“Es más gravoso el narcotráfico que la fumigación con glifosato”
¿Por qué sí a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato?
Porque todas las alternativas son peores, porque la única herramienta que ha resultado hasta ahora relativamente exitosa contra los narcocultivos ha sido el glifosato, como lo prueba el hecho de que, cuando se usaba, alcanzamos cultivos de menos de 60.000 hectáreas y cuando se empezó a suspender su uso, el problema creció de manera importante hasta alcanzar las cotas de hoy, las más altas de la historia. Porque en virtud del principio de precaución, que pretende salvar a las personas de las posibilidades de que les dé cáncer o linfoma de Hodgkin, no se considera el hecho de que hay unos muertos y unos heridos con la alternativa al uso del glifosato que es la erradicación manual: más de 90 muertos en cuatro años y más de 300 heridos mutilados por minas antipersona.
¿Qué piensa de la exposición del expresidente César Gaviria ante la Corte, quien dijo que antes del Plan Colombia había 8 departamentos con coca y al finalizar había 24?
La información que tiene el presidente Gaviria no es correcta y, además, está construida sobre un sofisma. Él mismo sabe que si no hubiéramos aplicado el Plan Colombia, probablemente los cultivos ilícitos serían todavía mayores a los que hoy tenemos.
¿Qué decirle a la población de las zonas afectadas por los cultivos ilícitos que temen por las consecuencias del glifosato en su salud?
Primero, que el gran enemigo del medio ambiente es la coca y la producción de cocaína. Se han destinado unas cantidades exorbitantes de ácido sulfúrico, de ácido clorhídrico, gasolina y cemento que envenenan la tierra y las fuentes de agua, además del efecto deforestador que tienen los narcocultivos; en comparación con los daños que se produce en ese ejercicio, el eventual daño que pudiera producir el glifosato es mínimo. Segundo, se tienen que mirar los otros efectos de las plantaciones de coca y el narcotráfico, el que tiene en materia de salud en Colombia y cómo vienen creciendo en los últimos dos años las tasas de drogadicción, incluyendo las de menores de edad, que están entre 21 y 26 %. Paralelo a la presencia de grupos armados ilegales están las muertes que se producen en las ciudades entre las bandas criminales y los jíbaros por el control del negocio del microtráfico. A eso se suma que el narcotráfico daña la cultura ciudadana y la ética, vende la idea de un enriquecimiento rápido, a cualquier costo y por encima de la ley. Es decir, que no se trata simplemente de ver cuál puede ser el potencial impacto del glifosato en la salud, hay que mirar ese eventual impacto de las fumigaciones sobre la otra realidad. Si hacemos ese ejercicio, pesa mucho más y es más gravoso el narcotráfico que la fumigación con glifosato.
¿Qué responsabilidad le cabe a EE. UU. en el crecimiento desmedido de los cultivos ilícitos en Colombia?
Nosotros siempre hemos defendido la teoría de la corresponsabilidad. En la medida en que los países consumidores no hagan bien su tarea, seguirá creciendo la demanda de producción de cocaína y heroína y sobre esa teoría se construyó el Plan Colombia.
“Este es un mecanismo altísimamente ineficiente”
¿Cuáles son los efectos del glifosato sobre la salud y el medio ambiente?
Según la Organización Mundial de la Salud es un producto con altas probabilidades de producir cáncer en los seres humanos. No se conocen otros efectos distintos en la salud, entre otras cosas porque los estudios científicos que se realizan en Europa en relación con sus consecuencias están sometidos al secreto. Solo hasta el viernes, un tribunal europeo ordenó desclasificarlos, así que muy probablemente vamos a conocer otras implicaciones nocivas de este producto en los seres humanos y el medio ambiente. Y no estoy de acuerdo con su aspersión en Colombia por estas razones y porque se trata de una medida que a lo largo de los años ha demostrado su ineficiencia para acabar con las plantaciones de coca.
Sus efectos en el medio ambiente son evidentes. Cuando a nosotros nos demandó Ecuador en el 2003 por haber permitido que pasaran aspersiones con glifosato a su territorio, Colombia interrumpió el proceso que se nos seguía en La Haya por esa razón, aceptando indemnizar los daños en el medio ambiente ecuatoriano por quince millones de dólares, en 2013. Eso, para parar una demanda que en 2008 nos había puesto Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, alegando problemas de salud a los pobladores, destrucción de cultivos, animales y fuentes de agua, como los ríos.
Quienes defienden el uso del glifosato alegan el crecimiento tan abrumador de los cultivos ilegales: superior al 70 % desde 2013 hasta alcanzar 200.000 hectáreas...
La fumigación con glifosato comenzó en 1994 cuando había 44.700 hectáreas (ha) de coca sembradas en Colombia. En 2012, cuando se llevaban 18 años de fumigación con este producto, había 47.788 (ha) sembradas. Eso demuestra que en los 18 años de funcionamiento de la aspersión con glifosato el número de hectáreas de coca creció en 3088.
Pero si usted hace la cuenta global de lo que fue el programa de fumigación con glifosato en 21 años se da cuenta que se fumigaron 1.896.000 hectáreas y cuando se suspendió su uso habían 96.000 (ha) sembradas en el país. Es decir, que en 21 años, con el uso del glifosato asperjando casi 1.900.000 (ha), se lograron erradicar tan solo 51.000 hectáreas, lo que muestra que se trata de un mecanismo altísimamente ineficiente.
Detractores y defensores del uso del glifosato tienen estudios para demostrar sus posturas. ¿Frente a ese panorama, qué se puede hacer?
Lo que han dicho en Colombia tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional desde 2003 es que si existen probabilidades de que una sustancia como el glifosato genere graves daños a la salud humana, como es la posibilidad de que se desarrolle un cáncer, se tiene que sopesar cuál es el bien de mayor valor que el Estado debe defender. ¿Qué es más importante para el Estado: acabar con unas plantaciones de coca o preservar la vida de los ciudadanos colombianos? Hasta ahora en esa ponderación tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han considerado - y con toda razón- que es mucha más valiosa la vida de los ciudadanos colombianos que la destrucción de unas plantaciones de coca ilegales.