El problema del hacinamiento en las estaciones de Policía de la ciudad parece no tener fin y por el contrario se recrudece, según cifras entregadas por la Personería de Cali con corte al 27 de octubre, 20 de las 22 estaciones de Policía de Cali reportan hacinamiento, algunas llegan hasta un 2300 %.

Las estaciones de Policía que más presentan hacinamiento son Junín y Decepaz, ambas con 2300%, seguidas de El Lido, con 1980%; Mariano Ramos, que reporta 1960%; La María, con 1700%; Sultana con 1400% y El Diamante que registra 1350 %.

“Desde el 2020 la Personería viene haciendo un trabajo de seguimiento y alerta del hacinamiento que se viene presentando al interior de las estaciones, pues es una problemática compleja que se viene presentando desde hace mucho tiempo y cada vez toma mayor grado de complejidad. Actualmente en las estaciones de Cali se encuentran 2055 personas privadas de la libertad, de las cuales 74 son condenados y 1981 sindicados”, afirmó el Personero de Cali, Harold Cortés.

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A tal punto llega esta problemática, que se estaría trasladando hasta los CAI, en especial el ubicado en inmediaciones de la Terminal de Transportes de Cali, cuya capacidad máxima es de cinco personas y actualmente se encuentran recluidas 13.

Tras las fugas en las estaciones de Policía ocurridas el mes pasado, ocho pertenecientes a la estación de Meléndez y seis de La Sultana (Siloé), se revive el debate sobre si las autoridades pertinentes están tomando acciones frente a esta problemática.

Meléndez es un claro ejemplo de la situación en la que se encuentran los centros policiales, la capacidad de estas instalaciones para albergar detenidos es de hasta 10 personas, sin embargo, actualmente cuenta con 73 reclusos, de los cuales 71 son sindicados y 2 condenados, lo que representa un 1040% de hacinamiento.

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Sultana no se queda atrás, pues presentaba 43 sindicados recluidos en sus instalaciones, cuando la capacidad de esta es para máximo 12 personas.

“Las estaciones de policía no tienen mayores garantías de seguridad porque no son sitios idóneos para este tipo de retenciones, eso se evidencia con las fugas que se han presentado en las estaciones de Meléndez y Siloé. Ambas son situaciones que se están presentando y que fueron alertadas por la Personería hace mucho tiempo”, declaró Cortés.

Por su parte, el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que la Alcaldía ya está generando estrategias ante este problema: “Tenemos varios trabajos que estamos ejecutando para deshacinar las estaciones de Policía, contamos con un convenio con el Inpec para trasladar a las personas ya condenadas a centros carcelarios de Cali y municipios cercanos. Estamos identificando a aquellas personas privadas de la libertad por delitos de alto impacto, pues ellos serían los que están promoviendo fugas dentro de las estaciones de Policía y por ese motivo serán trasladados a centros penitenciarios que tengan el nivel de seguridad que necesitan estos personajes”.

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Para el experto en seguridad Pablo Uribe, los más afectados ante este problema son los uniformados, “esto es complejo y afecta a la Policía, los obliga a destinar patrulleros a cuidar detenidos y ellos no están entrenados para esta labor. Además, les afecta la moral porque convivir todo el tiempo con decenas de personas en condiciones infrahumanas afecta la salud mental de los policías”, y añadió que “vivir con personas imputadas es saber que se pueden fugar. Para los Policías es estar en un estrés constante”.

El Secretario de Seguridad de Cali contó que la Alcaldía busca atender este problema de manera eficaz, “estamos trabajando en habilitar un espacio de reclusión transitoria que estará en las inmediaciones de Cali, un espacio que albergará a cerca de 1000 personas privadas de la libertad y esto descongestionará en más de un 80% las estaciones de Policía”.

Según la Personería, este espacio se estaría habilitando cerca al sector de Navarro, no obstante, denuncian que este proyecto fue presentado por la Alcaldía en el mes de agosto y que, hasta la fecha, no se han reportado avances o fechas en las cuales iniciaría el traslado de los reclusos.

