La aprobación en el Senado de la ley que prohíbe el castigo físico contra los niños por parte de sus padres o cuidadores ha levantado una polvareda en el país.

De un lado están quienes advierten que este acto legislativo es un avance para el país, pues deja atrás la mala costumbre de dar palmadas, nalgadas o pellizcos a los menores como forma de corrección. De otra parte, hay quienes señalan que la reforma, que está a la espera de consenso y posterior sanción presidencial, genera una intromisión del Estado en el espectro familiar y las formas de crianza.

Con la aprobación de este proyecto de ley se reforma el artículo 262 del Código Civil Colombiano, que propiciaba una autorización tácita del uso de palmadas o manifestaciones físicas para la crianza. Esto, teniendo en cuenta que en su enunciado establece que “los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente”.

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Así las cosas, con la reforma que se realiza a partir de esta nueva ley, de ahora en adelante cualquier tipo de castigo físico quedará prohibido en el país.

En ese sentido este proyecto tiene una finalidad pedagógica, persuasiva y alternativa, a través de la promoción de prácticas de crianza sin violencia, amorosas y respetuosas con los derechos fundamentales de los niños del país, según advirtieron sus promotores y ponentes.
En sí, con la nueva reglamentación no se crean sanciones o multas, sino que se apunta a que con su implementación haya más estrategias para la crianza libre de violencia.

Para ello, el proyecto fomenta la creación de una estrategia nacional pedagógica, a través de la cual los padres de familia pueden acceder a orientación y acompañamiento psicológico para adquirir herramientas que les ayudarán a formar a sus hijos y corregirlos sin violencia.

Según datos del ICBF, el 82 % de los jóvenes que están respondiendo por algún tipo de Responsabilidad Penal Adolescente han sido objeto de algún tipo de vulneración y castigos físicos en sus hogares.

“Tenemos que cuestionar si la palmada educa”

El proyecto de ley para erradicar cualquier tipo de violencia como parte de la crianza de los niños del país fue impulsado desde hace más de dos años por varias organizaciones sociales y sin ánimo de lucro dedicadas a la protección de los derechos de los menores.

Para Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, la aprobación de esta iniciativa “es un gran avance en la protección de los derechos de los niños y niñas en Colombia. Leyes como estas, que buscan acciones afirmativas sobre los derechos de los niños y niñas, contribuyen a tener normativas y acciones puntuales que permitan que esta población tenga una mejor calidad de vida, que la atención que se le presta sea mayor”.

De acuerdo con Cuenca esta ley no busca entrometerse en los derechos de las familias, sino que lo que se busca es generar un cambio cultural en la forma en la que se educa a los menores de edad.

“Esto no implica ni busca que el ICBF o algunas de las entidades del Estado se le asigne una responsabilidad de estar dentro de las familias diciéndoles qué es lo que pueden o no pueden hacer. Lo que busca esta ley, que es de carácter pedagógico, es darle elementos a las familias para que el castigo físico y la humillación no sean la forma en que se solucionan los problemas. No estamos adoctrinando a las familias, solo les estamos diciendo que traten a los niños bien y con amor, porque el castigo físico es un tipo de violencia”, explicó la vocera de la Alianza para la Niñez, quien descartó que esta sea una ley estatutaria, dado que no busca generar rutas de abordaje o atención del maltrato.

Cuenca indicó que si bien en el país ya existe el Código de Infancia y Adolescencia, que condena el castigo físico contra los menores, éste carece de una prohibición clara y no brinda herramientas a las familias para buscar opciones alternas al castigo físico.

“No buscamos homogenizar la crianza ni las condiciones en el país, sino que lo que buscamos es aclarar que no está bien la palmada ni la nalgada, no está bien el maltrato. ¿Por qué si no está bien darle una cachetada a otro adulto que cruza la calle sin advertir el riesgo por los carros, sí está bien dársela a un niño cuando lo hace? ¿Por qué está bien jalonear a un niño o darle una palmada y gritarle, en lugar de buscar mejores formas de manejar las situaciones?”, cuestionó la Secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez.

Cuenca hizo hincapié en que en el país ya hay herramientas, normas y leyes que abordan los diferentes tipos de violencia entre adultos, este nuevo acto legislativo, que está a la espera de conciliación para que pueda ser sancionada por el presidente Iván Duque, es necesario para garantizar los derechos de los niños y niñas.

“Queremos que el Estado se comprometa a darle mejores herramientas de vida a las familias para que los niños y niñas tengan mejores condiciones de vida, porque lo que genera esta violencia es perpetuar todo el ciclo de violencia que vivimos en el país... Hay gente que dice ‘a mí me pegaron y no me pasó nada’, sí nos pasó algo como sociedad y es que aprendimos a resolver las cosas a los golpes”, enfatizó.

