La captura de dos presuntos narcotraficantes, el pasado lunes festivo en Ciudad Jardín, que venían procedentes de Cartagena, reforzó una percepción que las autoridades tienen de tiempo atrás: que Cali es el ‘hotel’ desde donde los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes o sus enlaces coordinan todas sus acciones delictivas con el mayor centro de abastecimiento de estas sustancias ilícitas, que es el sur del país.

Después de una persecución cinematográfica en la vía de los hombres a los que el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía les seguían el rastro desde Barranquilla, las autoridades se reservaron la identidad de los capturados. Lo que sí revelaron es que pertenecen a la estructura criminal Jaime Martínez, columna disidente de las Farc al mando de Jhoany Noscué, alias Mayimbú, por cuyo paradero se ofrecen $1.000 millones de recompensa. Al parecer, negociaban cargamentos de cocaína con destino a Costa Rica, Nicaragua y Miami, según el Ejército.

Y es que todo indica que Cali se ha convertido en ‘el centro de negocios’ y hasta en ‘el vividero’ de narcos de distintos grupos delincuenciales de todas partes del país, e incluso, enviados del Cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales de México, para coordinar desde esta ciudad toda su actividad delictiva relacionada con el narcotráfico.

Una Fiscal Especializada de Cali, que habló bajo reserva, dijo que estos individuos estarían en varias ciudades del Valle, pero por ser la capital “Cali es una zona de confort para estos delincuentes”.

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La funcionaria admite que “es posible que tengamos injerencia por parte de extranjeros para permear las organizaciones, precisamente para poder controlar y conseguir las sustancias ilícitas en territorio colombiano y seguir concertando para exportarlas. Estamos tratando de judicializar personas que mandan otros carteles y que manejan en Centroamérica y Suramérica el negocio criminal de los estupefacientes”.

También acepta que es posible que estén contratando bandas criminales (bacrim) o disidencias de las Farc para quitar del camino a quienes se les opongan en sus negocios ilícitos. Sobre todo porque las cabezas que manejan el tráfico de estupefacientes, dice ella, son los grupos de delincuencia organizada (GDO) y los Grupos Armados Organizados (GAO), dedicados a la comisión de esas conductas punibles.

“O son grupos al margen de la ley como la guerrilla, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) no se han acabado –nunca se van a acabar, observa–, y siguen delinquiendo. Igual pasa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene control de los territorios no solo desde el cultivo de los estupefacientes, sino hasta su comercialización. Y es posible que estos personajes extranjeros vengan a permear estas organizaciones y obtener control de la comercialización”, dice la investigadora. Y en esa eventualidad, pues toman como sede, así sea de paso, a Cali.

Ahora, la pregunta es si esa dinámica del negocio que mueve sus hilos desde la capital del Valle, está impactando a la ciudad con violencia, dada el alza de homicidios en septiembre y octubre pasados. Es decir, ¿hay una guerra de narcos en Cali?

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Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, es rotundo en negarlo: “No sé a qué se refiere con guerra de narcos, un lenguaje incendiario que no obedece a la realidad de la ciudad. Por supuesto que desde Cali se manejan los grandes negocios de la droga que tienen incidencia de Tumaco, Buenaventura, norte del Cauca. Esto no es nuevo, es una realidad hace 30 años, pero no es responsable hablar de una guerra de narcos”.

Para desvirtuar la hipótesis, Villamizar destaca que Cali tiene una reducción sistemática de la violencia y de los homicidios desde hace ya casi siete años, fruto de una labor cada vez más efectiva de la Policía y de la Fiscalía para desarticular estructuras criminales, pero no grandes carteles que ya no los hay ni en Cali ni en Colombia.

“Cada vez hemos sido más efectivos en desmantelar organizaciones pequeñas y bandas de sicariato, y por eso, siguen bajando los homicidios relacionados con estructuras criminales y delincuenciales; lo que se evidencia es una reducción de la violencia asociada al sicariato y al narcotráfico”, sustenta.

Explica que en la capital del Valle convergen muchos tipos de violencia, no solamente de narcotráfico; “es una violencia multicausal, en especial, por problemas de convivencia”.

Andrés Preciado, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, ratifica que “no hay ninguna evidencia de que haya una guerra de narcos en Cali. Si bien estoy de acuerdo con el diagnóstico de que muchos de los poderes ilegales de Cauca, Nariño y Buenaventura pueden estar afincados en Cali, que tengan viviendas y familias allí por ser un gran centro urbano, no creo que lo que esté viviendo Cali sea la evidencia para lanzar esa hipótesis”.

Lo que sí precisa este experto en seguridad, es que es probable que esos narcos asentados en Cali, estén teniendo guerras activas en otros lados. En Cauca por ejemplo, “pero en Cali propiamente no, porque hay una tendencia sostenida a la disminución de los homicidios a mediano y largo plazo, así en el penúltimo mes aumentaran”, dice Preciado.

"Todos los indicadores de seguridad son positivos y no se puede hablar ni es responsable hablar de que se esté desatando una guerra de narcos ni mucho menos en Cali".

Andrés Villamizar,
secretario de Seguridad de Cali

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La herencia maldita

Para la Fiscal Especializada, Cali tiene un histórico de comisión de homicidios que se desprenden de las guerras por el control territorial del narcotráfico. Es como una herencia de la guerra de los extintos carteles de Cali y Medellín que tras, su extinción, consolidaron subgrupos. “Así que generación tras generación, y la misma cultura caleña, crearon la necesidad de continuar con este negocio ilegal”, apunta.

