Muy polémico resultó el artículo incluido por el Gobierno Nacional en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, con el cuál se pretende implementar el traslado exprés a Colpensiones por un tiempo determinado y bajo algunas condiciones.

Las críticas al artículo 104 del Presupuesto Nacional para el próximo año no se hicieron esperar desde varios sectores de la sociedad, incluyendo la Asociación Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), donde se mostraron en desacuerdo con la propuesta.

El dirigente del gremio, Santiago Montenegro, en entrevista con Colprensa, informó que la iniciativa es costosa, no aumenta la cobertura y afecta la sostenibilidad del sistema, ya que genera un costo fiscal adicional a la Nación.

Montenegro manifestó que es inconveniente discutir este tipo de temas en un proyecto de Presupuesto General de la Nación, pues este se debería haber dado en el marco de una reforma pensional estructural que tanto necesita Colombia.

La discusión del Presupuesto General abrió un debate frente al traslado exprés de pensionados a Colpensiones. ¿Por qué les parece equivocada esta iniciativa?

Primero, la iniciativa es costosa, 3,8 billones de pesos según cálculos del propio Ministerio de Hacienda.

Segundo, los recursos no irían a quienes más los necesitan. En Colombia hay alrededor de 6,5 millones de adultos mayores, y de ellos, más de 3 millones están desprotegidos.

Con 3,8 billones de pesos, por ejemplo, se podrían incorporar al programa Colombia Mayor unos 750.000 adultos mayores en estado de vulnerabilidad, ¡por cinco años! En contraste, vemos que la polémica iniciativa -lo ha dicho el mismo gobierno-, solo beneficiaría a 19.000 personas con ingresos medios y altos.

En adición, esta iniciativa afectaría el mercado de capitales, pues implicaría entregar a Colpensiones los fondos de pensiones de quienes se trasladarían, cuyo monto es de, al menos, 3,4 billones de pesos.

Este traslado implicaría liquidar los activos en los que están invertidos los recursos, generando un desequilibrio en el corto plazo y que de un día para otro, generaría caídas en los precios.

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Desde el gremio han asegurado que este tipo de propuestas resultan dañinas, contraproducentes e inútiles para ampliar la cobertura pensional, hacer más sostenible y más equitativo el sistema pensional. ¿Por qué consideran eso?

Cualquier propuesta en materia pensional debe propender por aumentar el número de personas a pensionarse; y en particular, para el caso del régimen público, dar un uso realmente solidario a los subsidios pensionales, de modo que se focalicen en quienes realmente los necesitan.

Por último, garantizar la sostenibilidad financiera de dicho régimen que es costosísimo para el Estado, es decir, para los colombianos.
El proyecto en cuestión, sin embargo, nos hace retroceder en los tres frentes, porque no aumenta la cobertura sino que la disminuye. Recordemos que es más fácil acceder a una pensión mínima en los fondos privados, ya que se exigen tres años menos que en Colpensiones.

Lo segundo es que afecta la sostenibilidad del sistema, pues genera un costo fiscal adicional a la Nación, que deberá ser financiado con deuda futura y con los impuestos que pagamos todos los colombianos.

Y lo tercero, es que reiteramos que es una iniciativa inequitativa, pues da más a un segmento de personas de mayores ingresos que han gozado de mayor estabilidad laboral y de mejores remuneraciones.

Ustedes afirmaron recientemente que la propuesta solo beneficiaría a uno de cada cinco afiliados que quieran cambiar de régimen. ¿Quiénes realmente se beneficiarían y a quiénes no les convendría hacer un cambio como el que se propone?

Sucede que la mayoría de los colombianos, un 80 %, no alcanza a completar 1.300 semanas cotizadas al llegar a la edad de pensión. Este grupo recibe una devolución de aportes hasta siete veces mayor si está en un fondo privado, por cuenta de la rentabilidad real que ahí tiene su ahorro.

Por lo tanto si salen a Colpensiones recibirán muchísimo menos en sus devoluciones de saldos. Sobre el 20 % restante que logra 1.300 semanas, la mayoría podría pensionarse en el fondo privado si cumple 1.150 semanas cotizadas, esto es tres años menos de cotización frente a la exigencia en Colpensiones.

Además, en el fondo privado quienes no cuenten con las semanas requeridas, pero sí con el saldo suficiente para asegurar la pensión, también es mejor que sigan con su fondo de pensión.

