A pesar de los efectos del coronavirus que tienen a media ciudad en confinamiento, los homicidios siguen a la orden del día en Cali. Su duro impacto en cifras y la sociedad se diría que es casi similar a la larga estela de fallecidos que ha dejado el Covid-19 hasta el momento.
Solo entre enero y el 12 de julio pasado un total de 511 personas fueron víctimas de la violencia por causas aún no aclaradas, mientras el virus ha causado 580 decesos.
El dato, sin embargo, es inferior frente a igual periodo del 2019, cuando los homicidios sumaron 523, pero siguen siendo motivo de preocupación frente a lo que se avecina en la pospandemia.
Esa preocupación no es poca. Varios han sido los fines de semana y ‘puentes’ festivos violentos. Por ejemplo, en el ‘puente’ del 23 al 25 de mayo hubo 17 muertes. Y en el último fin de semana se reportaron 14.
Los meses más críticos (hasta ahora) han sido enero, con 95 homicidios; mayo con 87 y junio, que cerró con 93. Algunos analistas estiman que, como van las cosas, julio podría ser otro mes violento, en vista de que en los primeros 12 días se contabilizaron 36 homicidios.
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Y aunque muchos son casos lamentables, cabe destacar entre ellos el de la médica Mayerlin Cruz y su padre, Luis Carlos Cruz, quienes fueron baleados en la primera cuarentena durante un asalto a su casa a principios del mes de abril.Asimismo, el domingo 12 de julio el reportero gráfico de la Alcaldía de Cali Francisco Javier Parra murió tras el ataque de delincuentes, al parecer por robarlo, mientras el lunes 13 Kelly Johana Heredia, una joven en embarazo, fue asesinada por su expareja.
Cabe resaltar que los feminicidios también son motivo de alarma, con 13 casos durante este año, convirtiendo a las mujeres en la población más afectada. A eso se añaden 647 denuncias de violencia intrafamiliar y de género durante el confinamiento de la población.
Según la Alcaldía, la tasa de homicidios
es ahora de 41,9 por cada 100.000 habitantes, mientras en el 2019 era de 50,2. Aun así, alarma a muchos caleños.
¿Qué está pasando? Según explica el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, “hemos reducido esos hechos frente a la historia de los homicidios en los últimos 27 años, pero tenemos unos episodios que nos disparan las cifras”.
Se refiere a que mientras entre 1993 y el 2020 para el periodo enero-julio hubo en promedio 907 muertes violentas, a la fecha esa cifra es menor respecto a otras épocas.
Por lo tanto, sostiene, “no se trata de un rebrote en el sentido estricto, sino de un ajuste de cuentas entre las bandas dedicadas al microtráfico generado por las capturas y las incautaciones -incluso de armas- hechas en este año por la Policía”.
La adminis- tración del alcalde Ospina tiene previsto un plan integral de seguridad, basado en una exigencia del Gobierno Nacional, pero no se han revelado sus alcances.
A eso, anota el funcionario, se añade que esas estructuras delictivas están en una disputa muy intensa por las zonas y territorios que han dejado los capturados, lo que arroja un importante porcentaje de homicidios.
Tal fenómeno, agrega, tiene como telón de fondo “que el mercado del consumo se está moviendo después de la cuarentena estricta en los primeros meses con tensiones y deudas pendientes entre grupos delictivos”.
Más liderazgo e inversiones
Expertos y analistas coinciden en que para atacar ese fenómeno Cali requiere de un fuerte y bien financiado programa de seguridad, no solo para frenar los homicidios, sino el atraco callejero, el hurto, extorsión, los asaltos a establecimientos y el ‘gota a gota’.
Para las autoridades, el nuevo auge del microtráfico ha sido en gran medida el culpable de la mayoría de los homicidios registrados este año en la ciudad.
En ese sentido, el exdirector del Observatorio de Seguridad Álvaro Pretel señala que “Cali amerita un liderazgo y un norte con un fortalecimiento de la Justicia, mayor pie de fuerza policial y más labores de inteligencia con el apoyo de elementos tecnológicos para combatir el crimen en todas sus manifestaciones”.
La administración del alcalde Ospina ha programado $250.000 millones para los próximos cuatro años para destinarlos al programa de seguridad, ante lo que el concejal Fernando Tamayo considera que “es una cifra muy baja, y más cuando se llegue a la pospandemia, época para la cual se prevé un incremento de los delitos”.
En ese sentido, Pretel pone de presente “que para el Secretario de Seguridad es muy difícil que lidere al mismo tiempo la estrategia contra el covid y la de seguridad en un 100 %, lo que refleja que no existe todavía una política clara en este último campo”.
