Las 'espinas' del uso de glifosato en Colombia tras la decisión de la Corte Constitucional

Sorpresiva para el alto Gobierno fue la decisión de la Corte Constitucional sobre el espinoso tema del glifosato, toda vez que las entidades que tienen que ver con la erradicación de cultivos ilícitos esperaban un fallo adverso, es decir, que se descartara el uso del herbicida para acabar con las hectáreas sembradas de hoja de coca y marihuana.

Sin embargo, todo empezó a cambiar el miércoles cuando se dio la primera sesión de la sala plena del Alto Tribunal. La deliberación se extendió durante toda la jornada y las opiniones estaban divididas entre los ochos magistrados que conforman ese órgano. Con ese empate, por llamarlo de alguna forma (aunque no hubo votación), se dio inicio a la sesión del jueves.

La rueda de prensa en la que se comunicó la decisión se inició a las 3:40 de la tarde, pero al finalizar fueron varias las dudas que se mantenían tras la lectura del fallo por parte de la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.

Pero, en síntesis, lo que señaló el máximo tribunal es que el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, tiene en sus manos la potestad de reanudar la aspersión con este químico.

Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa señalan que entre el primero de enero y el 4 de julio pasado los 100 grupos móviles de erradicación habían destruido 38.440 hectáreas, esto sin contar con las del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La meta para este año es acabar con 80.000 hectáreas, cifra a la que aspiran llegar antes de que acabe este 2019 si se aprueba la aspersión aérea con glifosato.
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Para volver a usar esa herramienta deben surtirse ciertos pasos, como lo señala el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren, quien detalla que “el fallo de la Corte Constitucional lo que hace es precaver que el glifosato se debe utilizar dentro de los marcos precisos donde se garanticen unos mínimos, de acuerdo a la normatividad vigente”.

Uno de los puntos en los que el Gobierno se sintió más ganador es en la condición número 6 que impuso la sentencia T-236 de 2017. Ese numeral advertía que para poder retomar las fumigaciones con el herbicida era que se expusiera “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.

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Esto era interpretado como cero daño, lo que equivalía a que se debía comprobar que el químico no ocasionara ningún efecto en la salud de las personas, de los animales o incluso de cultivos legales. El laboratorio que lo produce y comercializa enfatiza que el glifosato lo que hace es inhibir una enzima que es esencial para el crecimiento de las plantas y que la misma no está presente ni en humanos ni animales.

Pero, la Corte, flexibilizó este apartado y ahora lo que debe probarse es que existan las condiciones mínimas para rociar el químico sobre los cultivos ilícitos que, de acuerdo con datos oficiales, serían unas 208.000 hectáreas de coca que hay en los campos del país.

Para los expertos, una nueva aspersión podría abrir un boquete en demandas contra el Estado, que de ser falladas en contra, generarían millonarias indemnizaciones, no solo en la justicia nacional sino internacional, como sucedió recientemente en San Francisco, Estados Unidos, donde un jurado de esa ciudad estableció que el herbicida fue un “factor sustancial” para que un ciudadano llamado Edwin Hardeman padeciera cáncer.

“Evidentemente, en la medida en que se causen daños en la gente o sus bienes hay una cláusula que es la de responsabilidad, y si se presentan daños debemos sufragar estos (…) acá tenemos una encrucijada porque en el campo del narcotráfico nosotros llevamos la cruz”, agrega Aranguren.

Para el profesor Óscar Palma, de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, salvo la modulación en lo referente al daño causado, el fallo de la Corte se mantiene incólume.

Dice que “lo que ha tratado de hacer (el Alto Tribunal) es dar una explicación a los puntos del fallo anterior. La potestad de tomar la decisión de fumigar o no sigue siendo del Consejo Nacional de Estupefacientes. Las condiciones que la sentencia impuso en la sentencia del 2017 siguen estando allí”.

De allí que para algunos, como el canciller Carlos Holmes Trujillo, la erradicación de cultivos con el uso del glifosato es una posibilidad cada vez más cercana tras la decisión de la Corte Constitucional.

Así lo declaró ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el viernes en la tarde, pero fue más allá y se atrevió a señalar algunas de las herramientas que se usarían para acabar con el narcotráfico.

Dijo el responsable de las relaciones internacionales que “la acción del Gobierno se dirige a disponer del mayor número de herramientas posibles para la lucha contra las drogas: erradicación forzosa, erradicación voluntaria, acuerdo con las comunidades, fumigación a bajas alturas, oportunidad que en estos momentos se abre a raíz de la decisión que tomó la Corte Constitucional”.

A Trujillo, sin embargo, se le olvida que asperjar a bajas alturas es una medida que en estos tiempos no está en la carpeta de quienes hacen uso de estas herramientas, ya que eso supondría un riesgo para el personal en caso de que la aeronave esté tripulada; o una pérdida de la nave en caso de que sea un dron.

La razón es muy sencilla: los capos del narcotráfico que delinquen en las zonas de mayor extensión de cultivos ilícitos ahora cuentan con ‘baterías antiaéreas’ que podrían derribar una aeronave que esté en esas labores, según información en manos de las autoridades.

El CNE fue la entidad que en 2015 tomó la decisión de suspender la aspersión aérea tras la recomendación del Ministerio de Salud, que señaló que la clasificación de dicho herbicida era “probablemente carcinogénico para humanos”.

Frente al tema, Fabio Cardozo, asesor de Paz de la Gobernación del Valle, cree que el eventual regreso de las aspersiones agudizaría el conflicto social en el país porque “las organizaciones sociales y campesinas van a enfrentar este fenómeno”.

El funcionario agrega que desde esa entidad se tiene como prioridad respaldar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, haciendo énfasis en la zona rural de Jamundí, donde hay sembradas 1000 hectáreas de hoja de coca.

“El concepto de sustitución está proscrito en el lenguaje del Gobierno porque no hay recursos para seguir en ese proceso, y ahora se pone otro que es erradicación. En Jamundí, por la ampliación de la frontera cocalera, el Gobierno va a determinar un proceso de erradicación, sabemos que eso va a significar movimientos sociales y resistencia por parte de las comunidades, por eso vamos a crear una mesa de trabajo con esa población”, dice el funcionario.

El Asesor de Paz del Valle cuenta que trabajarán en un “plan de contingencia” para la zona rural de Jamundí, en caso de iniciar la erradicación de cultivos ilegales en ese territorio. “Vamos a diseñar una intervención consistente en proyectos productivos para que esos campesinos tengan alternativas de siembra y la manutención prospere”, puntualiza el funcionario del departamento.

Regulación imparcial y enfocada en los riesgos que tiene el uso del glifosato contra la salud.

El proceso de evaluación del riesgo debe alimentarse con las últimas investigaciones científicas en la materia.

La Corte considera que las alertas que detecten nuevos riesgos deben llevar a procesos automáticos de revisión y decisión para tomar medidas inmediatas.

El Gobierno no debe tomar decisión alguna sin la evidencia científica que respalde lo acordado.

Frente al fallo de la Corte que abrió la puerta a la aspersión con glifosato, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, aseguró que hay un incumplimiento en el cuarto punto del Acuerdo de Paz que fue firmado con las extinas Farc y que tiene que ver con sustitución de cultivos.

“El glifosato le hace daño al ser humano, no es efectivo y, además, es costoso”, dijo el mandatario, quien aseguró que erradicar una hectárea de hoja de coca, mediante la fumigación con glifosato, cuesta $72 millones, mientras que el proceso de sustitución $36 millones.

“Durante 10 años (2004- 2015) en Nariño nos llovió glifosato y los cultivos aumentaron”.

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