Líderes de la agroindustria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca ven con reserva el texto del proyecto de reforma tributaria, especialmente el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, y expresaron que harán un pronunciamiento una vez terminen de analizar el impacto que pueda tener el sector.
Martha Betancurt, directora ejecutiva de Procaña, el gremio de los productores, y Claudia Calero, presidenta de Asocaña, gremio que agrupa a los ingenios, dijeron que es necesario hacer un análisis detallado del impacto que podrá tener la reforma, dado que la agroindustria de la caña de azúcar es la materia prima para miles de productos de consumo humano.
“Es un insumo fundamental para renglones productivos como el de confites, panaderías y sus derivados, entre otros, razón por la cual debemos estudiar muy bien las implicaciones que tendrá en la economía y en los consumidores”, señaló por su parte Guido Mauricio López, miembro de la Junta Directiva de Procaña.
El proyecto plantea un impuesto al consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados, entre ellas las que son a base de fruta en cualquier concentración, zumos, néctares de fruta, mezclas en polvo, bebidas energizantes, saborizadas. En general, cualquier bebida que contenga azucares añadidos o edulcorantes, así como las gaseosas, bebidas deportivas, refrescos, aguas endulzadas o saborizadas y bebidas a base de malta.
A esa lista se suman los polvos que presenten el carácter de azúcares aromatizados y coloreados que se utilizan en la preparación de limonadas y gaseosas.
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La señora Betancurt expresó que los asesores están revisando los puntos de la reforma y su impacto en la cadena productiva, especialmente para los productores de caña. Oportunamente entregaremos los pormenores y las propuestas que presentaremos para la discusión de la reforma.
Claudia Calero, vocera de los ingenios a través de Asocaña, comentó que desde la radicación de la reforma tributaria en la Cámara, el sector agroindustrial de la caña ha estado analizando el texto del proyecto y sus implicaciones, y estamos pendientes del trámite que se haga en el Congreso de la República.
¿Qué dice el proyecto?
En el caso de las bebidas, el articulado propone que la base gravable se aplique de acuerdo con el contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros (100 ml) del producto. La tarifa que plantea para cada bien depende del grado de contenido, conocido como concentración.
Según una revisión realizada por la firma Jiménez Higuita Rodríguez & Asociados, se explica que las bebidas con menos de cuatro gramos de azúcar no pagarán un impuesto adicional, pero las que tengan entre 4g y 8g tendrían una tarifa de $18 por cada 100 mililitros, y las que tengan más de ocho gramos de azúcar pagarían $35.
En el caso de los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares, la base gravable será el precio final de venta, la cual tendría una tarifa de 10%. Este modelo, también conocido como ‘ad-valorem’, es el que se ha utilizado en otros países para el gravamen de los dos tipos de producto, según Lauren Aguirre Moncada, consultora sénior de la firma.
Ajuste en precios
Suponiendo que el impuesto a las bebidas azucaradas se le traslade al usuario final directamente, una gaseosa de 1,5 litros subiría 6,5% su precio, debido a que según la tabla nutricional, este producto insignia tiene 17 g de azúcar por cada 240 ml. Al realizar las cuentas, dicha cantidad de azúcar se traduciría en 7g por cada 100 ml, y esto daría como resultado un impuesto de $18 por cada 100 ml. Es decir, en total, el incremento llegaría a $270 por el contenido neto de 1,5 litros de gaseosa.
Una gaseosa de este tipo cuesta, en promedio, $4.120, por lo que pasaría a valer $4.390.
Este ejemplo, es la representación de uno de los muchos productos a los que afectará la medida. Allí no solo estarán las gaseosas sino también otros productos como las bebidas a base de fruta en cualquier concentración; zumos; néctares de fruta; mezclas en polvo concentrados y jarabes, señaló la empresa Jiménez Higuita Rodríguez & Asociados.