¿En que está fallando la estrategia del Icbf para atender a los niños maltratados?

Muchos de los 17.062 niños, niñas y adolescentes que en Colombia, durante el año pasado y lo corrido del actual (1342 en el Valle), han sido alejados de sus familias y puestos bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, por alguna presunta vulneración de sus derechos, podrían haber seguido en sus hogares con estrategias de prevención y con mayor apoyo a padres o núcleo familiar del menor.

Así lo indican los expertos en infancia y adolescencia, pues consideran que las falencias que tiene no solo el Icbf, sino otras instituciones y entidades que deberían acompañar el proceso de garantía de los derechos de la niñez, radican en la falta de acompañamiento y apoyo a las familias.

De hecho, Alejandro Ruiz Caicedo, consultor de derechos de la infancia, asegura que “si se trabajara con estrategias de prevención se evitaría que tantos niños ingresen al sistema”.

Entre las estrategias que dice que se podrían dar, está “la renta básica o los aportes de transferencias económicas para las familias porque se soluciona la alimentación para quienes no tienen; también con las posibilidades de empleo, por ejemplo, si la familia no tiene empleo hay que vincularla con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el Sena, la empresa privada para ayudarle a conseguir uno, o sino con Familia en Acción”, comenta.

En este sentido, el abogado Ruiz, menciona que la pobreza es una de las causales para la violencia intrafamiliar.

Una opinión similar tiene Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de Alianza por la Niñez en Colombia, quien específica: “No se le puede pedir a un papá que trate de la mejor manera a sus hijos cuando no puede llevar la comida; llega a casa y encuentra a sus hijos llorando porque tienen hambre, ese papá posiblemente les va a pegar, y no es porque sea una mala persona o un mal papá, es porque está viviendo una situación de estrés porque no sabe cómo llevar alimento a su casa, es una situación compleja”.

Ahí, enfatiza, es donde el Estado debe entrar a acompañar, buscar opciones para mejorar las condiciones de vida.

También, considera que cuando el menor entra al Icbf, se debe hacer un trabajo con la familia, “no se le puede dejar sola; se debería hacer un seguimiento detallado para que el niño pueda regresar a su ámbito familiar de forma segura”.

Para que el niño retorne a casa sin el riesgo de ser revictimizado

El docente en derecho de infancia y adolescencia en la Universidad Nacional, Alejandro Ruiz, cuenta que el reciente lineamiento del Icbf “le apunta a reintegros exitosos, tiene un modelo de administración de casos que está planeado en EE.UU. ¿cómo se hacen? fortaleciendo las capacidades de la familia desde la crianza, los cuidados, las pautas para que no haya violencia, apoyo económico, inserción laboral”.

En Colombia, “si realmente se pudiera articular todos los actores del sistema lo lograríamos”, dice.

Para Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles, el Icbf tiene muchos casos, de hecho, solo este año entre enero y agosto se abrieron 34.388 procesos para el restablecimiento de derechos de niños, y estos “se quieren tramitar y resolver rápido, claro, no tienen tiempo para analizar la condición particular de cada niño, familia y por eso se equivocan tanto”.

Se refiere a que “en el sistema los niños entran y salen muchas veces porque hay una cadena desafortunada de vulneraciones (...) si el defensor toma la decisión de separar al niño de su familia, y alguien debe trabajar con la familia porque cómo vamos a cambiar las condiciones de violencia, maltrato o exponer al trabajo infantil”.

Según el Icbf desde que se inicia el proceso para el restablecimiento de derechos, la institución “vincula a su familia al proceso de atención y fortalecimiento familiar, en un trabajo orientado a que se den las condiciones para el reintegro a su familia biológica o extensa”.

Y el trabajo depende de las necesidades de cada caso, pueden ser orientaciones en pautas de crianza, comunicación asertiva, manejo de la frustración, derechos sexuales y reproductivos, “hasta el apoyo en la inclusión del sistema de salud o educación”.

No obstante, la profesional Rosales, resalta que hay casos en los que “el defensor en el proceso dice la niña tiene familia, ha venido el abuelo, la mamá a las citaciones, puede reintegrarse -retornar a su núcleo familiar-. Pero en realidad nadie acompañó a la familia, no se hace visita para verificar donde puede permanecer la menor”.

Entonces, lo más probable es que la niña (a) vuelve a estar en riesgo de maltrato o cualquier vulneración de sus derechos, y por lo tanto puede ingresar al sistema de nuevo porque se reintegra a la misma familia que lo vulneró con las mismas condiciones, sin recibir apoyo, ya sea económico, psicológico, dependiendo de la situación, hay una alta probabilidad que vuelva a sufrir violencia.

