La Justicia no ha sido ajena a los problemas que ha causado la pandemia del covid-19 en el país y, por cuenta de la crisis económica y la emergencia sanitaria, han aumentado el número de tutelas que han interpuesto los ciudadanos exigiendo el respeto por sus derechos.
Así lo dio a conocer la Corte Constitucional al informar que desde el 2006 no se tenía en Colombia un registro tan alto como el que se presentó el año pasado, cuando las acciones de tutela se ubicaron por encima de las 250.000.
En efecto, de acuerdo con el alto tribunal, se contabilizaron 256.312 tutelas, de las cuales alrededor de 52.273 se presentaron en Bogotá, seguida de Antioquia (46.784), Valle del Cauca (28.573), Santander (13.426), Norte de Santander (11.430), Caldas (10.283), Tolima (8.623), Risaralda (8.124), Bolívar (6.912) y Cundinamarca (6430).
La Corte agregó que los diez derechos fundamentales que más demandaron a través de esta acción legal los colombianos en el 2020 fueron: el derecho de petición (110.197), salud (70.185), debido proceso (33.027), mínimo vital (22.768), seguridad social (12.786), vida (10.769), dignidad humana (5742), estabilidad laboral reforzada (5281), trabajo (5193), ayuda humanitaria (3895) e igualdad (3555).
Ahora bien, si las cifras del año anterior llaman la atención, lo ocurrido durante el 2021 no se queda atrás. De acuerdo con la Corte Constitucional, a la fecha ya se han instaurado alrededor de 78.000 tutelas exigiendo el cumplimiento de derechos como el acceso a la salud, la educación y la dignidad humana.
El alto tribunal indica que Bogotá lidera el listado con 18.684 tutelas, seguida de Antioquia (11.879), Valle del Cauca (8320), Santander (4062), Norte de Santander (3788), Tolima (2752), Bolívar (2556), Caldas (2549), Atlántico (2423) y Risaralda (2129).
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La ‘joya’ de la Constitución
Como lo recuerda el abogado Camilo Andrés García, la acción de tutela fue establecida en el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, como un derecho de las personas para que en “todo momento o lugar puedan reclamar la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, mediante un proceso que es preferente y sumario”.
Y gracias a esa acción legal, considerada uno de los mayores aciertos de esa Carta Magna, dicen los analistas que millones de colombianos han encontrado la posibilidad de acceder a procedimientos médicos complejos y de importancia vital o a medicamentos de alto costo que no cubre el Plan Obligatorio de Salud, POS.
El analista Jhon Mario González recalcó que desde mediados de la década de los noventa esta vía jurídica ha ganado popularidad hasta el punto de convertirse en la iniciativa más usada por la ciudadanía para exigir sus derechos.
“Yo diría que el ciudadano no encuentra en este momento otro mecanismo más eficiente que la acción de tutela en lo que corresponde a derechos fundamentales y acceso a justicia”, puntualizó.
De su parte, Óscar Iván Garzón, director de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, sostuvo que, debido a que en Colombia “tenemos muchos problemas de protección a los derechos de las colectividades”, es necesario robustecerla.
Y es que, como se recordará, la semana pasada el Ministerio de Justicia presentó un decreto que, con el argumento de descentralizar la administración de justicia, garantizar la unificación jurisprudencial y descongestionar los juzgados, propone reordenar el reparto de las acciones de tutelas entre diferentes instancias, de manera que, por ejemplo, el Consejo de Estado sea el encargado de recibir todas las demandas contra el Presidente de la República.
“Que de alguna manera el Legislativo o el Ejecutivo pretendan modificar la tutela demuestra su importancia y la inquietud que tienen por poder controlarla, cuando hay que hacer todo lo contrario, que es robustecerla para que los colombianos de a pie puedan seguir pidiendo la protección de sus derechos”, enfatizó Garzón.
Dicho fortalecimiento podría darse en las medidas cautelares, con más herramientas para el juez; sin embargo, recalca el docente, “una modificación de la tutela no está en el tintero del Legislativo”.
¿Propuesta inconstitucional?
Como una propuesta inconstitucional calificaron juristas y académicos el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 que expidió el Gobierno con el fin de reorganizar la red de reparto de la acción de tutela.
El jurista Rodrigo Uprimny expresó en Caracol Radio que, pese a que el decreto asegura que busca es modificar el reparto de tutelas, “su pretensión clara es modificar la competencia, es decir, determinar que las tutelas en contra del Gobierno sean conocidas por el Consejo de Estado en primera instancia, y por decreto uno no puede modificar las reglas de competencia”.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit, Esteban Hoyos, manifestó que pareciera que el presidente Duque “está escogiendo a su propio juez y dictando decretos en beneficio propio”.
A su vez, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que lo que se busca es que un juez de menor jerarquía no maneje temas nacionales.