Era agosto del año 2009. El entonces alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le presentaba a la ciudad un proyecto de renovación urbana “que le cambiará la cara al centro”: tres barrios donde permanecían sobre todo los habitantes de calle, San Pascual, El Calvario y Sucre, serían demolidos y transformados en Ciudad Paraíso.
La idea era - y lo sigue siendo - construir entre las Carreras 10 y 15 y las Calles 12 y 15 el nuevo búnker de la Fiscalía, la estación central del Sistema Integrado de Transporte Masivo, MÍO, torres de apartamentos de interés social y un centro comercial, “recuperando una de las zonas más emblemáticas de la ciudad”.
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Sin embargo, 11 años después, aún no empieza ni una sola de esas obras anunciadas por la entidad a la que se le encargó el proyecto: la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru.
— La Emru la ha incumplido a Cali. Un año y medio después de la segunda alcaldía de Ospina no existen obras de un proyecto en el que aún hay pagos pendientes de los predios de quienes vivían en la zona, dice la concejala Ana Erazo.
El concejal Roberto Ortiz es otro de los críticos de la Emru: “que aún no se inicie ninguna obra demuestra que Ciudad Paraíso no es prioridad del alcalde Ospina. Es un proyecto que hasta ahora, se quedó en el papel”.
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Las oficinas de la Emru están ubicadas en el octavo piso del edificio Fuente Versalles, en el norte de la ciudad. El gerente encargado, el arquitecto Carlos Andrés Argoty, y dos funcionarios más, atendieron a un reportero y dieron sus razones de por qué 11 años después las obras de Ciudad Paraíso no inician.
— Lo primero que hay que aclarar es que esta es una empresa a la que le fue entregada la función de ser ‘gestora’, no ‘ejecutora’. La Emru es quien gerencia, hace el trámite, para que concurran entidades públicas y privadas como Metrocali, la Fiscalía, la Secretaría de Vivienda, consorcios privados, y sean ellos los que lleven a cabo Ciudad Paraíso. Y ese rol lo hemos cumplido – comenzó diciendo el gerente encargado.
— A la Emru no le asignan un peso para desarrollar ninguna construcción (el presupuesto anual es de $5.580 millones). Somos tramitadores. Salimos con la maleta a tocar las puertas del sector privado y el público para que inviertan en el proyecto. Por eso la velocidad de ejecución de las obras depende en buena medida de la disponibilidad de recursos de estos actores,– agregó uno de los ingenieros que acompañaban al gerente.
Enseguida tomó su portátil y comenzó a explicar en concreto las razones de los retrasos de las obras de Ciudad Paraíso, según la Emru. En el caso de la Ciudadela de la Justicia - el búnker de la Fiscalía- dijo el ingeniero, se debían comprar 68 predios para realizar el proyecto. Entre 2009 y 2013, la Secretaría de Vivienda de Cali adquirió 41. El resto le corresponde adquirirlos a un inversor privado. En 2013 se le entregó el predio a la Fiscalía, que contrató la estructuración de la alianza público privada para construir la nueva sede, que tendría como nombre Alcibíades Libreros, en homenaje al fiscal asesinado el 29 de diciembre de 2019.
Cuando se abrió la licitación para la obra, sin embargo, fue declarada desierta debido a que la misma empresa que estructuró la alianza, se presentó a la licitación. Era 2014. El asunto quedó así, lo que impidió la realización de otra obra: Usos y Servicios Complementarios para la Justicia. Es un proyecto de un consorcio privado para construir oficinas para abogados, investigadores, jueces, que se iniciaba si la Fiscalía construía el búnker, pues de lo contrario no tenía sentido levantar servicios complementarios de un edificio sin construir. Como la Fiscalía no inició la construcción de la sede, el privado tampoco comenzó con los servicios alternos.
— A la Fiscalía se le dio un ultimátum: si no inicia obras, que nos retorne los predios. Finalizando 2020, la Fiscalía abrió un nuevo proceso de licitación – decía el gerente encargado de la Emru, mientras uno de los funcionarios que lo acompañaba daba otra razón del por qué ha tardado el inicio de las obras de Ciudad Paraíso.
— Entre 2014 y 2015 la población indígena Embera Katio introdujo una acción de tutela contra el proyecto, aduciendo que se construiría en territorio ancestral. El juez resolvió a favor del Distrito, pero esa tutela retrasó la adquisición de predios 8 meses.