Incluso, la psicóloga clínica y terapeuta infantil, Isabel Collazos, subraya que al regresar el menor a su hogar, es clave “un acompañamiento psicológico, buscar unas estrategias y entrar en observación y hacer visitas domiciliarias donde se pueda evidenciar que hay un verdadero cambio en la familia”.

Porque si sigue habiendo maltrato o conflicto en casa, “esto afecta al niño, porque los primeros 7 años de vida para todas las personas son los más importantes y esa va a ser la base para su adolescencia, y todo”, concluye.

Para el director de Chiquitines, Gonzalo Gutiérrez, el Estado debe hacer lo posible por apoyar las familias y fortalecerlas, así evitar vulneración de los derechos.

Cuando los niños han sido víctimas del abuso sexual todo se convierte en un camino espinoso y duro de llevar, porque generalmente, los menores son revictimizados, ya que como bien explica una Defensora de Familia del Icbf en Cali, quien pidió reserva de su identidad, “si tengo una niña que está siendo abusada por el papá y este sigue en el mismo hogar, me veo en la imperiosa necesidad, de retirarla de su casa porque sé que si la retorno, la niña va a seguir siendo sujeto de más vejaciones”.

Entonces, además de haber sido víctima de un abuso sexual, a la menor también se le vulnera su derecho a tener familia, pues lejos de su hogar podría estar muchos años.

Según explica la especialista Ángela Rosales, lo que pasa es que se activan los servicios del Icbf pero no en la misma medida o agilidad los servicios de la justicia. “Mientras el sistema judicial transita con el proceso en contra del adulto victimario puede pasar cinco o siete años en promedio, tiempo que el niño sigue creciendo sin su familia porque el adulto continúa en libertad en su casa”.

Y lo peor, es que la familia y el niño transitan en el marco de la justifica y esperan que la justicia opere, pero “solo el 3 % de los casos terminan en una condena, así que en el 97 % no pasa nada”.

Así lo puede constatar la Defensora de Familia. Los casos de abuso sexual, “por ley no es competencia de los defensores, remitimos el caso al comisario, el problema es que ellos, entiendo, no hacen los procesos como debe ser, desafortunadamente son procesos que pueden quedar en el limbo”, anota.

En este año, en Cali, de acuerdo con el Censo Delictivo de la Fiscalía, se han recibido 1126 casos de víctimas de delitos sexuales, de estos 728 casos son de menores -con corte al 30 de septiembre-. El año pasado fueron 1.304 casos atendidos por esta situación, y en estos se tiene un avance de esclarecimiento del 8,21 %, lo cual corresponde a 104 víctimas.

De acuerdo con Ángela Villaci, subdirectora de Atención al Usuario Fiscalía Cali, el tiempo que transcurre entre la apertura de una denuncia hasta que se genere una condena puede ser muy variable y depende de muchos factores. “No solo de los elementos materiales probatorios que pueda recaudar el fiscal, sino también depende de la agenda de los jueces, de situaciones que son ajenas a la Fiscalía”.

Villaci resalta la importancia de que estos delitos sexuales sean abordados como un acto urgente, para poder “actuar rápido que a ese menor se le excluya de ese generador de riesgo y la generación de riesgo, que no es solo llevarlo a un hogar sustituto sino capturar a su agresor lo más rápido posible”.

No obstante, la funcionaria manifiesta que “el proceso penal en Colombia es bastante garantista y para poder llevar una persona a una audiencia ya sea de captura, acusación, imputación de cargos, es complicado porque deben comparecer varias partes. El Fiscal puede tener todo, por ejemplo, para una audiencia para acusar a alguien por un delito, pero si no se presenta el defensor de ese victimario no se puede hacer la audiencia; tiene que estar un defensor de familia para poder hacer una entrevista a un menor y sino no se puede hacer”.

En Cali, destaca la funcionaria, “hemos logrado que el Icbf, Comisarías de familia y medicina legal se encuentren en un mismo espacio atendiendo de manera inmediata e integral a la víctima La idea de este modelo es que desde el inicio se tengan los elementos suficientes para participar activamente del proceso penal”, asegura Villaci.

Para la especialista Ángela Rosales, “el Icbf hace una gran labor pero está muy mal financiada”.

De hecho, según un análisis realizado por Aldeas Infantiles, el sistema de protección invierte menos en los niños que el sistema penitenciario en los adultos. Este último, invierte en promedio $2.500.000 por adulto al mes, y el Icbf manifiesta que el costo promedio mensual de la atención de cada niño puede rondar el $1.500.000, aunque aclara que este puede variar.