Las agresiones que se propinan en el hogar bajo el pretexto de corrección, según explicó Cuenca, generan perdida de confianza y amor propio entre los menores.

“Está demostrado que si un padre violenta un niño, éste se puede dejar violentar por otra persona porque pierde el vínculo de cariño y confianza. Si el castigo físico está inmiscuido en la relación de confianza que hay entre el niño y su padre o su madre, ¿qué estamos generando en nuestros niños? En las familias se deben mirar los valores y creencias para educar a los niños, pero no la palmada; tenemos que cuestionarnos si la palmada educa. Si les hablamos a los niños desde el amor podrá surgir un cambio”, aseguró Cuenca.

La nueva legislación señala que se podrá acudir a las escuelas para padres, con el ánimo de aprender herramientas que les permitan corregir a sus hijos sin necesidad de golpes.

“La labor de corregir es de los padres, no del Estado”

En el debate por la aprobación de esta reforma al 262 del Código Civil Colombiano terciaron algunos sectores políticos y asociaciones de padres de familia que cuestionan el alcance que podría tener la nueva legislación entre las familias.

El senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa y Libre, manifestó que lo aprobado en el Congreso se torna en una ley “innecesaria e inconstitucional”.

“La defensa de los derechos de los niños, sobre todo la protección contra la violencia y tratos crueles, ya está tipificada en el Código de Infancia y Adolescencia, o ley 1098 del 2006. Además, la aprobada es una ley inconstitucional, porque violenta los artículos 42 y 44 de la Constitución, donde se establece claramente la autonomía que tienen los padres de familia de educar a los niños de ser educados, de corregirlos e instruirlos, labor que corresponde a los padres y no al Estado”, señaló Rodríguez.

El Senador afirmó que tanto en las organizaciones que promovieron esta ley, como en la redacción del nuevo acto se muestran inconsistencias, pues “hay quienes dicen que están de acuerdo con la protección de la niñez, pero están a favor de la despenalización del aborto, porque son los derechos de la mujer y no sé qué. No hay coherencia”.

Rodríguez mostró preocupación, pues advirtió que “hay una intromisión de la ONU en todo esto, pues viene en una estrategia de globalización de meter el Estado a oprimir la familia, a tomar un lugar que le corresponde solo a los padres de familia... Cuando se dice que esta ley pretende un cambio cultural, ¿de cuándo acá se quiere cambiar la cultura a partir de leyes? La cultura pertenece al ámbito de cada familia y persona”.

Rodríguez fue más allá y se remitió a la interpretación del contenido de la nueva ley pues, según su versión, la aprobación de esta normativa podría derivar en problemas de índole legal para los padres de familia.

“Así digan que no hay ningún impacto y que no se afecta la patria potestad sobre los menores, cuando aparece la palabra ‘prohibición’ es la puerta de entrada a la criminalización de las acciones ahí consignadas. Es muy delicado que a un padre de familia se le abra un posible proceso de investigación para ver si la nalgada o la palmada es considerada una violencia familiar, esta acción ya se estaría llevando a un Código Penal”, afirmó.

El Senador se mostró en desacuerdo con la restricción de cualquier tipo de “corrección” contra los menores de edad. “Yo tengo cuatro hijos y no tengo a ninguno traumatizado. Ejercimos con amor la corrección, en ocasiones esto implicó darles una palmada en la cola, o más que la palmada utilizábamos una varita, sin ninguna violencia. Ellos fueron formados con amor y no veo que ninguno esté destruido. Meternos a la intimidad de las familias es el colmo”, aseguró.

De hecho, Rodríguez enfatizó en que el Código de Infancia y Adolescencia, le entrega la responsabilidad a los padres “de corregir a sus hijos. Yo no tengo la responsabilidad de educar ni corregir a otro adulto, ni mi esposa, ni a mi vecino; aquí no se pueden confundir las cosas”.

El Congresista afirmó que entre las familias “se debe aplicar la corrección en amor, porque esto hace parte de la formación de los niños. A este proyecto le metieron la mano y el Estado quedó prohibiendo y aceptando lo que se puede hacer y lo que no en las familias. Esto no es así”.

Rodríguez aseguró que se deberá hacer seguimiento a las implicaciones y estrategias que se generarán a partir de la aprobación de este acto legislativo, pues “hay organizaciones que están detrás de los contratos que se van a derivar de esta ley. Quieren meterle más burocracia a este tema, más contratos e intereses particulares”.

Organizaciones como la Red Familia Colombia han calificado la ley como innecesaria, argumentando que ya existen mecanismos en contra de la violencia infantil y el maltrato intrafamiliar.