— Y en el año 2019, la Fuerza Aérea interpuso una acción popular que afectó el 62% del suelo urbano de Cali, y que determinaba las alturas a las que se podía construir. Eso cobijó a Ciudad Paraíso y nos afectó mucho. La acción popular limitó la altura del 62% de la ciudad a 3 pisos, y en Ciudad Paraíso hay diseños de torres de 22. En esas condiciones a ningún privado le interesaría invertir. Por eso el proyecto del centro comercial, que estaba a punto de cerrar una alianza de inversión privada para iniciar obras, se quedó sin financiación. El Fondo de Inversión Península retiró el apoyo debido a la acción popular. Lo mismo ocurrió con los bancos que respaldaban los proyectos de vivienda. Ciudad Paraíso quedó desafectada de la acción popular de la Fuerza Aérea, pero las oportunidades de inversión que estaban a punto de ser concretadas se perdieron. Eso retrasó el inicio de las obras – intervenía el gerente encargado, el arquitecto Argoty, a lo que el ingeniero a su lado decía:
— Y en 2020 llega la pandemia del coronavirus, que afectó al sector de la construcción. En el caso de Ciudad Paraíso, por lo ocurrido en 2019 con la Fuerza Aérea, y después la pandemia, los privados que desarrollan el proyecto se quedan sin apoyo financiero. Sin embargo, como entidad gestora, hemos presionado para que cumplan los compromisos. Cuando llegamos a esta administración, en 2020, se tenían pagos pendientes por 45 predios en San Pascual. A hoy quedan pendientes 31 pagos. El sector público ya hizo los pagos que le correspondían. Y entre los pagos pendientes, habría que mirar caso por caso. Hay propietarios que piden que no les paguen mientras caducan las deudas con Emcali, que son muy altas. De lo contrario, se descontaría esa deuda del pago.
El gerente encargado, por su parte, insistía en que la ciudad ha juzgado a la Emru como ejecutora, y no como lo que está facultada, gestora.
— Tal vez no se valora, pero nos han buscado empresas homólogas, como la de Bogotá, Manizales, Popayán, para que les contáramos cómo hemos logrado la concurrencia de capital privado en Ciudad Paraíso, porque no lo han logrado. En Ciudad Paraíso el sector público ha invertido $39 mil millones, representados en la compra de predios para el búnker de la Fiscalía, para la Estación Central del MÍO, y ampliación de la carrera 12 y la calle 13, que ya arrancó; y $52 mil millones de capital privado, representados también en compra de predios, gestión social. Por eso afirmamos que en el rol de gestores, no de ejecutores, que no lo somos, hemos cumplido al generar las garantías y la credibilidad para que se invierta en Ciudad Paraíso.
En la Emru reconocen un error: la forma de comunicar el proyecto. Según sus ingenieros, la renovación urbana es un asunto de largo aliento. No es lo mismo tomar un lote vacío y construir, a demoler tres barrios y levantar algo nuevo. No solo se debe negociar predio por predio.
También intervenir las problemáticas sociales de las zonas que se pretenden transformar como, en el caso de Ciudad Paraíso, el expendio de drogas, la atención al habitante de calle. Es decir, en la Emru calculaban que el proyecto tardaría lo que ha tardado, pero eso no se le ha comunicado a Cali.
— ¿Para la comunidad caleña vamos lento o rápido comparado con qué? Es importante ver otros procesos de renovación urbana. Un proyecto exitoso fue el del Parque Central Bavaria, en Bogotá. La compra de suelos inició en 1986 y se consolidó en 2008. Duró más de 20 años. En Ciudad Paraíso estamos en los tiempos razonables de un proyecto de tal magnitud – anotaba otro de los funcionarios que asistieron a la entrevista con el reportero.
Los funcionarios de la entidad reconocen que, por el ambiente político de hoy, no hay confianza para que se apruebe lo que le solicitaron al Concejo: ampliar el objeto social para que la Emru pase de ser gestora de proyectos constructivos, a ejecutora.
El concejal Roberto Ortiz considera que la propuesta de la Emru es buena para la competitividad de Cali, pero el problema es ese: la desconfianza sobre el manejo de los recursos por parte de la alcaldía actual.
— En cualquier administración que no tuviera los cuestionamientos de la alcaldía de Jorge Iván Ospina sobre la contratación, uno vería positivo esa propuesta. Pero basta analizar lo que ha sucedido: el Concejo permitió ampliar el objeto social de Emcali, y lo primero que hicieron fue meter un convenio interadministrativo por $180 mil millones entre la Secretaría de Infraestructura y Emcali, y Emcali va a sub contratar. Son negocios designados a dedo para beneficiar a los amigos del alcalde y financiadores de su campaña. Entonces la transformación de la Emru en sí no es mala, pero no debe hacerse en esta administración – dice el concejal.
En la Emru uno de sus ingenieros plantea algo similar: que si el cambio del objeto social no se hace en esta Alcaldía, se haga en la próxima, “porque es algo que Cali necesita para superar sus rezagos en competitividad”.
Aunque la desconfianza también se debe a los anuncios sobre el inicio de obras de Ciudad Paraíso hechos por exalcaldes y exgerentes que no se han cumplido. Por lo pronto, entre los nuevos anuncios, el gerente encargado decía que este 29 de septiembre arrancará el movimiento de tierras para la construcción de la primera torre de apartamentos del proyecto de vivienda de interés social Paraíso Central. La construcción de estación central del MÍO, según lo explicó el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, arrancará en enero de 2022. Y el 2 de noviembre la Fiscalía firmaría el contrato para iniciar las obras del búnker en 2022.