Luego de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciara que el cese al fuego con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco se mantendrá suspendido en Nariño, Cauca y Valle del Cauca por la ofensiva de ese grupo guerrillero contra la población, varias son las capturas y decomisos de armas que las autoridades han adelantado en el suroccidente del país.
Según dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, en medio de un trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se han capturado a 68 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, quienes serán presentados ante jueces de control de garantías.
Los elementos de prueba obtenidos por el ente acusador indican que las personas detenidas estarían involucradas en delitos como homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Se informó, además, que tras la intervención especial en contra el ‘Estado Mayor Conjunto’ y la ‘Segunda Marquetalia’, se han incautado más de 80 armas de fuego, 15.650 unidades de munición de diferentes calibres, 285 proveedores, 45 artefactos explosivos, 92 equipos de comunicaciones y $12′350.000 en efectivo.
Con este proceder, las autoridades buscan contrarrestar el incremento de los hechos violentos de las dos organizaciones ilegales desde el anuncio de suspensión del cese al fuego; así como capturar y judicializar a los principales cabecillas y articuladores en Cauca, Valle del Cauca y Nariño; bloquear los denominados corredores criminales en Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo; y afectar los componentes logísticos y el patrimonio ilegal en las áreas de injerencia.
“Durante las últimas tres semanas, la Fiscalía ha abierto las respectivas noticias criminales por 35 eventos delictivos, entre estos ocho ataques terroristas, en los que estarían involucrados el ‘Estado Mayor Conjunto’ y la ‘Segunda Marquetalia’”, mencionó el ente acusador.
Y aseguró que grupos especializados asumieron los actos investigativos, con el liderazgo de fiscales que conocen el fenómeno criminal en esa región, para identificar a los responsables y lograr su judicialización.