“Esa reforma tributaria, además de afectar consumos populares directos, afectaría sensiblemente la inversión en Colombia, con un gran impacto negativo en los sectores que buscan empleo y que quieran emprender. El emprendimiento puede operar bien en una economía con crecimiento, no en una economía con desconfianza”.
Así se expresa el expresidente Álvaro Uribe Vélez con respecto al proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro.
Y agrega que “si no se hace nada con el precio de combustible, habrá más presión en la tributaria. Por eso nos da mucho temor lo de la tributaria como está planteada”.
A propósito de su reciente visita a Cali, en donde el Centro Democrático organizó un foro, el jefe natural de ese partido también le dijo a El País que “lo primero que pedimos es el ejercicio de autoridad para evitar las invasiones”.
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En el foro usted habló de cuidar la democracia, ¿a qué se refería?
Una manera fundamental para cuidar la democracia es el ejercicio de oposición, pero con todo el respeto personal y con toda la franqueza en las tesis, y que las tesis sean con argumentos sólidos.
Eso ayuda a cuidar la democracia, a no agrietarla y, por supuesto, cuidar la democracia no es solamente una tarea de la oposición sino también del Gobierno.
También habló de narcotráfico. ¿Qué piensa del giro que el actual Gobierno quiere para la legalización de la droga y la fumigación de cultivos ilícitos?
Colombia ha oído voces que han dicho que la guerra contra el narcotráfico se perdió. No era una guerra, era una acción de autoridad en servicio de la Nación, e iba bien porque en los tres primeros años del Gobierno que me sucedió, cuando se habían mantenido las políticas que hubo hasta 2010, el narcotráfico había bajado a 45.000 hectáreas, una reducción muy importante.
Segundo: Eso no es un uso recreativo, sino un uso de peligro para la sociedad y para esclavizar a los consumidores. Nosotros siempre hemos apoyado el uso medicinal, ¿quién se puede oponer a la ciencia?: Nadie. Pero el uso recreativo lo que hace es esclavizar y afectar el raciocinio del individuo, que es lo que lo hace libre, y constituirse en un gran peligro para la sociedad. Uno ve países, como EE. UU., donde se ha avanzado mucho en legalización del uso recreativo de marihuana y los resultados no son buenos, pero hay una gran oposición del liderazgo político a una eventual legalización de la cocaína.
¿Y sobre los cultivos ilícitos?
El crecimiento de los cultivos viene desde 2013, cuando se hicieron aquellos anuncios en La Habana de que para las Farc el narcotráfico sería delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política y que no habría fumigación. En ese momento, lo que venía bajando empezó a subir y el presidente Iván Duque recibió 220.000 hectáreas. Una situación bastante difícil para poder avanzar en la eliminación. Ahí hubo una preocupación en muchos del partido: quedó en 250.000 hectáreas. Entonces, el presidente Petro también recibió una muy mala herencia. ¿Qué significa? Que el narcotráfico no empezó el 7 de agosto con el presidente Petro. 250.000 hectáreas son un desafío enorme al país, una financiación de todos los grupos criminales, un desconocimiento del Estado de Derecho.
¿Cuál es nuestra preocupación? Que, con las políticas anunciadas por el Gobierno del presidente Petro, lo que es grave, puede agravarse más, con un crecimiento todavía mayor, y entonces este país brincando de 42.000 a 220 mil hectáreas, a 400.000. Eso destruye el Estado de Derecho. Uno ya ve en el país unas zonas donde el ejercicio efectivo del poder no está a cargo del Estado legítimo sino que lo está determinando el poder criminal alternativo del terrorismo narcotraficante... Por eso, le pediríamos respetuosamente al presidente Petro revisar esas políticas.
Ahora, uno encuentra gente que acude a los cultivos por necesidad, por un problema social, por hambre, pues hay que aclarar alternativas. Me duelo mucho de que se hubieran abandonado las familias guardabosques: podríamos tener miles y miles de ellas remunerándolas por cuidar nuestros recursos naturales donde no haya otras alternativas. Pero así como hay personas con necesidades sociales, también hay el delincuente codicioso, que es el que no le importa el tema de la solución social, sino que tiene desbordada ambición de dinero y todo el desdén por la ley, la vida y el respeto al prójimo, y hay que enfrentarlo con toda dureza.
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A propósito, ¿cómo analiza la propuesta de ‘paz total’ anunciada por el presidente Petro?
