La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) indicó -en un reciente comunicado a la opinión pública- que está comprometida con darle cumplimiento a uno de los objetivos principales de la entidad y que hacen parte de su misionalidad, relacionado con la prestación de un servicio efectivo y seguro de vigilancia electrónica.
Por lo anterior, precisó que la vigilancia prestada a través de brazaletes electrónicos está funcionando sin ninguna interrupción para más de 5 mil privados de la libertad, teniendo en cuenta que este es un servicio que tiene connotación de servicio público y con implicaciones de seguridad nacional.
“Para materializar la prestación efectiva y evitar el riesgo de interrupción del servicio, nos vimos en la necesidad de acudir a la figura jurídica de la ‘urgencia manifiesta’, mientras se adjudica el proceso licitatorio y se cumple con el periodo de transición entre el actual operador y el que resultare ganador del proceso de selección”, sostuvo.
La Uspec sostuvo que se ve obligada a continuar con el proveedor actual, pues actualmente no existe en el mercado tecnología que, en cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 1069 de 2015 y demás que le complemente), pueda prestar el servicio de un día para otro, sin un debido tiempo de transición.
“Entiéndase por transición la actividad que consiste en cambiar cinco mil dispositivos a cinco mil personas privadas de la libertad con beneficio de prisión domiciliaria, los cuales se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional; en este proceso participan el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Uspec contratista e interventoría entrante y contratista e interventoría saliente”, explicó la entidad.
En ese sentido, la Uspec, en asocio con el Inpec y acatando las instrucciones de la Presidencia de la República, en el propósito de garantizar la pluralidad de oferentes, actualizó la ficha técnica de la prestación de vigilancia electrónica, para prestar un servicio con mejor tecnología y que producto del estudio de mercado, logre eficiencia en la inversión de los recursos públicos, reformulando cantidades y exigencias que permitan garantizar la pluralidad de oferentes.
Agregó: “debido a las restricciones presupuestales que tiene la entidad, adelantamos los trámites respectivos en la presente vigencia para incorporar los recursos necesarios conforme al estudio de mercado publicado en SECOP II, encontrándonos con una limitante para avanzar con el proceso licitatorio, modalidad contractual a la que le apuesta el Gobierno del Cambio para garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos”.
Finalmente, la Uspec dijo que si bien se han recibido propuestas de tecnologías presuntamente de menor costo, estas no han sido probadas para las contrataciones actuales, “pues las mismas no se ajustan a la normatividad vigente que exige el uso de un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera. Situación que está siendo reformulada en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Inpec, para la revisión de la regulación legal respectiva”, concluyó.
De otro lado, Semana indicó que la Contraloría General de la República se ha opuesto en varias oportunidades a que la Uspec siga celebrando estos contratos de manera directa y bajo argumentos como el de no contar con tiempo y recursos presupuestales suficientes para estructurar un proceso de licitación pública.
“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Uspec, que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, dice una resolución de la Contraloría de enero de este año que conoció Semana, en la que se oponen a la última urgencia manifiesta declarada por la Uspec.
Para la Contraloría, estos contratos de la Uspec “se han perpetuado en el tiempo, a pesar de que esta figura está instituida para ser utilizada en eventos excepcionalísimos, ante los cuales la situación sea tal, que se deba renunciar al agotamiento de los procesos de selección públicos como la licitación, la selección abreviada o el concurso de méritos”.