Sobre la polémica idea de militarizar o no a la ciudad, el experto señala que “esa estrategia y otras no deben tener tinte político, ya que la seguridad es un tema integral con un componente social sectorizado apoyado por gestores de Paz y Convivencia”.
Plan contra los violentos
Para enfrentar las diferentes variables de violencia, el Gobierno local alista un Plan Integral de Seguridad y Convivencia, Piscc, que traerá, entre otras cosas, un ajuste en la estrategia de los cuadrantes de la Policía para que tengan mayor campo de reacción.
Los analistas reconocen que el número de muertes violentas es ahora inferior a las registradas en los últimos años, pero el fenómeno no deja de preocupar.
Aun así, el secretario Rojas dice que es clave que “la ciudad ojalá tenga otros 2000 agentes de Policía en el próximo cuatrienio”. De esta manera, anota, “Cali quedaría muy bien para fortalecer sus tareas de vigilancia y de prevención del delito en la llamada pospandemia, que no es algo claro cuándo sucedería”.
El pedido de aumentar el pie de fuerza, que es un clamor colectivo, se planteará al ministro de Defensa, el vallecaucano Carlos Holmes Trujillo.
Hoy la ciudad posee 4000 uniformados en la parte operativa y unos 1000 en labores administrativas.
Frente a las críticas sobre el por qué se utiliza a la fuerza policial para controlar la indisciplina social frente al Covid-19, el funcionario explica que “es la única autorizada por la ley para imponer comparendos, aunque es un cuello de botella, pues si no lo hacemos no tendremos la forma de controlar a quienes violan la cuarentena”.
El plan contempla, básicamente, un componente de carácter social y de cultura ciudadana, combinado con intervención de las ‘zonas o comunas calientes’ donde se presentan más muertes violentas, asociadas a las 178 bandas criminales identificadas.
Entre ellas figuran las comunas 4, 7, 10, 13, 17 y 21, donde los homicidios se han incrementado entre un 7 % y un 57% en este año, pero no se sabe cómo serán esas intervenciones.
Al respecto, el concejal Tamayo recalca que “un plan de seguridad con un componente del 80 % de zanahoria y no garrote y un 20 % apenas de autoridad, no puede operar así”.
La cultura ciudadana, enfatiza, “es fundamental, pero debe ir ligada al principio de autoridad para generar verdaderos cambios, y eso no se logra solo con darles palmaditas en el hombro a los delincuentes, sino aplicándoles todo el peso de la ley”.
Lo que viene: ¿seguridad vs covid?
Adalberto Sánchez, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia, Cisalva, afirma que, debido a la pandemia, la Alcaldía “quitó un poco la mirada hacia el tema de la seguridad, y eso es entendible porque el covid es la prioridad”.
Pero recalca que “para el segundo semestre uno esperaría que se comenzaran a aplicar esas políticas y medidas de seguridad, y para eso se necesita dar un compás de espera, ya que para ese entonces la Administración tendrá una ruta consolidada para continuar la lucha contra el coronavirus”.
El académico destaca que en buena medida la violencia y los homicidios están ligados a la ilegalidad y a las redes criminales dedicadas al microtráfico. Sostiene que “la raíz primaria es la falta de oportunidades y la no inclusión de muchos ciudadanos al sistema de productividad, lo que de alguna forma los precipita a la ilegalidad”.
Allí, agrega, deben buscarse soluciones de profundo corte social para la pospandemia, “que es una ventana de tiempo donde se reflejarán las consecuencias (inseguridad y no crecimiento económico) del primer evento pandémico, pues los apoyos económicos del Gobierno privilegiaron a las grandes empresas y a la banca”.
Por su parte, el experto e investigador Alberto Sánchez Galeano opina que “falta una ruta clara de seguridad en Cali y una comunicación real del asunto a los ciudadanos, pues cuando bajan los homicidios se informa, pero no hay una explicación cuando suben”.
El otro punto, añade, “es que la Policía se dedica ahora a controlar el pico y cédula y no a la vigilancia, mientras la Secretaría de Seguridad vigila protocolos de bioseguridad en momentos en que los homicidios están disparados, cuando esa no es su misión”.
De allí, recalca Sánchez “que la ciudad no tenga hoy un direccionamiento estratégico de la Fuerza Pública a pesar de que cuenta con un batallón de Policía Militar tipo B (de 400 hombres) que puede complementar las capacidades de la Policía local. Por eso, no hubo buenos resultados con la ley seca y el toque de queda en las últimas semanas”.