Los atentados sicariales que vivió Cali en una semana, y de los cuales fueron víctimas, en hechos aislados, el gerente del Hospital Universitario del Valle (HUV), Irne Torres, su conductor y su escolta; así como el Juez 22 Penal Municipal, Jorge Eliécer Ospina Tamayo, tiene preocupada a la ciudadanía sobre este fenómeno recurrente.

Los hechos sucedieron los pasados días 15 y 20 de febrero, respectivamente, y fueron noticia renombrada al tratarse de dos funcionarios públicos, quienes pudieron hacerle el quite a la muerte y se recuperan satisfactoriamente.

Sin embargo, la historia no fue la misma en otros hechos sicariales presentados en lo corrido de este año y que cobraron la vida de 53 personas entre el 1 de enero y el 16 de febrero, según el Observatorio de Seguridad de Cali.

La cifra representa una reducción de 17 homicidios por venganza (con y sin antecedentes), donde se ubica la modalidad de sicariato, comparado con el mismo periodo de 2018. Además, el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, dijo que mantiene la tendencia a la baja de asesinatos de este tipo en la ciudad.

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“Los atentados al Gerente del HUV y al Juez fueron dos casos muy mediáticos, que además hay que decir que no tienen relación entre sí, pero el sicariato como fenómeno en Cali viene reduciendo. Lo que pasa es que la mayoría de las víctimas no son visibles, y por lo general, son también personas que pertenecen a estructuras delincuenciales o que tienen antecedentes penales”, explicó Villamizar.

Según el Secretario de Seguridad, la reducción del sicariato se ha dado por estrategias articuladas llevadas a cabo con la Policía y la Fiscalía, sin embargo, “aún hay mucho trabajo por hacer”.

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Pese a la reducción del sicariato, el hecho de que en una semana se presenten varios atentados afecta la percepción de la ciudadanía, que debate sobre el tema y busca responder a interrogantes como este:
¿cómo combatir el sicariato?

De acuerdo con Andrés Preciado, politólogo de la Universidad Nacional y analista en temas de seguridad ciudadana y convivencia, las recetas que se han usado en el país para combatir el sicariato ya demuestran obsolescencia.

“Lo primero es que definitivamente la medida de restricción al porte de armas no ha afectado el tema del sicariato, es decir, no es una variable que afecte a las estructuras delincuenciales. Otra de las medidas que se ha usado y que es muy impopular y que no ha demostrado de manera directa su efectividad, aunque estudios revelen que sí ayuda, es el tema de la restricción del parrillero hombre”, señaló el experto.

En este sentido, Preciado indicó que lo primero que tienen que hacer las ciudades capitales afectadas por este fenómeno es reconocer que tienen un contexto de amenazas y riesgo amplio.

“Nuestro sistema está configurado de manera muy débil para responder a situaciones de amenazas. Algunos estudios hechos en ciudades como Bogotá y Medellín, por ejemplo, han demostrado que cerca del 70 % de los jóvenes que fueron asesinados sabían que los iban a matar. También podemos ver que en gran parte del país, los Palacios de Justicia quedan en zonas céntricas, y los funcionarios públicos terminan una audiencia de casos penales, ‘bacrim’, entre otros, y tienen que ir a coger transporte público a la salida de los juzgados. Eso demuestra vulnerabilidad”, acotó Preciado.

El analista, además, agregó que es necesario mantener el fortalecimiento de la inteligencia operativa: “Si uno se pone a ver dónde están concentrados los homicidios se da cuenta que son las mismas zonas de hace 20 años. A esos puntos es donde deben ir concentradas las tecnologías en seguridad, la inteligencia policial, para tratar de prevenir los casos. Mientras eso no se haga, va a seguir siendo una actividad fácil para los grupos ilegales”.

Por su parte, Jesús Darío González, investigador de la Fundación Ciudad Abierta, refirió que combatir el sicariato requiere acciones efectivas desde cuatro factores y escenarios.

“Uno: no solamente perseguir a los sicarios, sino trabajar sobre la redes intelectuales que idean y financian su accionar. Dos: prevenir los semilleros de sicarios en los colegios y barrios, principalmente, con trabajo social. Tres: cambiar el relato social del conflicto juvenil, que llega a considerar al sicario como un héroe. Cuatro: configurar el papel de las cárceles, que no están siendo un paso de rehabilitación, sino una escuela del crimen. En todos estos aspectos hay acciones, pero son inconsistentes y ocasionales”, aseveró González.

Reducción de casos

Entre 2018 y lo corrido de este año se han desarticulado cerca de 80 estructuras delincuenciales, lo que ha tenido un efecto significativo en la reducción de homicidios en la modalidad de sicariato en Cali.

“Esto se debe en gran parte al fortalecimiento de las labores de inteligencia y de Policía Judicial”, dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad, quien, además, resaltó la importancia de los procesos de desarme que ha logrado la incautación de armas ilegales de estructuras criminales y pandillas juveniles. Estas últimas están siendo intervenidas con programas sociales.

Sin embargo, Villamizar señala que hacen falta recursos del Estado para apoyar más las labores de la Fiscalía y la Sijín de la Policía.