La forma en la que el Presidente está solicitando las facultades extraordinarias tendría problemas de constitucionalidad. La Constitución exige que esas facultades, otorgadas por el Congreso, sean precisas. Esa es la palabra exacta que utiliza, pero claramente los aspectos que está pidiendo el Gobierno Nacional son imprecisos”.

Así se expresa el abogado constitucionalista Héctor Riveros, a propósito de los catorce ‘super poderes’ que el presidente Gustavo Petro pretende obtener a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las seis facultades especiales adicionales que obtendría sí se aprobara la reforma que la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicó ante el Legislativo.

Una de las que más llama la atención es que se le otorgaría un periodo máximo de seis meses al Mandatario para que pueda modificar a fondo las entidades de la Rama Ejecutiva y determinar o modificar los objetivos y la estructura de las dependencias que resulten de esas transformaciones.

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En efecto, Petro podría “crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de la Rama Ejecutiva”, según el articulado del Plan de Desarrollo.

Además, “señalar, determinar o modificar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y los de las entidades a las cuales se trasladen las funciones de las suprimidas o transformadas”.

Riveros explica que ese ‘poder especial’ “es absurdo, porque es una facultad abierta para reformar toda la estructura del Estado, cualquier entidad de la Rama Ejecutiva, como un ministerio, un departamento administrativo o un establecimiento público, podría ser suprimido, fusionado o escindido y creado uno nuevo”.

“Esa es una facultad muy amplia, que no cabe dentro de las atribuciones que la Constitución autoriza que se deleguen en el Presidente. Ese es un riesgo de constitucionalidad que se tiene. Yo no creo que esas facultades, como están redactadas, cumplan con los requisitos”, agregó.

Asimismo, el analista político de la Universidad Central Jorge Luis Yarce menciona que “preocupa que esos ‘poderes especiales’ dan carta blanca para la transformación de toda la estructura del Estado, porque básicamente no dejó ‘títere con cabeza’ en las posibilidades de dichas reformas. Muy interesante entender que está planteada la posibilidad de la creación de nuevas instituciones públicas y, por ende, de nueva y mayor burocracia”.

“Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es de dónde saldrá el presupuesto para cumplir con esos planteamientos, las nuevas instituciones y sus funciones en una economía deficitaria, golpeada por la devaluación de la moneda y flanqueada por el sobrecosto que se genera en la deuda externa respecto del mayor valor que tiene la moneda en la que están tasadas esas deudas en el exterior”, dice.

El constitucionalista Riveros advierte que adicionalmente “hay un riesgo de que se tomen decisiones sin la deliberación pública correspondiente, porque lo que aporta que una decisión se tome en el Congreso, además de que se tome por un cuerpo representativo o plural, es que haya una discusión pública: la gente habla, se hacen audiencias, en los medios también se debate”.

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“Pero con las facultades extraordinarias no hay esa deliberación. Se acaba, porque no hay un proceso de construcción público y eso debilita el sistema democrático”, agrega.

En ese sentido, Yarce señala que “las facultades extraordinarias deberían ser específicamente extraordinarias y no restándole funciones a las instituciones constitucionalmente creadas. Es muy preocupante que Gustavo Petro esté usando la reforma a la salud y el Plan Nacional de Desarrollo como un medio para saltarse la deliberación del Congreso, o sea la representación delegada del pueblo a través del Legislativo”.

Añade que “eso pone en tela de juicio la naturaleza democrática del Gobierno y el interés de las reformas. Parece ser un error craso por parte del Ejecutivo partir de ese fundamento, cuando perfectamente, contando con mayorías absolutas, podrían hacer los trámites legislativos necesarios para dar la trazabilidad de las discusiones y darle la tranquilidad a la comunidad internacional y al pueblo colombiano de que se está haciendo de forma transparente y clara”.

Además, para Riveros hay algunos ‘poderes especiales’ que “son innecesarios, porque el Mandatario simplemente no las necesita, las tiene de forma permanente. Pero en sí el problema de esos aspectos que está solicitando está en la forma en la que se piden en los dos proyectos de ley. Tanto en la reforma a la salud como en el Plan Nacional de Desarrollo hacen una solicitud muy vaga y eso no es lo que autoriza la Constitución”.

Finalmente, Yarce anota que “queda el ‘tufillo’ de desquite en el marco de esas funciones extraordinarias, porque seguramente dentro de las instituciones a eliminar o modificar tendrá que estar la Procuraduría General de la Nación y esa es una duda que tendrá que estar presente”.

Más facultades

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue quien denunció los catorce ‘micos’ del Plan Nacional de Desarrollo.

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Entre ellos está la posibilidad de modificar el presupuesto para financiar el cumplimiento de funciones que se generen con la creación y modificación de entidades.

Además, se podría adquirir a título gratuito la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil y hacer una reestructuración para la prestación de servicios de salud o investigación.

Otro de los ‘super poderes’ que tendría el Presidente sería regular los usos alternativos del cannabis y la hoja de coca con fines medicinales, terapéuticos y científicos.

Entre las facultades que más ha sido criticada está la que le daría la posibilidad al Gobierno de implementar una nueva política de drogas, con una proyección a diez años, porque el articulado no es específico en las características ni los objetivos de la iniciativa.

Asimismo, el Ejecutivo podría establecer una acción especial de titulación de la posesión de quien “posea de manera material, pública, pacífica e ininterrumpida, durante tres años, un inmueble rural de propiedad privada”.