Una de las primeras instrucciones que el presidente Gustavo Petro le dio a su gabinete ministerial fue no perder tiempo en el objetivo de sacar adelante los temas centrales de la campaña.
Entre ellos se le dio un énfasis especial a la llamada ‘Paz total’, que busca la instalación de mesas de diálogo con los distintos grupos armados ilegales que operan en el país, para buscar salidas negociadas a la violencia.
De hecho, antes del inicio oficial del Gobierno, funcionarios como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, ya habían dado algunas puntadas de lo que sería ese plan y de las posibilidades de incluir en él a los grupos paramilitares, a las disidencias y al ELN.
“Será para todos, aquí no vamos a excluir a nadie”, sentenció Petro incluso antes de posesionarse.
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El interés de iniciar acercamientos no es solo del Estado -la Iglesia ya se ha declarado interesada en ser mediadora-, luego de que los propios grupos violentos levantaron la mano para pedir que se les tenga en cuenta.
Después de la segunda vuelta presidencial se conoció una carta en ese sentido firmada por los herederos de alias Otoniel (Clan del Golfo), Los Caparros, Los Rastrojos, los ‘Shottas’ (crimen organizado de Buenaventura), la banda La Inmaculada (de Tuluá) y Los Mexicanos (de Quibdó).
El Ejército de Liberación Nacional, ELN, por su parte, dijo, a través de ‘Antonio García’, su jefe máximo, que estarían dispuestos a retomar los diálogos, que fueron suspendidos por el entonces presidente Iván Duque en 2019, luego de que esa guerrilla cometiera un sangriento atentado en la Escuela de Cadetes de Bogotá, que dejó un saldo de 2 muertos.
Sin embargo, esta semana el mismo ‘Antonio García’ ventiló en redes sociales los ‘peros’ que tiene sobre el concepto de ‘Paz total’.
¿Es posible una ‘Paz total’?
Para Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, es utópico pensar que se puede lograr una pacificación general del país, pero admite que era el único camino que le queda al nuevo Mandatario, cuando hay una tendencia al recrudecimiento del conflicto desde hace algunos años.
“Que se logre esa propuesta como está planteada, lo veo muy difícil, pero me parece que era inevitable plantearla por la situación en que quedó el país tras la administración de Iván Duque, en la que, a pesar de que hubo éxitos en atrapar o dar de baja blancos importantes, tanto de los grupos armados como de las bandas criminales, varias regiones quedaron sin presencia efectiva del Estado. Allí existe una completa imposibilidad de oponerse a los violentos”, plantea.
Según el docente, “la situación es muy preocupante en varias regiones del país, como en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, en el oriente antioqueño, Tumaco y otras partes de Nariño, y lo mismo pasa con la frontera con Venezuela, que sigue dejando efectos terribles para las distintas comunidades”.
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Ruiz destaca la importancia de buscar consensos y recalca la urgencia de avanzar en la reducción de la violencia armada. Pero admite que las posibilidades de éxito son reducidas, pues los grupos son muy distintos entre sí y mientras unos tienen intereses políticos e ideológicos, para otros su principal fin es beneficiarse de las rentas del narcotráfico.
“Los retos son complejos: para empezar, las organizaciones son heterogéneos y tienen estructuras muy distintas. Hay algunos grupos que no tienen un liderazgo definido o que son controlados por diferentes cabecillas autónomos; pero hay algo muy complejo y es que casi todos tienen intereses económicos en rentas ilegales de sus regiones, lo que hace que muy difícilmente las abandone ”, anota.
El analista considera que estos mismos elementos fueron determinantes en el fracaso de los acercamientos con bandas de narcotráfico del pasado, como los carteles de Medellín y de Cali, los cuales quedaron debilitados después de que se dieron de baja o se capturaron a algunas de sus figuras más visibles, entre ellos Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela.
Pero, añade, eso no sirvió para lograr el sometimiento de los mandos medios y los demás miembros que quedaron activos se reciclaron en grupos paramilitares y bandas de sicarios.
Caminos distintos
Ruiz añade que se debe hacer una diferenciación entre la manera en la que se buscaría la paz con las guerrillas y cómo se intentaría lograrla con las bandas criminales.
“Los grupos insurgentes tienen un componente político, que, a pesar de que ha sido abandonado en los últimos años, les permiten negociar acuerdos como el que se firmó con las Farc, y hay casos de éxito del pasado como los del M-19, el EPL, entre otros”.
Y continúa: “Pero las bandas criminales no tienen nada de político y la figura que aplica a ellos es la de sometimiento y muchos no quieren pagar ni un día de cárcel. Esa diferencia obliga a tener distintas mesas activas al mismo tiempo y todas de naturalezas muy diferentes, lo que es algo muy complejo de sortear”.
De otro lado, Néstor Rosanía, investigador de conflicto y violencia, dice que el muro más difícil de superar es el narcotráfico.
“Las posibilidades de que el Estado negocie con los mandos altos y medios y que no pueda sacar las bases de las economías ilegales son muy altas y eso va a provocar una nueva espiral de violencia porque se siguen sumando personas al crímen organizado, usando la estrategia de sangre y el fuego para ejercer control”, señala.
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El experto considera que algo similar podría pasar con el Ejército de Liberación Nacional, que podría experimentar el mismo fenómeno de las disidencias, como ocurrió con las Farc.
“Una parte, seguramente, sí intentará vincularse a proyectos de reincorporación, proyectos productivos y a la vida civil, pero un sector importante se quedará en el tema del narcotráfico”, conceptúa.
Y pone el ejemplo del Frente Domingo Laín, que hace presencia en el departamento de Arauca y maneja la economía ilegal a lo largo de la frontera, controlando el corredor de la drogas hacia Venezuela, para asegurar que “una estructura que gana tanta plata, mantendrá las bases metidas en el narcotráfico”.
“Si no se golpean las economías ilegales, no se logrará la ‘Paz total’ y la guerra seguirá activa. Simplemente cambia el nombre de los protagonistas”, asegura el investigador.
Rosanía explica que “para lograr esa paz general se necesita que haya respaldo internacional, necesariamente el de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, para que haya una reforma a la política de lucha contra las drogas y para que se le dé énfasis a perseguir y castigar los activos derivados de esto, pero eso no está contemplado en el futuro próximo. No veo muy posible eso de la ‘Paz total’”.