En las próximas semanas el Municipio se jugaría una carta clave para concretar varios proyectos del actual plan de desarrollo que sirvan como motor para dinamizar la economía local, que se ha visto golpeada por la pandemia de la Covid-19: un crédito por $445.000 millones.
La intención de la Administración Municipal se manifestó durante el primer trimestre del año como una estrategia complementaria para llevar a cabo obras de infraestructura ambiciosas que no sería viable financiar con los recursos de libre destinación que recibe usualmente el Municipio.
En sí, el plan de inversiones del plan de desarrollo actual asciende a $18.1 billones, de los cuales $11.8 billones corresponden a ingresos de la Administración; otros $6.3 billones son recursos externos, de los cuales $2.4 billones son de empresas descentralizadas. Entre tanto, $2.4 billones corresponden a recursos por gestión y, asimismo, $1.1 billones provienen de la Nación. A estos recursos se sumarían los $445.000 millones del crédito que buscaría adquirir la Alcaldía.
Y si bien esta semana el alcalde Jorge Iván Ospina, planteó la opción de solicitar un préstamo por un billón de pesos a la Nación, esta sería una alternativa más engorrosa, que habría que argumentar a contrarreloj y que estaría sujeta a la venia del Ministerio de Hacienda. Por esto, una opción más expedita podría ser la de recurrir a la banca comercial.
Aunque ante el Concejo se radicó en julio el proyecto de acuerdo que busca la autorización para contratar esta operación de crédito público, a la iniciativa ni siquiera se le alcanzó a abrir estudio. Se estima que a partir del 20 de agosto podría citarse a sesiones extraordinarias para radicar nuevamente dicho proyecto de acuerdo y analizar el endeudamiento.
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El crédito por $445.000 millones que plantea la Administración sería destinado, en parte, a obras que no se podrían realizar por medio de las rentas del Municipio, que se han visto golpeadas durante la pandemia. Es decir, los recursos que podrían resentirse y que hacían parte del grueso de las sobretasas, valorización o corrientes de libre destinación podrían reemplazarse con el crédito.Así las cosas podrían ejecutarse obras estratégicas como el bulevar de San Antonio, que sería un paseo peatonal sobre la Calle 5 entre carreras 4 y 10, que incluiría el hundimiento de este tramo de la Calle 5; o realizar los estudios, diseños y factibilidad de la vía alterna al mar.
También podrían financiarse algunas intervenciones del llamado ‘Proyecto Lazos’, que contempla la unión entre el norte y el sur de la ciudad con la continuidad de tres ejes viales: la prolongación Avenida Circunvalación desde la Carrera 83 hasta la Carrera 122, la prolongación Avenida Ciudad de Cali entre la carrera 109 y 168, y la Autopista Simón Bolívar desde la Avenida 3N hasta la conexión con la vía Cali - Jamundí; además de varias intersecciones a desnivel entre oriente y occidente.
Pero, ¿qué tan viable es que la ciudad solicite y le sea aprobado un crédito? De acuerdo con una evaluación realizada por la firma calificadora Value & Risk, las probabilidades serían altas. Esto, teniendo en cuenta que el Municipio tiene una alta capacidad de pago de capital e intereses. Asimismo, dicha firma señaló que Cali cuenta con la “más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados”.
En este punto cabe recordar que en mayo de este año el Concejo autorizó al alcalde Ospina a reperfilar la deuda que adquirió el Municipio en 2017 para realizar obras de infraestructura vial y el mejoramiento de la red educativa oficial, que sumó $ 554.500 millones, y prorrogar su pago hasta 2030. Ese acuerdo generó una disponibilidad presupuestal por $423.000 millones del 2020 al 2023, para nuevos proyectos de inversión.
Según lo planteado por el Departamento de Hacienda Municipal, el crédito por $445.000 millones se proyecta con un periodo de gracia entre 2020 y 2023, por lo que la ciudad empezaría a amortizar el capital, semestralmente, a partir del 1 de julio de 2024. En resumen, el Municipio cancelaría completamente la deuda en 2030 y pagaría $227.416 millones en intereses, los cuales serían apalancados con ingresos corrientes de libre destinación, de acuerdo con las proyecciones oficiales.
Para el concejal Henry Peláez el préstamo se muestra como una “necesidad” bajo el panorama actual.
“Los recursos deben direccionarse a inversión social y obras que generen empleos. También se puede mirar la opción de la Universidad Distrital, los nuevos parques tecnológicos y la ciudad inteligente, porque generan una necesidad de mano de obra y abrirían una dinámica comercial. Lo importante es que los recursos se inviertan, no que vayan a capacitaciones o estudios y diagnósticos”, remarcó Peláez.
A su turno, el concejal Fernando Tamayo remarcó que es válido recurrir al crédito público en estos momentos, pero mostró preocupación por el actual flujo de caja y recaudo del Municipio. “Se debe tener muy clara la proyección de los pagos, porque no se pueden asumir compromisos que después no vamos a poder pagar. Ya tenemos un nivel de endeudamiento muy alto y nuestra capacidad real es de $45.000 millones; si nos metemos en esta deuda tenemos que asumir que el Municipio queda pignorado por 15 años”, afirmó.
Tamayo añadió que “no se justificaría que un crédito de estas magnitudes se invirtiera en asistencialismo. Se debe invertir en estrategias de dinamización de la economía, no puede ser solo cemento sino que se debe mirar un tema como la seguridad, que es vital para cualquier reactivación y es un tema que hoy está desfinanciado”.
Entre tanto, Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, dijo que si bien debe priorizarse la inversión social sería pertinente analizar una eventual inyección de recursos en desarrollo productivo.
“Los recursos deben usarse en sectores que tengan fuertes encadenamientos productivos y que puedan jalonar otros sectores económicos; en ese sentido, la infraestructura sirve para arrastrar muchos sectores porque el 53 % de la inversión se va en compra de insumos, pero también hay que mirar cómo se inyectan recursos a otros que no tienen suficiente capital de trabajo, como la cadena química y farmacéutica; hay que mirar qué se hace también con el turismo y las industrias culturales para que no se pierda el tejido que la ciudad ha construido”, afirmó Maldonado.
No obstante, para la veedora ciudadana Luz Betty Jiménez no es conveniente la adquisición de un préstamo. “Dicho empréstito agravaría aún mas las finanzas públicas y el creciente déficit fiscal incrementándose considerablemente la deuda y convirtiendo al Municipio en un rehén del sector financiero al cual tendrán que pagársele dicho préstamo en cuotas con altas tasas de interés”.
Jiménez agregó que “la Administración Municipal y el Concejo pretenden minimizar dicha realidad, que finalmente se trasladará a los caleños empobrecidos con la crisis económica, haciendo mucho más difícil el recaudo de los impuestos municipales y del cobro por valorización de un conjunto de obras que no son prioritarias ni tienen por objeto satisfacer las necesidades esenciales de los caleños”.
El también veedor Pablo Borrero manifestó que con dicho préstamo “no se reactivará la economía de Cali, dificultándose el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por el Municipio en la medida en que los caleños no tienen ni tendrán a mediano plazo, capacidad de pago para asumir los impuestos, contribuciones y otros pagos con los que pueda la Administración financiar el costoso empréstito”.
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