Polémica ha generado la idea planteada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, mediante la cual se buscaría aplicar la justicia restaurativa a delitos menores.

La iniciativa consiste en que luego de un robo, la víctima y el victimario se reconcilien y se llegue a un acuerdo mediante el cual el ladrón devuelva a su propietario el artículo hurtado.

De acuerdo con lo explicado por el Ministro, la idea es que si un ladrón hurta un celular, de ser capturado debe devolverlo nuevo y pagar un semestre del servicio de telefonía. Para Osuna, de esa forma y en caso de delitos menores, la justicia se podría destrabar en procesos que llevan mucho tiempo sin lograr cerrarse judicialmente.

“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse”, dijo Osuna.

Así entonces, el Minjusticia explicó que lo que se buscaría es que la víctima y el victimario pacten un acuerdo y pueda existir una rebaja de pena por el delito cometido, “si a una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven su teléfono móvil, el agresor tendría que darle un celular nuevo e indemnizarlo con seis meses de factura del servicio de datos”.

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¿Es viable esta propuesta?
Aunque es una propuesta que aún no ha sido presentada oficialmente porque todavía la están elaborando, expertos en materia de seguridad afirman que esta estrategia tendría que ser analizada a fondo en el contexto de inseguridad que se vive en Colombia.

“Esta propuesta es buena, pero hay que tener en cuenta un factor que es importante y es el hecho de que las bandas delincuenciales tienen distintas personas que son contratadas para hurtar y están enseñados a extorsionar, robar y matar, lo que a futuro se va a convertir en un tema de ajuste de cuentas contra los ciudadanos que se sometan a la justicia restaurativa”, sostuvo Héctor Herrera, experto en seguridad y vigilancia.
Además, enfatizó que hay que recordar que en muchas ocasiones las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para cometer hurtos o delitos como homicidios, para que sean entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y así eludir la acción de la justicia.

Por su parte, María Lucía Zapata, directora del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Bogotá, afirmó que aunque considera que la estrategia es viable, “este es un proceso a largo plazo que se debe iniciar con el trabajo de capacitación, orientación y educación a los diferentes actores, es decir, con la víctima, agresor y comunidad. El Ministro de Justicia está viendo esta estrategia como un plan instrumental y se debe de hacer una alianza entre la justicia restaurativa y la tradicional, pues este desarrollo podría durar al menos cinco años para su implementación total”.

Asimismo, Zapata explicó que esta es una estrategia que se ha desarrollado en países como Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda del Norte donde ya ha dado resultados positivos. “Por ejemplo, en Nueva Zelanda se tuvieron que cerrar centros penitenciarios porque ya no había personas para recluir en ellos”, sostuvo.

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Trabajo social como estrategia de la justicia
​Otro de los ítems que ha generado opiniones divididas es la propuesta del Ministro Osuna de enfocar los esfuerzos en alternativas como el trabajo social para que el delincuente pague por su delito, pues los especialistas coinciden en que no es acertado que se juzgue bajo a una misma línea a todas las personas que cometen delitos y que todos tengan tratamiento carcelario.

“La labor social que se menciona en esta estrategia depende de la cultura de la persona que está siendo judicializada, no se pueden tomar las mismas medidas con un delincuente que tiene antecedentes penales, que con una persona que no tiene ninguna anotación previa. El trabajo social es una idea de los años 80 y 90 que en muchas ocasiones la utilizan para evadir la ley”, puntualizó Herrera.

Por otro lado, María Lucía Zapata, aseguró que el trabajo social es importante, “pero la justicia restaurativa no se debe basar en este, a través de esta estrategia lo que se debería buscar es que el agresor responda por el daño que causó y no solo por el valor material de lo hurtado”, aseveró.

Otras propuestas
Frente a este debate, los expertos han planteado algunas ideas para que esta propuesta de justicia restaurativa pueda representar un componente positivo para los colombianos. Por su parte, Héctor Herrera plantea que una de las estrategias que se deberían desarrollar es la extinción de dominio.

“Esta propuesta puede resultar positiva, pues al momento de que una persona incurra en un delito de hurto se debería evaluar qué bienes tiene a su nombre para que la Fiscalía proceda a tomarlos y repare debidamente a la víctima. Esto es lo que muchas veces hacen con los bienes de los narcotraficantes cuando son incautados y tomados por el Estado, pero en este caso se utilizarían para restaurar al ciudadano”, sostuvo Herrera.

Por su parte, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, Asociación de la Industria Móvil de Colombia, propuso la creación de una mesa de trabajo en la que el Ministerio de Justicia, congresistas y autoridades judiciales y policiales fijen acciones que contribuyan a la reducción de hurtos de celulares en Colombia, además advirtió que en estos casos solo el 20 % de las víctimas denuncia y la mitad de los atracos se dan de forma violenta.

“Lo más importante es que cuando la Policía capture a los delincuentes, estos sean judicializados de manera efectiva por parte de los fiscales y jueces, incluso, que sean condenados. Además que la reincidencia sea penalizada, así sea con métodos alternativos. Lo importante es que tenga un impacto en la reducción del hurto de celulares y bienes”, finalizó Hoyos.