Redacción de El País y Colprensa
​Hasta dos semanas antes de la elección del nuevo Contralor General de la República, todas las proyecciones apuntaban al triunfo de María Fernanda Rangel, quien recogía los respaldos de partidos como Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U.
Apoyos que fueron anunciados públicamente por las distintas bancadas mucho antes de la posesión del nuevo Congreso de la República y que quedaron tácitamente en los acuerdos.

En el listado de los diez elegibles publicado por el Congreso en el mes de abril pasado ni siquiera figuraba Rodríguez Becerra. Pero luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara rehacer el listado, cumpliendo con los requisitos y los principios de mérito y equidad de género, el ahora Contralor General entró en la lista revelada el 16 de julio.

No obstante, los mismos partidos de la U, Conservador y Liberal mantenían el apoyo a María Fernanda Rangel hasta que empezó la ‘jugada’ del Gobierno.
El padrino de Carlos Hernán Rodríguez, como quedó claro en el Congreso, fue el senador vallecaucano Alexánder López Maya, quien empezó sumando el respaldo del Pacto Histórico.

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El lobby con las demás bancadas lo hizo el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien fue buscando a los congresistas que habían mostrado su predilección por María Fernanda Rangel y empezó a inclinar la balanza por quien ya era ungido como el candidato del gobierno de Gustavo Petro.
“El Gobierno intervino de forma grosera. Primero, intentó meter en la lista de los 10 elegibles a Julio César Cárdenas, exfuncionario de Petro en la alcaldía; como no resultó, se inventaron una comisión accidental para poner a Carlos Hernán Rodríguez”, señaló Cristina Plazas, exdirectora de Icbf.

Sorpresivamente, y tras reunirse con Prada, en las últimas semanas los partidos Liberal, Conservador y de la U, se dieron cuenta de que la mejor hoja de vida no era la de la señora Rangel sino la de Rodríguez Becerra y dieron la voltereta en ese sentido.
“Reapareció la mermelada que tanto criticaron cuando eran oposición, pero que ahora ven tan necesaria; y a la que van a apelar siendo Gobierno”, dijo un congresista que prefiere el anonimato para no apartarse de las decisiones que adoptó su partido.

La otra sorpresa fue que el partido Centro Democrático, siendo oposición a Gustavo Petro, votara también por el candidato del Gobierno, quien inició su discurso agradeciendo al Pacto Histórico por su elección.
“Al Pacto Histórico tampoco le conviene tener un contralor de bolsillo porque si nosotros dentro de estos cuatro años, alguno de los funcionarios que hemos nombrado, presenta actos de corrupción y no lo denunciamos nosotros, eso puede minar la credibilidad del Pacto Histórico”, dijo previamente el senador Gustavo Bolívar.

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El pasado no perdona
El ahora Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha sido parte del círculo más cercano del exgobernador Juan Carlos Abadía y del exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica.
La triada estuvo junta en la conformación del movimiento Por un Valle Seguro, que postuló a Abadía a la Gobernación para el periodo 2007-2010, pero que fue inhabilitado tres años después por participación en política.

Rodríguez Becerra fue junto al exsenador Martínez y Luis Felipe Campo, primo de Abadía, quienes conformaron el grupo significativo de ciudadanos que inscribió la candidatura del posteriormente destituido gobernador.
En otra demostración del poder que entonces mantenía en el Valle el exsenador Martínez Sinisterra y el propio Juan Carlos Abadía, lograron que la Asamblea del Valle del Cauca eligiera a Carlos Hernán Rodríguez como Contralor del Departamento y que fuera la persona que vigilaría los recursos públicos de su amigo y copartidario.

Aunque el nuevo Contralor General de la República ha defendido su gestión asegurando que fue uno de los mejores en el control fiscal en el país, quedaron dudas sobre sus actuaciones en casos como el de la Industria de Licores del Valle del Cauca (ILV), el manejo de los recursos de las vigencias futuras y otros posibles detrimentos originados en el Gobierno de Abadía, cercano al Partido Liberal y al expresidente César Gaviria.