La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no está herida de muerte ni es “catastrófico” que el presidente Iván Duque haya objetado parcialmente seis de sus artículos.

Así lo aseguró Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, quien hizo parte del equipo que creó este tribunal de justicia transicional. Con el catedrático vallecaucano coinciden exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros analistas políticos.

Lo que sí ocurre, subraya Henao, es que “se le pone un palo muy grueso en la rueda y quedamos como un zapato ante la comunidad internacional”.

Agrega que una posibilidad a la decisión anunciada por el Jefe de Estado el pasado domingo fue presentar proyectos de leyes ordinarias para resolver las inquietudes que surgieron entre el Gobierno Nacional: “Si de falta de claridad y precisión se trata, no había que objetar una ley estatutaria. Lo primero sería precisarla con otra ley. En el caso de la reparación integral, no hay problema con que se precise y así con casi todas”.

Lo que sí considera es que hay una “violación al principio” con el cual se llegó a los Acuerdos de Paz de La Habana y adicional la discusión se volcó al tema político “para desacreditar la JEP a como dé lugar y minar la moral a los magistrados. Eso no se puede aceptar. Les han dicho que son de izquierda, corruptos, que es un tribunal hecho a la medida de las peticiones de las Farc”.

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Mientras, la Dirección Nacional del Partido Farc dijo, a través de un comunicado, que con la decisión del Presidente “se apuñala el corazón del Acuerdo de Paz; Colombia se convierte en un país paria ante la comunidad internacional, un país sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones y en el que nadie podrá confiar”.

Pero José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, considera que están exagerando quienes plantean esa situación, porque las objeciones “no ponen en peligro la paz ni la JEP”.

Explica que los reparos del Presidente recaen sobre las normas por motivos de inconveniencia y que el tribunal puede seguir actuando como lo ha hecho hasta ahora.

“Recordemos que el expresidente (Juan Manuel) Santos dio posesión a los magistrados y lo criticamos porque no había ley estatutaria, ni normatividad de procedimiento, como era natural. Entonces, ni se afecta la justicia especial y mucho menos el Acuerdo de Paz”, insiste Hernández.

Sostiene que después del trámite legislativo, si no se llega a un acuerdo entre Senado y Cámara de Representantes sobre las objeciones, el proyecto tendría que ser archivado en su totalidad, situación que para el exmagistrado tampoco sería letal.

“Se podría volver a presentar otro proyecto de ley estatutaria. Mientras, la JEP va a seguir funcionando”, insistió.

Por su parte, el analista político Jorge Iván Cuervo, cree que “el golpe a la JEP es más político que jurídico” y agrega que en la semana previa a la objeción hubo “un ambiente muy negativo” alrededor del tribunal con la captura del fiscal Carlos Bermeo recibiendo dinero de manera ilícita.
“Cuando uno mira las objeciones, jurídicamente no son tan fuertes como uno creía que iban a ser. Lo que sí es fuerte es el debate político y sobre todo, volver a reabrir esa discusión en el Congreso de la República”, asegura.

Indica que ahora, sin una ley estatutaria sancionada, los trámites se van a demorar mucho más, especialmente en temas como extradición, delitos de violencia sexual contra menores de edad y los otros puntos que fueron objetados porque no habrá una línea para proceder.

“Pero el hecho de que la JEP no pueda empezar a trabajar, por decirlo, a todo vapor, y siempre tener que estar esperando la discusión de una nueva normatividad, ese es el impacto más fuerte para un sistema judicial que apenas está empezando”, agrega Cuervo.

La Ley Estaturaria de la JEP podría ser archivada si las cámaras del Congreso no se ponen de acuerdo a la hora de votar las objeciones planteadas por el Presidente.

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