Uno no puede mirar esto a la luz del día, lo tiene que mirar en el recorrido, no es la fotografía, sino la película. Me parece que lo de La Habana dejó unos resultados muy cuestionables y fue un procedimiento muy cuestionable. En 2016, el Gobierno había dicho que si perdía el plebiscito, no habría acuerdo. Sin embargo, los del No llamamos al Gobierno y le propusimos un pacto nacional para reformar los textos de La Habana. El Gobierno nos engañó y cometió un estropicio contra la democracia: enmendó el resultado del plebiscito, que era un resultado de expresión popular, por una proposición en el Congreso; ni siquiera acudió a un acto legislativo o una ley sino a una proposición. Eso es un antecedente muy malo para la democracia colombiana. Lo que hubo ahí de impunidad total, de elegibilidad a personas responsables de delitos atroces, lo que ha hecho es estimular más violencia. Entonces, eso que hicieron deja un punto que van a exigir todos estos otros grupos y es un punto muy dañino para el país. Tenemos que seguir mirando el tema con mucho cuidado. La impunidad total es legitimadora del crimen, crea desdén por la ley y vuelve a muchas personas totalmente desdeñosas de la necesidad de respetar la ley.
¿Y cómo analiza este comienzo del nuevo Gobierno?
Nosotros mantenemos la esperanza de que haya un giro en la propuesta tributaria. La tributación en Colombia está bien; el país, en el segundo trimestre, se convirtió en el país con más crecimiento de la economía. Las medidas contra la evasión están dando grandes resultados: a julio de este año, el recaudo por gestión contra la evasión iba en $18,7 billones y puede llegar a 24; el crecimiento del recaudo es enorme. Este año había una cifra presupuestada: 183 billones, y de lejos puede pasar los 202 billones. Además, no hay que temerle al déficit fiscal ni al endeudamiento: un déficit del 5,6% y un endeudamiento del 56 después de la pandemia son manejables desde que se sostenga un alto nivel de crecimiento económico y de confianza en los inversores y generadores de empleo. Yo diría que la mejor reforma tributaria es la combinación de mantener confianza en la economía colombiana, cero corrupción y mucha austeridad.
Esa reforma tributaria, además de afectar consumos populares directos, afectaría sensiblemente la inversión en Colombia, con un gran impacto negativo en los sectores que buscan empleo y que quieran emprender. El emprendimiento puede operar bien en una economía con crecimiento, no en una economía con desconfianza.
Pero también se habla del déficit en el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, un tema delicado y permanente. En el Gobierno Duque ese déficit se creció por la pandemia, era una necesidad. Entiendo que en el primer semestre de este año pagaron 14 billones y dejaron presupuestado el pago de 28; digamos que eso no resuelve el problema. Le decía a la bancada de parlamentarios del partido que el aumento es inevitable. Lo que sí va a proponer el partido es que haya una tarifa diferencial para no afectar el transporte público y no impactar tanto la inflación ni los sectores productivos que dependen del transporte de carga.
Un punto final: hay una relación entre la reforma tributaria y lo que se haga en combustibles. Si no se hace nada en precio de combustible, habrá más presión en la tributaria. Por eso nos da mucho temor lo de la tributaria como está planteada.
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¿Y qué destaca de estas primeras semanas del Gobierno de Petro?
El Gobierno es franco. A mí el aspecto de la franqueza me parece conveniente, sin engaños, y eso facilita la discusión, porque pone las cartas sobre la mesa.
Otro de los temas que ha generado polémica, especialmente en esta región del país, es el de la ocupación de tierras...
Primero, el país tiene que proteger al empresario y al campesino o al indígena. Yo parto de la base de que no puede haber invasiones. Infortunadamente las invasiones vienen casi que desde que terminó nuestro Gobierno. Hasta 2010 no se permitían invasiones, pero desde entonces ha habido muchas. Problema que no se creó con el presidente Petro, él lo encontró, no obstante que siempre estuvimos en desacuerdo, porque durante su ejercicio político él las apoyaba, pero, como gobernante, él encontró este problema. Lo primero que pedimos es ejercicio de autoridad para evitar las invasiones. Hay unas necesidades de tierra en muchas partes del país. El Gobierno tiene las tierras del narcotráfico y las del Fondo de Tierra: puede comprar 500.000 hectáreas sin atropellar a los empresarios del campo, y esa compra la puede hacer también sin excederse, porque si hay pánico en Colombia y el Gobierno abriera una oficina ilimitada de compra de tierra, le venden todas las fincas del país.
La nueva generación tiene mucho miedo de trabajar en el campo y las personas con miedo y aburridas corren a mal vender, y acabar la clase empresarial del campo es un daño muy grande porque es casi imposible reconstruirla, como se ha demostrado a lo largo de la historia.
Vimos que recientemente hubo un intento de invasión en Curumaní, Cesar, y hay que analizar: tiene aspectos buenos y peligrosos. ¿Qué tiene de bueno? Que el dueño del predio ha llamado a la Policía y al personero, a las autoridades, y lo que llamaríamos un capital social: los vecinos. Todos acudieron sin armas. ¿Qué tiene de malo? Que es riesgoso. ¿Qué tal que los que llegaron hubieran acudido con armas y las hubieran accionado, o que los que estaban invadiendo estuvieran armados y las hubieran accionado? Por eso esto no tiene más solución que la autoridad del Estado, y lo digo con la conciencia tranquila, porque el Gobierno que presidí fue un gobierno sin vacilaciones y con todo el rigor para evitar invasiones.