Después de que la Cámara absolviera al presidente Ernesto Samper, por la penetración de dinero del narcotráfico en su campaña, testigos del mayor escándalo judicial y político dicen que el dinero ilegal sigue presente en la actividad pública.

Hoy, exactamente  dos décadas después de que país fuera testigo de la absolución por parte de la Cámara de Representantes  del entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, a quien se precluyó la investigación por la  penetración de dinero  del narcotráfico a su campaña electoral, Colombia  parece no haber aprendido de esa experiencia.

Así lo aseguran dirigentes y políticos, que de una u otra manera les tocó vivir, e incluso ser protagonistas  del mayor escándalo judicial  en la historia política del país:  el Proceso 8000, llamado así por el número  asignado a la investigación.

De ayer a hoy, las cosas no parecen haber cambiado mucho, y aunque en menor escala, el dinero ilegal, a juicio de  los expertos,  ha seguido permeando  la política, un vínculo que parece indisoluble en algunas regiones del país.  

Para el senador Roy Barreras, quien para la época ejercía como representante a la Cámara y quien fuera uno de los más duros críticos del gobierno Samper -pero quien no pudo votar  en la Cámara porque era suplente y lo sacaron el 30 de mayo de 1996 para que entrara el titular- Colombia ha tenido dos enfermedades crónicas: los más de 50 años del conflicto armado y la maldición del narcotráfico.

Barreras, considera que ad portas de resolver el tema guerrillero, “la infiltración perversa del narcotráfico, como hace 20 años,  sigue siendo un problema grave para las instituciones colombianas”.

Para Barreras, el Proceso 8000 fue la evidencia palpable de que el poder corruptor de la mafia era capaz de sobornar y penetrar las  más altas instancias del poder con el daño enorme que eso le hace al Estado de derecho.

“Por supuesto después de ese proceso vinieron episodios aún peores y fue que el narcotráfico se unió con el paramilitarismo y como el país sabe eso terminó en más de  40 congresistas  presos por parapolítica y con una pérdida de la legitimidad del  Congreso y de la política de la que todavía las instituciones no se recuperan, de manera que ha habido una continuidad en el daño que el narcotráfico ha venido haciéndole a las institucionalidad”, agrega. 

El poder corruptor del narcotráfico, para el Senador,  es inmenso y no basta con la evidencia del daño, que  tiene dos características fatales: primero que es un crimen global  y Colombia no sola puede responder, y segundo, que por cuenta de la  prohibición  universal genera unas ganancias enormes, que seguirán alimentando todas las formas de violencia en Colombia. Por eso cree que requiere una política global contra las drogas.

Otro de los protagonistas de ese momento, pero desde su misión de acusador, el entonces fiscal Alfonso Valdivieso, 20 años después de que él  destapara el que es considerado el capítulo más vergonzoso  en la política, sostiene que lo ocurrido  mostró un escenario  de mucha descomposición  y degradación en las prácticas políticas y la penetración e infiltración del narcotráfico. “Después de eso grandes capos dejaron de ser primeras personas y llegó a demostrarse lo grave que fue eso”.

Para Valdivieso la situación que está atravesando la política colombiana lleva a la apreciación que se tuvieron lecciones, pero que no se aprendieron, pues tras el 8000  siguieron otros escándalos como el  la parapolítica.

“Estoy convencido de que lo que sucedió fue producto y consecuencia de la complacencia, en un alto porcentaje, que se  ha venido teniendo con el narcotráfico y eso quedó reflejado en el Congreso, en la Comisión de Acusación de la Cámara que no investigó como debió hacerse, a fondo. Eso fue una mala señal, como consecuencia de una actitud indiferente y de conveniencia que aún persiste. El narcotráfico sigue teniendo aceptación”, asegura el exfiscal.

El exrepresentante a la Cámara José Arlen Carvajal, que en 1996 era el titular de la curul que ocupaba Roy  Barreras y quien regresó a la misma y  votó a favor de la preclusión del proceso contra Samper, hoy  dice no arrepentirse de haberlo hecho porque, asegura, tenía argumentos suficientes  para actuar así. 

Carvajal reconoce que el Proceso 8000 trajo consecuencias políticas, pues dejó muchos congresistas en la cárcel.

“El 8000 fue un momento difícil, no fue una cosa buena para la política. Tras eso siguieron otros hechos como la parapolítica”, explica Carvajal, quien agrega que el país no aprendió de ese escándalo y que desde el momento en que el narcotráfico llegó al país  la política no se ha podido salir de eso.

