La Defensoría del Pueblo emitió ayer una alerta temprana para Cali, ante el riesgo que hay de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales y el crimen organizado. Se trata de la primera alerta en el año emitida por el organismo, en la cual se especifican 40 recomendaciones para que la ciudad prevenga y mitigue el riesgo advertido.

Según indicó Carlos Camargo, defensor del pueblo, “en Cali encontramos la presencia de manera itinerante y en tránsito de actores armados ilegales, como lo son los grupos delincuenciales, así como la presencia de facciones de las disidencias de las Farc, del ELN y de carteles organizados. Por eso hemos adelantado este trabajo que lleva más de 10 meses donde el propósito es que entre toda la institucionalidad, se busquen soluciones y acciones preventivas que permitan mitigar cualquier peligro a la población”.

El experto en temas de seguridad ciudadana, Andrés Felipe Galindo, dijo que “el ataque terrorista a la Policía el pasado 7 de enero, la reacomodación de estructuras criminales que aprovecharon la ebullición durante el Paro Nacional y las alteraciones del orden público en la zona rural de Jamundí y Dagua, hablan de un fenómeno que toca a Cali y que merece toda nuestra atención”.

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Por su parte, Camargo añadió que “esta alerta temprana en comparación con otras, es una alerta estructural que significa valorar el riesgo sobre la base de la amenaza y la vulnerabilidad. Por eso el llamado es a que todas las instituciones tengan en cuenta las recomendaciones y hagamos un frente que nos permita desplegar las capacidades para prevenir ese riesgo de las poblaciones”.

El Defensor del Pueblo aseguró que Cali cuenta con 21 comunas advertidas del riesgo de violencia, entre ellas la 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 20. Lo que representan un aproximado de 1.875.918 personas, en situación de riesgo.

“Entre la población en riesgo se ubican los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son reclutados, la población migrante, los consejos comunitarios de Playa Renaciente, Dos Aguas y Hormiguero, comunidades indígenas, personas en reincorporación, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y estudiantes”, sostuvo el Defensor.

La Defensoría del Pueblo afirmó que el reclutamiento de menores es un fenómeno que preocupa especialmente. “Esta es una de las razones por la que se ha emitido esta alerta, ya que esa población requiere especial protección”.

Dentro de los actores armados a los que se les atribuyen los hechos de violencia que se han venido presentando en lo corrido del 2021 y 2022, están 58 bandas criminales en las que se encuentran ‘La local’, ‘Espartanos’ y ‘Urabeños. Además, están las disidencias de las Farc ‘Adán Izquierdo’, ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’. Los frentes de guerra urbano nacional, ‘Omaira Montoya’, el ‘Clan del Golfo’, ‘Águilas Negras’ y los carteles ‘Jalisco’ y ‘Nueva generación’.

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El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ante
la alerta temprana dijo que la recibe con “mucha responsabilidad” y que espera solucionarla.

Galindo puntualizó que “esta alerta debe convocar al Gobierno Nacional, al Departamento y a la Alcaldía a coordinarse muy bien porque está comprometido el 97% del territorio de Cali. Hoy una de las grandes fallas que presenta la estrategia de seguridad en Cali es justamente esa falta de articulación y trabajo armónico de las distintas agencias estatales”.

Además, Camargo, recordó que el año anterior se emitieron seis alertas tempranas para otros municipios del Valle, por lo que este año se encargarán de hacerle seguimiento a estas advertencias. “Nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos la tarea de emitir alertas tempranas porque ese es el mandato legal y, entendiendo que estas dinámicas de violencia van mutando, los escenarios de riesgo ya no solamente son las zonas rurales sino también las grandes ciudades como Cali”.

Dentro de las recomendaciones que emitió la Defensoría se pide reforzar la seguridad, tener un efectivo acceso a la administración de justicia, así como fortalecer la atención integral a las víctimas, la superación de la vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones en riesgo y el señalamiento a líderes sociales.