Ejecuciones extrajudiciales, ‘falsos positivos’, delito contra persona protegida. Hay varias formas de nombrarlo, pero en últimas termina siendo lo mismo: es el homicidio “de manera deliberada de una persona, por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por ningún proceso judicial”.
Al menos así define el Derecho Internacional Humanitario al hecho que desde el pasado fin de semana tiene sumido al país en un debate. El diario estadounidense The New York Times, NYT, reveló documentos que darían cuenta de supuestas presiones e incentivos a integrantes de la Fuerza Pública para incrementar el número de resultados en sus operativos.
Esa sindicación revivió el fantasma de los ‘falsos positivos’ ocurridos en la década pasada, cuando se registró el asesinato de 2248 civiles, según cifras de la Fiscalía General de la Nación enviadas como parte de los informes sobre los delitos en el conflicto a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
En ese mismo documento, que tiene en cuenta los ejes de investigación sobre muertes grupales con ocasión del conflicto armado, indica que hay 261 casos, de los cuales hacen parte 2235 víctimas, entre 1985 y 2008. Aunque la época más crítica fue entre 2006-2008.
Los hombres representan el 88,3 % de las víctimas, la mayoría campesinos y comerciantes.
El documento de la Fiscalía da cuenta de la vinculación a las investigaciones de 2548 agentes del Estado. De ellos, 1424 uniformados del Ejército Nacional, 163 de la Policía Nacional, 28 de la Armada Nacional, 9 del extinto DAS y 6 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
Otros 777 procesados pertenecían a los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, y habrían participado en los crímenes en connivencia con agentes estatales.
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Carlos Guevara, investigador de la organización Somos Defensores, dice que no hay un documento completo que dé cuenta de lo ocurrido en esa época y que involucró a dos de los hombres que ocuparon el Ministerio de Defensa durante el Gobierno de Álvaro Uribe: Camilo Ospina (2005-2006) y Juan Manuel Santos (2006-2009).
En noviembre de 2008, Santos reconoció la existencia de los ‘falsos positivos’ y retiró del Ejército a 27 oficiales involucrados.
Mientras, el general Mario Montoya, quien ejercía como comandante del Ejército de Colombia, renunció a su cargo. En septiembre del año pasado se presentó ante la primera audiencia en la JEP.
Hoy y ahora
El único caso que ha causado zozobra en la actualidad es el de ‘Dimar Torres’, excombatiente de las Farc asesinado a finales de abril en El Catatumbo, cerca al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en Convención, Norte de Santander.
El hombre murió en confusos hechos protagonizados por un militar y el Ministerio de Defensa anunció el pasado domingo que se vinculó a la investigación al coronel Jorge Armando Pérez, quien tendría conocimiento del caso del que el principal sospechoso es el cabo Daniel Gómez, hoy detenido en un batallón. A Pérez se le acusa de favorecimiento por encubrimiento. Sin embargo, este homicidio no ha sido calificado como ‘falso positivo’ y no hay reportes de entidades oficiales al respecto.
Entre tanto, y ante el escándalo por cuenta de las denuncias de The New York Times, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, dijo que se cambiará la polémica directriz para que la tropa incremente los resultados operacionales. Según él, hubo “mala interpretación” por parte de personas ajenas a la institución.
“Pienso que la directriz la vamos a cambiar, la vamos a quitar. Y que no hubo ninguna mala interpretación. Hubo mala interpretación en otras personas que no son miembros de la institución”, sostuvo Martínez.
El General no dio detalles de los cambios que se harán, pero la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército le dijo a la Agencia EFE que el polémico formato enviado a los jefes militares para que consignaran sus metas operacionales para este año en la lucha contra grupos armados ilegales “no hace parte de ningún reglamento”.
“Se cambia para hacerlo más comprensible para la opinión pública”, agregó el Ejército, que insistió en que se hará “para que no se generen malas interpretaciones”.
Según el oficial, “quienes están en la institución fueron absolutamente claros” en cuanto al manejo de la directriz y, como prueba de ello, citó más de 70 cartas que recibió de comandantes de división y de brigada en las que le confirmaron que las órdenes eran “claras” y dentro del “marco de la ley”.
Martínez explicó que con la decisión de quitar la directriz lo que busca el Ejército es “no seguir insistiendo en algo que de pronto por fuera lo malinterpreten”.