Las ESE del negocio de la salud, ¿otro fortín de la contratación en la Alcaldía de Cali?

Hace más de un año que el Concejo de Cali no les hace control político a las Empresas Sociales del Estado, ESE. Estas fueron creadas en el año 2003 y cuentan con autonomía administrativa y patrimonio independiente, aunque están adscritas a la Secretaría de Salud.

Las ESE manejan los hospitales públicos de Cali y los centros de salud que están situados en los barrios, atienden a los usuarios de las EPS, en especial a los del régimen subsidiado, y venden servicios de salud en general.

En el 2021, en conjunto, las cinco ESE que existen en la ciudad manejaron un presupuesto de alrededor de $ 280.000 millones. La más poderosa es la Oriente con $ 100.000 millones, seguido de la ESE Centro con $ 65.310 millones.

Esto les permitió a los organismos de salud hacer contrataciones por un valor de $ 205.000 millones en un poco más de 3000 contratos.

Precisamente, por este potencial de presupuesto que manejan, se convierten en una tentación para las redes políticas. Solo la ESE Oriente tiene más recursos que muchos municipios del Valle. Por ejemplo, Candelaria tuvo un presupuesto en 2021 de $ 88.000 millones y ni qué hablar de poblaciones como Calima El Darién, que este año tiene para ejecutar $ 22.000 millones, o Bolívar, que apenas cuenta con $ 17.900 millones.

Por años, se ha dicho en la ciudad que cada una de las Empresas Sociales del Estado tiene un 'dueño' político, que no solo las usa como caudal de votos en época de elecciones, sino para contratar a su antojo. Sin embargo, poco se ha comprobado desde los diferentes entes de control.

Este año, a la Contraloría de Cali llegaron denuncias que involucran a la actual secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, las cuales hablan de las conexiones que podría tener con empresas que contratan con la red de salud. Ella fue gerente de la ESE Centro.

Por ejemplo, una de esas denuncias señala que durante los años 2013 y 2019, $ 10.963 millones fueron adjudicados en 558 contratos a cinco empresas, que tienen una característica particular: se constituyeron entre 2013 y 2017, algunas tendrían el mismo domicilio y estarían relacionadas financieramente entre sí.

Las compañías señaladas fueron: Inver Retos, MG Group, Proyectarq, Proyectos MC y Saluvi. Según la Contraloría, del total de contratos hechos por la ESE Centro entre el 2016 y el 2021, el 22 % se realizaron con esas cinco organizaciones, correspondiente a 1770 contratos por
$ 30.000 millones.

Eso no es todo, lo que se denunció es que tres representantes legales de estas compañías trabajaron con la Secretaria de Salud y estarían relacionados, lo que generaría incompatibilidades. Por ejemplo, la representante de MG Group fue tesorera de la ESE Centro varios años, y el de Saluvi SAS no fue empleado directo, pero sí afiliado a la Agremiación Sindical Agesoc —entre 2013 y 2016—, asociación que contrata con estas entidades.

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Sin embargo, la Contraloría desestimó las denuncias al no encontrar irregularidades y no se trasladó ningún tipo de hallazgo, en especial porque las Empresas Sociales del Estado se rigen por el régimen privado de contratación y que, según las pruebas, no se halló inhabilidad o incompatibilidad.

Otra denuncia investigada fue la contratación que han hecho las ESE con el laboratorio Las Acacias, al cual estarían vinculados familiares de la Secretaria de Salud.

Efectivamente, el ente de control comprobó que todas las ESE han tenido relación con esa empresa y “verificando que entre las vigencias 2017 con corte a mayo del 2022, se suscribieron 49 contratos cuyo monto ascendió a $ 2263 millones”, dice el informe.

Pero, consultada la Secretaría de Salud, en la investigación, dijo: “No tengo ningún vínculo familiar, ni parentesco con la representante que inhabilite la contratación con este laboratorio”.

La Personería de Cali ya había indagado sobre el caso y este quedó cerrado.

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Aun así, reinan las dudas sobre el manejo de estas entidades de salud y la relación de sus gerentes con algunos jefes políticos o familiares de estos en la región. Esto sin contar la viabilidad futura de estas empresas de salud, claves en la atención de los caleños.

Sobre el tema, Piedad Echeverry, gerente de la ESE Ladera, dijo: “Soy independiente, a mí me nombró el Alcalde y no estoy vinculada con ningún político, tengo amigos como todos los que ejercen funciones públicas. En esta ESE no pasa eso”.

Sin embargo, reconoció que uno de los mayores contratistas del organismo, como de otras entidades del sector, es Agesoc, una asociación que suministra personal en salud.

Hace pocos días, el alcalde Ospina y el gerente de la ESE Oriente protagonizaron un choque, en parte por la situación financiera de esta, pues se proyectó un déficit de $ 8000 millones para este año. Esta es la ESE más grande en términos de presupuesto.

En su momento, Óscar Ipia, gerente de la ESE Oriente, dijo que “al 31 de diciembre de 2022, proyectamos un déficit de $ 8000 millones, pero en ese dinero están los contratos que están corriendo. Por ejemplo, Emssanar debe $ 3000 millones, Coosalud debe $ 2700 millones y Asmet Salud, casi $ 1000 millones”.

Pero el concejal Roberto Rodríguez aseguró que la crisis financiera también llegó a este sector y considera que sin el apoyo del Distrito no será posible la supervivencia de las empresas.

“Primero, el sistema como se administra la salud de Cali debe ser reemplazado. Lo segundo, hay muchos señalamientos de cooperativas, corporaciones, con las que contratan, y que se repiten en todas las ESE. Toca evaluar de quién son y a quiénes representan. Existen los mismos carruseles en las ESE que en las otras entidades”, dijo.

