A pocos días de cumplirse el tercer aniversario del desplome de un ascensor que dejó dos muertos y cuatro heridos en el Palacio de Justicia, un incidente parecido se repitió en la mañana de este miércoles.

Un elevador de la Torre B se descolgó abruptamente del piso 11 al 6 con tres personas en su interior. Si bien no les causó muchas lesiones, han reaparecido el temor.

Según contó Diego Achinte, vocero de la Asociación Nacional de Empleados de la Justicia (Asonal), en la cabina iban el ascensorista y dos funcionarios de juzgados, quienes sintieron el vacío de los cinco pisos. Achinte afirmó que esta situación no es nueva, pese al cambio de los aparatos.

“Tan solo el 18 de junio en la Torre B, que es en donde están los empleados y parte del público, cuatro personas sintieron cómo un ascensor se desplomó por dos pisos y luego estuvieron atrapadas durante una hora mientras esperaban que los técnicos del ascensor destrabaran las puertas y las sacaran, pues no dejaron ingresar a los Bomberos para que intervinieran”, contó Achinte.

Pese a que estos hechos no se han presentado en la Torre A, hasta donde Asonal tiene conocimiento, sí ha habido constantes reportes de atrapamientos y descolgamientos que no han trascendido a la opinión pública y “pasan casi de agache, como si hubiera un pacto de silencio para que no nos enteremos de estos casos”, afirmó el funcionario del Palacio.

Además, enfatizó: “Esto nos causa mucha preocupación, porque no solo es un episodio, también hemos tenido reportes el año pasado. Y si apenas estamos con el 40 % del aforo por el covid, imagínese si luego hay más gente y con ello más riesgo de personas de experimentar estos incidentes. Si uno hace una inversión tan alta por cambiar estos ascensores, no se supone que ocurran estas cosas en equipos nuevos”.

Hay que recordar que después de los lamentables hechos ocurridos el 15 de agosto del 2018, siete meses más tarde el Consejo Superior de la Judicatura contrató a la empresa Otis Elevator Company por el valor de $3564 millones para no solo reemplazar los nueve elevadores de las dos torres del Palacio, sino también para ser encargada del mantenimiento permanente de estos, siempre que se requiriera.

Según informó Otis en su momento, primero se hicieron modificaciones en los pozos y cuartos de máquinas antes de proceder a la instalación de las cabinas.

Tan pronto iniciaron obras en marzo del 2019, estas concluyeron a principios de enero del 2020, por lo que varios de los juzgados tuvieron que laborar en diferentes edificios de la ciudad mientras concluían las labores.

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Frente a los hechos ocurridos el miércoles, técnicos de Gestión del Riesgo visitaron el lugar para verificar el estado del ascensor. Según explicó Óscar Orejuela, subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riego, “al parecer hubo un movimiento brusco que activó el sensor de movimiento y el ascensor tomó más fuerza al bajar, pero que activó el sistema de frenado y provocó el susto en los ocupantes en ese momento”.

El funcionario aseguró que el mecanismo está nuevo y no presenta desperfectos, además de señalar que cuenta con una certificación de mantenimiento con vigencia hasta noviembre de este año.

Es por eso que si bien reconoció que puede haber preocupación por problemas en el funcionamiento de los elevadores del Palacio de Justicia, estos se deben más a fallos de energía o casos en los que se exceda la capacidad de pasajeros, pero aseveró que no hay posibilidad de que vuelva ocurrir un hecho similar al de hace tres años.

El País intentó contactarse de manera repetida con Clara Inés Ramírez, directora seccional de Administración Judicial de Cali, para conocer su opinión sobre las denuncias de Asonal, pero no recibió respuesta.

El siniestro de agosto del 2018 suspendió más del 90 % de los despachos judiciales ubicados en el Palacio de Justicia para hacer las posteriores reparaciones.

Todavía no hay un veredicto de la justicia sobre la tragedia

Tanto las familias de las dos víctimas mortales, de Álvaro León Barros y Luis Alberto García, como de los cuatro heridos instauraron una demanda contra Inés Ramírez por homicidio culposo y lesiones personales culposas, pero a la fecha de hoy aún no hay una sentencia, según denunció el abogado Élmer Montaña.

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“Es un proceso que está paralizado, pese a que la Fiscalía ya tiene en su poder todos los dictámenes técnicos sobre las causas del accidente. Los elevadores (instalados entre 2012 y 2013) del Palacio no solo presentaban desperfectos, sino que también fueron modificados, pues las cabinas no se ajustaban a los huecos y eso fue un proceso que no se realizó en un laboratorio especializado”, recordó Montaña.

Ahora bien, el temor de las víctimas, agregó el abogado penal, es que el proceso se prescriba y por ende, el Estado pierda el derecho de continuar con la investigación. Para el caso del delito por homicidio culposo, le restan cuatro años para que eso ocurra y lesiones personales culposas, dos años.

“Ya hubo un pago por parte de la aseguradora a las víctimas del desplome, pero esto no puede convertirse en una expectativa para que desistan de la justicia. Aquí murieron personas y con el estado de esos ascensores se jugó una especie de ruleta rusa a todos a quienes íbamos al Palacio por ese entonces”, aseveró Montaña.

A su vez, Hernán Lozano, quien sufrió más de 150 fracturas a raíz del accidente de hace tres años, afirmó que todavía continúa con su recuperación diaria, pero con muy pocas posibilidades de volver a caminar, dado que la vértebra lumbar (L4) se pulverizó y las piernas sufrieron múltiples roturas.

“Aunque los exámenes dicen que es casi imposible y sigo en silla de ruedas, cada día trabajo desde la fisioterapia para mejorar lo que pueda mi movilidad. Y dado que el episodio me dejó fuertes secuelas mentales, debo tener tratamiento psiquiátrico y estar medicado”, detalló Lozano.
La víctima comentó: “En edificios muy antiguos como Colseguros, Banco de Bogotá o Piel Roja, en donde hay reliquias de ascensores, nunca ocurren estas cosas, y no deberían ocurrir, pero en elevadores más modernos como los del Palacio sí pasó. La responsabilidad es por negligencia”.