Los dramas que a diario viven los ciudadanos en Cali por las dificultades para acceder a la prestación de servicios de salud no paran. Esta situación se agudiza por los problemas administrativos y financieros de las EPS.

A finales de enero, por ejemplo, la Supersalud ordenó la liquidación de Coomeva EPS, obligando a que 1,2 millones de afiliados en 24 departamentos tuvieran que repartirse en otras entidades. Esta semana, además, se anunció la intervención forzosa a la EPS Emssanar, que tiene 1,9 millones de afilados en Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca. En este último departamento son 900.000 usuarios activos, principalmente del régimen subsidiado.

Juan Manuel Quiñones, agente especial interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, aseguró que Emssanar EPS seguirá atendiendo a la población en los cuatro departamentos, sin embargo, trimestralmente deberá presentar unos indicadores de mejora que permitan evaluar aspectos como la reducción en sus costos de operación, cambios en los modelos de contratación y bajas en el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).

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En el primer cuatrimestre del 2022, por cada diez mil afiliados de Emssanar en Cali, 102 tuvieron barreras de atención. Coosalud reportó 39 casos, según la Defensoría del Paciente.

Según el interventor, a partir de ahora los esfuerzos se concentrarán en buscar la estabilidad de Emssanar, que tiene a la fecha pasivos por $1,5 billones. En ese sentido, es probable que “se inyecte capital privado o público, ya que los gobernadores de los departamentos donde funciona esta EPS han mostrado interés en vincularse al proceso de recuperación como accionistas de la entidad”.

Pero, mientras esto sucede, los inconvenientes para acceder a los servicios de salud crecen y la atención no es la mejor, según muchos pacientes.

Mónica Ubaté, por ejemplo, aseguró que a pesar de pertenecer al régimen contributivo, el servicio de Emssanar es muy deficiente. “Lo mandan a hacer trámites por internet o por teléfono, pero nunca responden. Si venimos a las sedes no nos orientan, lo único que dicen es que hagamos fila, y luego de horas de estar parados bajo el sol o el agua responden que no tienen el servicio o que volvamos después”.

Una situación similar padece el señor Fabián Antonio Londoño, de 71 años, quien desde principios de la pandemia ha rogado por la autorización de una operación que evitará que pierda por completo su visión, pero nada que le solucionan. Afirmó que esta dilación en la atención llevó a que su capacidad visual se redujera en un 90 % en los casi tres años de tramitología.

Por su parte, Amanda Ríos, miembro de la Asociación del Puesto de Salud El Divino Niño, espera que la situación de la EPS mejore lo más rápido posible. “Esto genera mucha tristeza para usuarios como yo, que toda la vida hemos pertenecido a Emssanar”.

Según datos de la Defensoría del Paciente de la ciudad, en el primer cuatrimestre del 2022 se han presentado, ante esta entidad, 9530 quejas de atención. Estas peticiones incluyen solicitudes en temas de salud mental y enfermedades de alto costo, indicó Jhon Murillo, defensor del paciente de la Secretaría de Salud de Cali.

Las barreras más comunes se relacionaron con el acceso limitado a canales administrativos, los inconvenientes para la autorización de citas con especialistas y la falta de medicamentos, afectando la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

A nivel nacional el panorama no es distinto. Así lo evidenció la Supersalud en un informe reciente que indica que durante el año 2021, a lo largo del territorio nacional, se registraron 996.733 PQRD, siendo el Valle del Cauca uno de los departamentos donde más quejas se registraron, con un total de 142.313 casos por cada mil afiliados.

Tutelas

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en 2021 se interpusieron en el país 92.499 acciones de tutela, que reclaman por el derecho a salud.

Arauca fue el departamento con más repor- tes. En total, se registraron 71,2 tutelas por cada 10.000 habitantes, un 101 % más que en 2020.

La liquidada Medimás tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10 mil afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva, con 40,23 casos; Savia Salud con 23, y el Servicio Occidental de Salud (SOS) reportó 24,04 por cada 100 mil afiliados.

La Defensoría destacó que el escalafón de EPS más tuteladas constituye un indicador de calidad y un llamado para garantizar el derecho a la salud.