“Ellos afirmaron que están trabajando en un proyecto para la atención de los sindicados que se encuentran en las estaciones de Policía, pero hasta el momento no hay ningún informe de avance frente a esto. Estamos trabajando para que la Alcaldía nos entregue una respuesta respecto a cuál es el corto plazo del que hablan, porque hoy no hay ningún resultado, ni han dado tiempos, ni fechas ciertas, son respuestas superfluas”, declaró Cortés.

A pesar de que la responsabilidad en atención de los reclusos es una función del Inpec, la mayoría de los detenidos en las estaciones de Policía no han sido condenados y por el contrario, se encuentran a la espera de que se les judicialice, lo que supone una carga para la ciudad y para la Policía, ya que pasan a ser responsabilidad de la administración municipal y un número importante de uniformados deben cuidarlos y no pueden salir a la calle a realizar labores de patrullaje.

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Por otra parte, la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación por el problema de salubridad que se presenta al interior de las estaciones. “El tema de salud es bastante complejo dentro de las estaciones. Desde la autorización de un trámite, el traslado y el cumplimiento de una cita. La Policía ha asumido una competencia que no le corresponde y no tiene la capacidad logística de hacer esto, otros temas son la alimentación y las visitas, derechos que encontramos afectados”.

Harold Cortés también se pronunció con respecto a esta vulneración, “Las estaciones no están en las mejores condiciones de salubridad, las personas están siendo recluidas de manera indigna y con todo el desconocimiento de los derechos humanos. Hemos evidenciado alteraciones del orden público y afectación a las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad, también de los miembros de la policía y la comunidad general”.

Añadió: “Emitimos la alerta de que en la mayoría de estas estaciones los alimentos llegan a deshoras y algunos son recibidos en mal estado debido a la demora del transporte, estos son perecederos, elaborados en Villahermosa y distribuidos en la ciudad, pero la logística no ha sido la mejor, esto en su momento lo reportamos ante el Ministerio de Justicia”.
Para el experto Pablo Uribe, este problema de hacinamiento afecta también en gran medida a la Policía ya que “los obliga a destinar uniformados que deberían estar patrullando las calles a cuidar detenidos. Además, impacta el gasto de funcionamiento de las estaciones de Policía y las inversiones que la Alcaldía debe de hacer, por ejemplo, en construir mejores espacios para detenidos, servicios públicos, toda esa inversión que implica tener personas en un centro de detención es dinero que no se destina a proyectos y a mejorar la efectividad de los organismos de seguridad”.

“Hay que recordar algo muy importante, este hacinamiento es producto de la demora constante y exagerada en los procesos judiciales. La justicia en Colombia está desfinanciada, es ineficiente, utiliza procedimientos anticuados, anacrónicos, los procesos se pueden tardar años enteros y esto implica que una persona que debería estar transitoriamente en una estación de policía pase largos periodos de tiempo allá”.

Ante esto, El País consultó a un juez de Cali, quien dijo que “hay mucha demanda de los servicios de justicia, es decir, hay muchos casos para resolver y muy pocos funcionarios para atenderlos y eso ocurre en todas las áreas del derecho”.

Por el contrario, para el Personero de Cali esta problemática tiene un punto de vista diferente, “se está viendo que se están criminalizando conductas que pueden ser tratadas de manera extramural, no todo aquel que vaya y hurte un caldo de gallina debe estar pagando una pena intramural. Esta criminalización se ha convertido en que todo se volvió para la cárcel haciendo que se evidencie un problema de hacinamiento en los centros de transición y penitenciarios. Además, hay muchas personas privadas de la libertad de las cuales ya no tienen que estar tras las rejas pero, como no gozan de un abogado, siguen arrestados. Se supone que la Defensoría del Pueblo es la entidad que les otorga estos defensores públicos, pero tampoco tiene el alcance de estar revisando caso a caso”.

Gerson Vergara, Defensor del Valle, sostuvo que “lo que hemos hecho es evaluar el proceso y también gestionar el ingreso de los condenados al Inpec, de tal manera que no exista condenados en las estaciones. El Valle es uno de los departamentos que menos condenados tiene en las instalaciones de Policía, pero también asignamos defensores públicos en un programa que tenemos de deshacinamiento con el fin de determinar una posibilidad de una medida domiciliaria o administrativa que permita la ley”.