Por esto es que la iniciativa no les conviene a 4 de cada 5 afiliados que cumplen con las condiciones que precisa dicha propuesto.

Solo un reducido segmento de población, el de mayores ingresos, se beneficiaría al trasladarse al régimen público, debido a los subsidios altos que allí reciben quienes más ganan.

"En el régimen público se entregan subsidios estatales que van creciendo conforme aumenta el ingreso de la persona: ¡el mundo al revés!”, Santiago Montenegro.

Hay un hecho del que se habla mucho y es que una buena parte de los trabajadores que está en Colpensiones se pensiona con un mayor porcentaje de su sueldo que quienes están en los fondos privados de pensiones...

Esto no sucede para la mayoría, de hecho, aplica pero para una minoría que gana ingresos altos, particularmente.

¿Por qué? porque en el régimen público se entregan subsidios estatales que van creciendo conforme aumenta el ingreso de la persona: ¡el mundo al revés! La realidad para la mayoría allá es que no se está pudiendo pensionar, no logran las 1.300 semanas cotizadas.

En el caso de los fondos de pensiones, por un lado, se subsidia a quienes tienen más bajos ingresos y que no logran el capital ahorrado suficiente, pero sí 1.150 semanas para tener una pensión vitalicia.

Esta opción hace que sea más fácil pensionarse con un fondo privado, particularmente, para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos legales, segmento que representa el 80 % de trabajadores en el país.

Como muchas voces en el debate público sobre el tema pensional, coincidimos en que esta inequidad tan marcada en el régimen público, así como su sostenibilidad, deben abordarse a través de una reforma estructural, que además ayude a que todo el sistema pensional permita que más gente pueda contar con una protección en su vejez.

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Lo que está ocurriendo es una señal de crisis del esquema de mantener dos modelos pensionales. ¿Cree que debería dejarse un solo modelo?

El problema no son los dos regímenes, es la competencia entre ellos, pues ha mostrado ser muy dañina, dado que abre la puerta a problemas que hemos mencionado, como la inequidad en la focalización de los subsidios y el altísimo costo de las pensiones en el sector público que afecta la sostenibilidad del mismo.

Estamos convencidos de que el régimen publico y el régimen privado pueden coexistir, pero bajo tres objetivos a cumplir: mayor cobertura, y esquemas complementarios que focalicen los subsidios estatales hacia quienes sí los necesitan; con ello, garantizar la equidad en dichas ayudas estatales.

Y por último, darle un alivio a la sostenibilidad del régimen público, con menos gasto y mayor ahorro.

Es vital proteger y fortalecer los mecanismos de ahorro previsional.

"Estamos convencidos de que el régimen publico y el régimen privado pueden coexistir, pero bajo objetivos claros que se deben cumplir".

¿Fue nocivo para el sistema de pensiones que se pasara este Gobierno sin adelantar una reforma pensional? ¿Cree que esa es una tarea que sí o sí tiene que asumir el próximo Gobierno?

Durante este Gobierno llegó la pandemia, y como en el resto del mundo esta se convirtió en prioridad dentro de la agenda de todos los gobiernos, por lo cual en el caso de Colombia, no se dio ni se ha dado el momento propicio para discutir una reforma pensional.

Sin embargo, cabe recordar que la pandemia ha tenido efectos sociales y especialmente sobre el empleo y el mercado laboral, lo que ha exacerbado problemáticas existentes, como la desocupación y la informalidad en el trabajo.

Esperamos que para el próximo Gobierno se den las condiciones y se aborde la discusión sobre importantes reformas que permitan que el país se ponga a tono con las nuevas realidades, sin perder el foco en lo más importante: los trabajadores.

¿El Gobierno trata de cambiar las reglas de juego con este tipo de propuestas?

Si, fue un inesperado cambio en las reglas de juego, con lo que creemos se perdió de vista la problemática de fondo: dos regímenes que compiten y que por ejemplo, con el límite de diez años para que alguien se pensione, resulte muy difícil saber y decidir cuál de los regímenes pensionales le conviene a esa persona.

Reiteramos que lo que se requiere es una reforma estructural que corrija problemas de fondo como los mencionados anteriormente.

Ajustes sueltos no solo pueden quedarse cortos, sino que como en este caso, aumentan costos, y profundizan inequidades en un país tan desigual como Colombia.

¿Es conveniente abrir este tipo de discusiones en medio de un presupuesto general?

Es inconveniente y se debería discutir en el marco de una reforma pensional estructural.