La Comisión de Entidades Descentralizadas del Concejo informó que esperan que esta semana, en las sesiones ordinarias de la corporación, se haga debate de control político a las ESE de Cali.

Sobre el tema, el cabildante Carlos Andrés Arias dice que no puede hablar de buenos o malos manejos de las ESE. “Tengo que ajustarme a lo que dicen los órganos de control, que son lo que hacen la vigilancia. Me anunciaron, en el uso del control político, que van a presentar una propuesta para citar a las ESE al Concejo y evaluar su desempeño”.

Asimismo, afirmó que las Empresas Sociales del Estado tienen un acuerdo distrital que las rige, que es muy antiguo y les dio autonomía y un sistema de contratación diferente. “Muchos de sus servicios se tercerizan y eso sería lo que hay que revisar. Las ESE tienen junta directiva y ahí está el Alcalde, hay una liga de usuarios, órganos colegiados que deben generar controles externos e internos”.

La Contraloría de Cali ya hizo auditoría a estas empresas sobre la vigencia 2021. En ellas detectaron gran número de hallazgos, la mayoría relacionados con problemas en contratación, irregularidades en la planeación, en estudios previos, falta de coherencia entre las compras y los planes de trabajo de cada entidad. Algunos de estos fueron trasladados a la Procuraduría porque podrían representar una celebración indebida de contratos.

Está integrada por 27 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): El hospital Carlos Holmes Trujillo, 7 Centros de Salud y 19 Puestos de Salud. Tiene como zonas de influencia las comunas 13, 14, 15 y 21 y el corregimiento de Navarro.

El año pasado, la entidad celebró 476 contratos por un valor de
$ 71.848 millones. De estos, el 58 % (275) fue por orden de servicio por un valor de $ 35.925 millones. Esta es la ESE más grande de la ciudad en materia de presupuesto, con $ 100.000 millones en 2021. Su pasivo se duplicó al pasar de $ 10.384 millones en 2020 a $ 20.846 millones el año pasado.

En la más reciente auditoría de la Contraloría de Cali, se detectaron 13 hallazgos de tipo administrativo. Entre estos encontraron: fallas en la información contable, sobreestimación de cuentas por cobrar, incumplimientos en el plan de mantenimiento de equipos y dispositivos de cómputo, debilidad en estudios previos, entre otros, que, según el ente de control, son sujetos de un plan de mejoría.

Su red de servicios está constituida por 37 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): el hospital Cañaveralejo y 36 Centros de Salud. En 2021, la Red de Salud de Ladera celebró 826 contratos por un valor de $ 39.905 millones; de estos, 187 fueron de prestación de servicios por un valor de $ 22.000 millones.

De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, el pasivo aumentó 41 % al pasar de $ 8325 millones en 2020 a $ 11.802 millones en 2021.

En su informe, el ente de control detectó 17 hallazgos, en especial por la falta de planeación; no se evidenció asignación de recursos a las metas y actividades planteadas, hubo deficiencias en estudios y en adiciones en contratos.

“Hemos hecho un ejercicio de contención del gasto y optimización del recurso humano, que nos permite estar hoy en equilibrio financiero. Los ingresos se afectan por las glosas que hacen las EPS, lo que hace que tengamos que ajustar el presupuesto constantemente, pero somos viables”, dijo la gerente María Piedad Echeverry.

La ESE Suroriente cuenta con cuatro puntos de atención: el Hospital Carlos Carmona y las IPS Unión de Vivienda Popular, Mariano Ramos y Antonio Nariño. Tiene una zona de influencia de 112.135 habitantes.
El año pasado, realizó 424 contratos que ascendieron a $ 12.257 millones. El pasivo se incrementó 13 % y llegó a $ 5437 millones. El mayor porcentaje de contratación (48 %) se hizo con la Agremiación Sindical.

Para la vigencia fiscal 2021, esta Red de Salud presentó un déficit presupuestal de $ 2036 millones, debido a que los ingresos proyectados no se lograron recaudar en su totalidad. La Contraloría reportó 27 hallazgos en su más reciente auditoría.

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Respecto a la ESE Norte, esta tiene cobertura en las comunas 2, 4, 5, 6 y 7. Hacen parte el Hospital Joaquín Paz Borrero y 19 centros de salud que tienen presencia en estos barrios.

Angie Gutiérrez, gerente de la entidad, dijo recientemente a El País que “nosotros dependemos de la venta de los servicios de salud; sin embargo, en la parte financiera, hasta el momento, no encontramos ninguna contingencia en la vigencia 2022 para decir que tendremos un cierre con algún riesgo”.

Está conformada por 16 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), incluido el Hospital Primitivo Iglesias.

Celebró 1241 contratos que ascendieron a $ 51.941 millones en el 2021, según el informe de la Contraloría. Su pasivo de $ 7434 millones en 2020 pasó a $ 7019 millones en el 2021. Y cerró con un déficit de $ 256 millones.

El ente de control detectó seis hallazgos administrativos. Por ejemplo, se cuestiona la designación de un supervisor, en un contrato de obra, sin experiencia y la falta de pólizas en la compra e instalación de 25 paneles de energía solar en el Centro de Salud Obrero.

Sobre la situación financiera, Jorge Tamayo, gerente de la ESE Centro, dijo recientemente a El País que “estamos equilibrados; de hecho, tenemos proyectado que a 31 de diciembre de este año tendremos recaudos por $ 65.000 millones y unos compromisos de $ 64.500 millones, lo que quiere decir que cerraríamos con un excedente de
$ 500 millones”.