021 cuando manejaba más de 400 casos, algunos sobre narcotráfico y rebelión.
Otros fiscales se desplazaron atemorizados a Cúcuta. Viajan ocasionalmente a ese territorio sin Estado donde “es muy fácil gobernar con fusil”, según palabras del alcalde.
*AFP