La reforma tributaria que presentará esta semana el Gobierno Nacional ante del Congreso de la República es un documento simple, consensuado, que suple unas necesidades de forma temporal, pero que está lejos de ser lo que necesita el país.

En esto coinciden algunos analistas y académicos que no dudan en proyectar que en un año o dos Colombia estará hablando nuevamente de una reforma tributaria estructural.

Lo que está haciendo el Ejecutivo es tratar de conseguir unos recursos para financiar los programas sociales (Ingreso Solidario, ayuda a las empresas para que contraten jóvenes y mayores de 40 y matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3). Para ello, le quitará los beneficios a las empresas que les había otorgado con la reforma tributaria del 2018. Es decir, las compañías pagarán un poco más de impuesto de renta (una tarifa de 35 %, hoy está en 31 % y se pensaba que en 2022 podría bajar a 30 %, pero ya no).

También aportará el sector financiero, que tendrá una sobretasa de 3 puntos, según lo propuesto en el proyecto de ley de inversión social (reforma tributaria) que llegaría al Legislativo el 20 de julio.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que el hecho de que las empresas asuman más impuestos es una solución para tener una reforma tributaria un poco más progresiva que lo que se había planteado antes (la que generó rechazo en abril).

“Esta es una reforma válida, este mismo Gobierno fue el que recortó impuestos a las compañías, ahora le toca cambiar, y abrió un hueco fiscal que estaba buscando cómo tapar, y ahora lo cubren en el mismo sitio donde lo abrieron”.

Con el programa Ingresos Solidario se benefician 3,3 millones de hogares y se invierten $8,7 billones; el plan de apoyo al empleo joven cuesta $809.000 millones.

Pero agregó que, en términos del futuro, el aumento del recaudo que se necesitaría para que Colombia se acerque a niveles parecidos a los de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), “queda mucho por hacer si queremos un Estado que sea capaz de solventar los gastos que corresponda a las expectativas de los ciudadanos”.

Por eso cree que hay otras alternativas para buscar dinero, que no se están tocando en el proyecto, como gravar los dividendos y la ganancias ocasionales de las personas naturales de altos ingresos.

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De igual forma, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que la reforma tributaria, tal como la presentó el Gobierno, “es un paso fundamental en la línea de la consolidación fiscal que tanto necesita el país”.

Sin embargo, considera que no es la técnicamente deseable, “pero es la políticamente posible, y resuelve buena parte del problema. Ojalá se fortalezca el plan antievasión”.

Se calcula que este año el déficit fiscal de Colombia será del 6,9 % del PIB (Producto Interno Bruto) y en 2022 la cifra puede ser superior, eso quiere decir que el país no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus gastos; la deuda llegó al 60 % del PIB.

Y parece que la reforma que se presentará el martes no sería suficiente para avanzar en la reducción del déficit. El cálculo del Ministerio de Hacienda es que el proyecto de inversión social le deje al país $15,2 billones adicionales para el 2022, pero solo los programas sociales requieren cerca de $11,5 billones. Es decir quedaría poco para reducir ese déficit.

El tributarista Germán Torres coincidió en que lo que deja ver la propuesta presentada por el Gobierno, es que muy pronto se hablará de otra reforma tributaria, ya que el proyecto actual “solo busca afrontar la crisis económica y social que vive el país”.

“Según la Ocde, quien debería asumir la carga tributaria son las personas naturales y no las empresas, ya que estas deben generar empleo y mayor productividad. Pero en este caso, dado la situación económica del país y la protesta, serán las empresas las que cubrirán el déficit fiscal”.

Reiteró que el país lo que debería buscar es una reforma fiscal y no tributaria, puesto que el actual sistema no es progresivo.

Al respecto, Mauricio Santa María, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, comentó en un reciente informe que el proyecto de reforma tributaria no es estructural y vuelve a postergar la deuda que tiene el país con un sistema tributario que recaude mejor, que sea progresivo, simple y que resuelva los problemas de redistribución que tiene la estructura.

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“Además, deja algunas incógnitas sobre cómo se sostendrán las ampliaciones de los programas sociales a futuro, si bien la propuesta permite solventar las necesidades de gasto y empezar a estabilizar las finanzas públicas para el 2022, tenemos que avanzar y ser cautos desde ya con lo que se viene en términos de las presiones fiscales con las que tendrá que lidiar el Gobierno entrante”, asegura.

Por eso cree que es necesario equilibrar las cargas impositivas entre personas jurídicas y naturales, corregir la inequidad de los subsidios pensionales y llegar a una estructura progresiva en la que el grueso de la contribución lo hagan quienes tienen más ingresos.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que el proyecto tendrá un buen nivel de recaudo y “envía un mensaje de estabilidad en el comportamiento de la deuda, garantiza que hay una reducción en la misma hasta el orden de un 60 % y ayuda a bajar el déficit”.

¿Mipymes tendrán trato especial?

Los comerciantes del país avalan el nuevo proyecto de inversión social o reforma tributaria, documento que tuvo en cuenta muchas de las propuestas que hizo el sector privado como, por ejemplo, no poner impuestos a la clase media ni a los pensionados.

Sin embargo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que un aspecto que se debería tener en cuenta en el articulado de la iniciativa es que se implemente una tasa diferencial de renta para las Mipymes, es decir que no paguen el 35 % como está previsto para las empresas.

“El país necesita a su vez una reforma más estructural en el tamaño del Estado y acelerar la venta de activos improductivos que son una fuente de ingresos importante. Destacamos la inclusión de los tres días sin IVA por año, creemos que será gran dinamizador de la economía”, dijo.

Al respecto, Mauricio Santamaría, presidente de la Anif, dice que es preocupante que no se hayan planteado unas tarifas diferenciadas de renta paras las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Un hecho que impone barreras para los objetivos de generación de empleo y de disminución de la pobreza que persigue la reactivación económica del país en general”.

Las Mipymes representan alrededor del 99,6 % de los negocios del país, generan cerca del 79,1 % del empleo y se estima que aportan el 40 % del PIB, según Anif “En ese sentido, mayores imposiciones tributarias podrían afectar directamente la creación y sostenimiento de empleos formales y, por otra parte, podría impactar la estabilidad de las empresas y de su verdadera contribución tributaria”, reiteró Santamaría.