Continuar la reducción de homicidios en Cali, el gran reto de la nueva Alcaldía

El día de hoy, parece casi algo canónico que las grandes ciudades de Colombia, como Cali, deben trazarse metas que reflejen los avances de las estrategias de seguridad. En el caso de la anterior administración, la de Maurice Armitage, era cerrar el 2019 con menos de 1100 homicidios, que por poco lo logra si no fuera por 14 casos más que se presentaron en el año (el menos violento en 35 años).

Pero pese a que la reducción de muertes violentas siempre es una radiografía determinante en Cali, ¿qué tan válido es convertir la pérdida de una vida, de cualquier vida, en una cifra?

Esa es la pregunta que se hace Ricardo Montealegre, consultor de seguridad pública y privada: “El problema es pensar solo en la estadística. Yo me haría la pregunta descarada de: ¿hasta la vida de un ser humano se reduce en un porcentaje? Lo que se debe hacer es generar espacios de políticas públicas que se ocupen de dar oportunidades a los habitantes de zonas más violentas del oriente y la ladera de la ciudad”.

Montealegre precisó que otro aspecto del que las autoridades deben estar muy pendientes es del porte de armas de fuego, elemento con el que se cometieron casi el 80 % de los homicidios del año pasado. Se tiene la certeza de que en Cali hay 7500 armas legales, pero no ocurre igual con las usadas por los delincuentes, que muchas veces las alquilan en lugar de comprarlas (ejemplo de ello es la que se usó en el homicidio del fiscal Alcibiades Libreros a finales de diciembre).

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Por lo general, algunos expertos en temas de seguridad se dividen en dos caminos a la hora de proponer cómo combatir la delincuencia: esos son inversión social o acciones operativas desde lo policial (todo lo referente a pie de fuerza).

Por el contrario, Adalberto Sánchez, director del Instituto Cisalva de Univalle, que estudia la prevención de la violencia en Cali, sugiere un balance entre ambas estrategias.

“Una administración nueva (como la de Jorge Iván Ospina) debe mantener los planes que se han diseñado en el pasado y han funcionado, pero siempre al tener en cuenta los eventos casi impredecibles de inseguridad que caracterizan a Cali, por lo que hay que ser muy preventivo en el tema de inteligencia social y de seguridad”, afirmó Sánchez.

Entre los planes sugeridos por el analista, se encuentra instaurar la Ley Seca en fechas especiales. Cabe recordar que Armitage impuso la restricción de consumo de licor en el puente festivo del Día de la Madre del 2018, periodo en el que hubo la reducción de apenas un caso de homicidio (al pasar de 11 a 10), pero en la que se destacó la baja en violencia intrafamiliar (al pasar de 49 a 9 hechos).

“Sé que se trata de una medida impopular, mucha gente no está de acuerdo, en especial el comercio, pero los datos evidencian cada vez más que el alcohol es un disparador de violencia, por ejemplo, en casos de riñas”, afirmó el Director Ejecutivo del Instituto Cisalva.

Agregó que a esto se suma hacer de la justicia un sistema más eficiente en la resolución y sentencia de casos, pero también invitó a mirar el fenómeno de la seguridad más allá de la frontera urbana.

De acuerdo con Sánchez, esto se debe a que Cali es una ciudad receptora de fenómenos de violencia de otros puntos del suroccidente colombiano, como el norte del Cauca y el Pacífico, que cuentan con presencia de actores armados que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

En consecuencia, se debe adelantar una articulación efectiva, acotó, para que esos eventos de otros territorios impacten lo menos posible a Cali.

“Además, la ciudad debe ocuparse de lograr mayor pie de fuerza (solo hay 6400 policías para 2.400.000 caleños) y no dejar de lado los programas que buscan cerrar la brecha de exclusión en lugares en donde hay más violencia”, agregó.

Sobre este último punto, Óscar Rojas, experto en políticas públicas y exrector de la Universidad del Valle, es muy insistente, dado que “no bastan las medidas de represión”, que deben implementarse, pero complementadas con la creación de redes de apoyo a jóvenes vulnerables en comunas como la 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21, en donde se presentaron más del 50 % de los homicidios del 2019, según el Observatorio de Seguridad de Cali.

La tasa de homicidios de Cali está 32 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, es decir, 41,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, frente a 13 en todo el país.

“Muchos de ellos son desertores escolares, por lo que habrá que ver cuántos se puedan escolarizar de nuevo y cuántos están disponibles para recibir capacitación técnica que les ayude a conseguir un trabajo. Todo esto, de la mano de un acompañamiento socio-emocional”, explicó Rojas.

Por su parte, Claudia Marcela Giraldo, directora ejecutiva de la Cámara de Seguridad Privada, Ccsp, afirmó que es necesario afinar las relaciones entre este gremio y la nueva Administración a la hora de prevenir hechos delictivos o de violencia.

“En enero esperamos hacer una gran reunión para protocolizar canales de comunicación que ayuden, más que a corregir, a prevenir. Esto es importante porque la seguridad privada sirve como fuente veraz y confiable ante cualquier episodio de inseguridad”, anotó.

A esto se suma que en diciembre del año pasado, durante el lanzamiento de los sistemas de reconocimiento facial en cámaras de seguridad, se dio a conocer que 240 equipos del sector privado ya estaban conectados a la central de la Policía, por lo que fortalecer este aspecto puede ser determinante a la hora de atender un caso de violencia con más rapidez.

Pese a que la Alcaldía de Cali todavía está estructurando las acciones concretas para atacar la violencia, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, señaló que ya tienen trazadas tres grandes estrategias.

“Primero, dejarle a Cali una política definitiva sobre el tema de jóvenes vulnerables en sectores violentos, pues preocupa bastante el uso de menores en la comisión de delitos”, anotó el funcionario.

En cuanto a la segunda estrategia, la de convivencia ciudadana, se busca motivar la resolución pacífica de conflictos para reducir todo lo posible el índice de riñas.

Se trata de un proyecto que no solo se llevará a cabo con la Policía, sino también con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, un proyecto que busca alivianar el peso de tantos procesos judiciales que lleva a cabo la justicia en Cali, por ejemplo, por lesiones personales.

“Y la tercera gran estrategia es que dado que ya se hizo una fuerte inversión en tecnología, vamos a fortalecer todo lo referente a cámaras de seguridad (que ya cuentan con licencias para reconocimiento facial)”, aseguró Rojas.

El Secretario también indicó que a finales de enero darían a conocer la meta de cierre de año en cuanto a cifra de homicidios.

Durante los primeros 100 días de Gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina se aplicará un plan de choque contra el hurto y los homicidios mientras se definen las estrategias concretas.