A eso se le suma “la presencia de los grupos al margen de la ley, que para nadie es un secreto –dice ella–, que se han nutrido económicamente o su fuente de financiación ha sido la comercialización de estupefacientes, sea narcotráfico y/o microtráfico”.

“Y al analizar hoy el microtráfico, vemos que en diversos sectores de Cali hay personas dueñas de líneas de estupefacientes y que por tener el control territorial, porque es su fuente de financiación, ordenan matar a quienes consideran sus rivales”, indica.

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Un investigador de Policía Judicial (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cali, confirma que parte de los asesinatos de barrio obedecen a las disputas territoriales por el narcomenudeo. “Ocurre entre bandas delincuenciales que trabajan en la modalidad de outsourcing del crimen organizado y sí son casos de homicidios asociados al narcotráfico. Pero también los hay por otros móviles como intolerancia, retaliaciones, feminicidios, riñas, homicidios pasionales y hasta por hurto”, dice el investigador criminal.

Las fuentes consultadas coinciden en que estas estructuras criminales se proveen de estupefacientes en el departamento del Cauca, región con gran abastecimiento de estos productos para ser comercializados. “Entonces, hay muchas organizaciones asentadas en Cali que traen estupefacientes por el corredor vial Cauca-Cali, para ser comercializado en el resto del país”, anota la Fiscal.

“Cuando hay resultados como desmontar grupos de delincuencia organizada dedicadas al tráfico de estupefacientes y esclarecer homicidios al interior de las mismas, lamentablemente vemos que su origen es precisamente la guerra del narcotráfico o del microtráfico”, argumenta la investigadora.

“Por supuesto, mientras en Colombia haya narcotráfico y cultivos ilícitos, la violencia asociada al narcotráfico existirá”, admite el secretario Villamizar. Pero aclara que hay ciudades más afectadas por esas dinámicas dada su ubicación geográfica: Cali como capital del Suroccidente del país, Medellín por incidencia del Bajo Cauca y sur de Córdoba, o Cúcuta, por lo que ocurre en Catatumbo.

Aunque es frágil, la tendencia a la baja se mantiene, observa el analista Andrés Preciado. “No vamos a decir que en Cali no existe el sicariato, pero los homicidios que se dan, tienen más de asuntos de convivencia mal resueltos que una guerra de narcos o de criminalidad organizada”, sostiene este consultor de la ONG Innovations Poverty Action.

Su planteamiento tiene sentido, dice él, porque si así fuera, sería imposible mantener la tasa decreciente de homicidios y el total para el año, porque las guerras de narcos se han caracterizado por subir la violencia homicida. “De ser así, estaríamos teniendo muchísimos más casos y tendrían que haberse dado sucesivas y reiteradas confrontaciones armadas en vías públicas y la verdad es que eso no está pasando” en Cali, sostiene Preciado.

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Lo que sí admite es que hay grupos ilegales de otras zonas que han tenido a Cali como su retaguardia y que tienen sus familias y sus intereses económicos en la ciudad, pero no por eso cree que sean la causa de violencia en la ciudad.

Advierte eso sí, que Cali y Medellín son ciudades satélites, que funcionan dentro de la criminalidad del país, y lo que pasa en Cauca, repercute en Cali o en Medellín, porque sus rutas de abastecimiento están directamente relacionadas, por ejemplo con Tumaco por coca, y con Cauca por marihuana crippy.

“Esa criminalidad es muy amplia y tiene conexiones con todo el país, pero no se puede decir que hay una guerra narco en Cali, lo que tampoco significa que no se deba mantener una alerta permanente sobre el asunto”, aconseja Andres Preciado.

El gran reto, plantea, es mantener la tasa decreciente de homicidios, sobre todo en diciembre y fiestas de fin de año, la época más difícil en convivencia.

Mientras tanto, las instituciones dedicadas a luchar contra la delincuencia, se enfocan en combatirlos y en no permitirles que sigan llevando a cabo desde Cali su actividad criminal y a vulnerar ese bien jurídico que es la salud pública y la seguridad ciudadana”, puntualiza la Fiscal.

¿Regreso?

Se dice que extraditados que ya pagaron sus condenas en EE. UU. han regresado a recuperar sus bienes y a seguir delinquiendo.

“Si algunos de ellos pretenden seguir delinquiendo, pues muy seguramente serán capturados y judicializados, como ocurrió en el operativo del Gaula Militar con apoyo del CTI de la Fiscalía”, dijo el secretario Andrés Villamizar.

”Sus capturas son una señal clara de la efectividad de nuestra Fuerza Pública, la Fiscalía”, enfatizó el funcionario.

Añadió que así pasó con ‘Martín Bala Jr’, quien fue recapturado y “no es cierto que sigue coordinando negocios del narcotráfico, comenzando porque se encuentra en la cárcel de alta seguridad en Valledupar, donde es altamente improbable que pueda tener control de actividades delincuenciales en Cali”.

Precisamente el Inpec y la Fiscalía solicitaron que se enviara para allá para evitar esa posibilidad, acotó Villamizar.

Resultados

La Sijín de la Policía dijo que en 2019 ha desarticulado 55 bandas criminales, buena parte de ellas dedicadas al microtráfico, narcotráfico y oficinas de sicariato asociadas a estupefacientes, con un promedio de 9 capturas por banda.

Entre ellos, objetivos de alto valor como alias Lucho, líder de la banda ‘Los Vaqueros’.

Las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 son donde más se han concentrado los operativos de desarticulación de bandas. En menor medida, la 1 (Terrón Colorado), la 18 (Meléndez) y la 20 (Siloé).