Al recordar los hechos, el expresidente Andrés Pastrana, quien tras la segunda vuelta presidencial, entregó los casettes con las grabaciones donde  se dejaba entrever que el Cartel de Cali  hizo aportes a la campaña Samper, hecho que fue el abrebocas del escándalo, sostiene que en ese momento en el país hubo una  profunda división.  “Los amigos del presidente Samper contra la gente de la calle. No había antecedentes de manifestaciones de esa magnitud para buscar la salida del Presidente. Incluso, quien lideró ese proceso fue el presidente Juan Manuel Santos, quien se reunió con los paramilitares, con las Farc, con ‘Raúl Reyes’ y la sociedad civil. Por eso es curioso que sea hoy el mayor defensor de Samper. Son los mismos”.

El exmandatario agrega que la imagen del Congreso se fue al piso. “Fue tomada como una burla la compra de conciencias. Puede que a Samper lo haya absuelto la Comisión, pero el país nunca se la dio y tampoco la comunidad internacional”.

El escándalo que marcó a Colombia

Cantantes, deportistas, gobernadores, representantes a la Cámara, senadores, ministros, procuradores, asesores... Uno a uno fueron quedando enredados en el escándalo del Proceso 8000, como se le llamó a la incursión de dineros producto del narcotráfico  en la política colombiana en la década de los 90. 

Ernesto Samper Pizano, cuya campaña  fue la directa beneficiado con el dinero que le ‘donó’ el extinto Cartel de Cali para ganar la segunda vuelta presidencial disputada con Andrés Pastrana en 1994, salió  ileso de las investigaciones, haciendo gala  del argumento por el que será recordado: “Si a mi campaña entraron dineros ilícitos fue a mis espaldas”.

El país aún recuerda la reacción del cardenal  Pedro Rubiano a esa afirmación. El alto prelado sostuvo que lo que ocurrió fue  como “si un elefante entrara en la casa y el dueño no se diera cuenta”. 

La primera prueba de la ifiltración de los dineros ‘calientes’ la entregó el rival político de Samper en la campaña presidencial,  Andrés Pastrana, con unas grabaciones de casetes en las que el periodista Alberto Giraldo conversaba con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela –capos del Cartel de Cali-, y en las que se hacía referencia a la ayuda a la campaña del entonces candidato liberal.

Sin embargo, no fue sino  casi un año después cuando las primeras pesquisas de Alfonso Valdivieso, fiscal General, empezaron a dar luces sobre los implicados en el escándalo. Y pese a que Samper quiso acallar la situación arremetiendo contra los capos, la bola de nieve siguió creciendo y su tesorero en la campaña presidencial, Santiago Medina Serna, salió salpicado y fue encarcelado.

También vincularon a Fernando Botero Zea, director de la campaña y ministro de Defensa,  quien posteriormente fue condenado. Fue asesinada una mujer que se vislumbraba como una testigo imprescindible y quien era mencionada en los ‘narcocasetes’  Elizabeth sarria, conocida como ‘La monita Retrechera’.

Meses después, comenzando 1996 fueron vinculados al Proceso 8000 los ministros Rodrigo Pardo, de Exterior;  Juan Manuel Turbay, de Comunicaciones,  y Horacio Serpa, del Interior, este último  el escudero de Samper en el Congreso y de quien se dice fue clave para que la Cámara absolviera al Presidente. Pero  pese a que se dijo que tenían conocimiento de la ayuda del cartel en el impulso de la campaña de su jefe y amigo, fueron absueltos.

El entonces presidente de la Comisión de Acusación,  el representante a la Cámara, Heyne Mogollón,  abrió investigación formal contra el Presidente, con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, en un hecho sin precedentes en el país. Pero meses después  el mismo congresista  presentó el proyecto con el que  se logró la absolución del Jefe de Estado.

El 12 de junio de 1996 la Cámara de Representantes votó 111  a favor y 43 en contra del proyecto de preclusión. Y aunque se dijo que Mogollón recibió jugosas prebendas para favorecer  al Mandatario, esto nunca se pudo comprobar.

Samper sufrió la vergüenza internacional cuando el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a ese país. 20 años después varios protagonistas del escándalo han fallecido, otros tuvieron muerte política y unos más siguen activos haciendo proselitismo y Ernesto Samper funge como secretario de Unasur, pero cargando sobre su espalda el peso de un proceso que dejó muchas dudas.