Los alcaldes del Valle que están señalados de presunta corrupción

Si los argumentos de la Fiscalía prosperan, tal como desde el ente de investigación se asegura que va a ocurrir, el próximo año deberían elegir nuevamente alcalde en los municipios de La Victoria, San Pedro y Candelaria.

Pese a que este, su primer año, ha sido un inicio atípico de Gobierno por cuenta de la pandemia del Covid-19, los mandatarios de La Victoria y San Pedro quedaron inmersos en el seguimiento que realiza la Fiscalía para garantizar transparencia con los dineros de la emergencia.

El primero, por cuatro contratos con la esposa de uno de los financiadores de su campaña y señalado por el ente investigador de, supuestamente, armar un entramado en el que habrían fabricado ellos mismos la gel antibacterial que luego compró el Municipio y distribuyó entre los ciudadanos.

En el caso de San Pedro, la Fiscalía encontró irregularidades en la firma de contratos para adquirir los mercados para las familias vulnerables durante el periodo de aislamiento obligatorio y que fueron comprados por la Administración local en un supermercado que resultó ser de propiedad de un concejal de Tuluá.

Más compleja todavía es la situación del Alcalde de Candelaria, varios contratistas y personal del despacho porque, de acuerdo con los fiscales, “los funcionarios de la Alcaldía se habrían concertado con particulares para sacar provecho personal y apropiarse de los dineros del Municipio”.
Situación que, de acuerdo con analistas, es propiciada en gran medida por el afán de favorecer a quienes ayudaron a los mandatarios a llegar al cargo, y que seguramente ampliará la lista de alcaldes en líos en un futuro próximo.

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Según fuentes cercanas al proceso, en el marco de la pandemia contrataron la adquisición de gel antibacterial y en el trámite de selección falsificaron las cotizaciones de otros oferentes. Pero lo prepararon ellos mismos, sin el registro del Invima, y así lo entregaron.

Esta fue una de las razones por las que el 12 de agosto pasado fue capturado el alcalde de La Victoria, Mario Alejandro Reyes; el secretario de Gobierno, Jaime Eduardo Vivas, y la contratista María Borinque Guevara, quien es la esposa de uno de los financiadores de la campaña a la Alcaldía.

Son cuatro contratos por $160 millones que, de acuerdo con la Fiscalía Seccional del Valle, “se habrían otorgado de forma directa, al parecer, como contraprestación por aportes a la campaña del Mandatario”.
Aunque el Alcalde de La Victoria quedó en libertad un mes después y continúa en el cargo, sigue en firme el proceso por los supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar y ofrecer.

En diálogo con El País, el Mandatario aseguró que los contratos se hicieron bien. “Con la escasez no se conseguía una gota de gel y no es que nosotros la hiciéramos, sino un químico que tiene los certificados, aunque no tenía registro Invima, pero nosotros le mandamos a hacer los respectivos análisis”.

Sobre la contratista, reconoce que es la esposa de una persona que puso $10 millones a su campaña, pero que fue un préstamo y no una donación, como dice la Fiscalía en el proceso.

Los contratos por los que está preso el alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez, son los mismos que denunciaron y por los que habrían sido asesinados el 30 de enero de este año los líderes sociales Iván Giraldo y Jhonatan Borja.

El primero fue suscrito en noviembre del 2019 por el entonces alcalde, Yonk Jairo Torres, para construir tres canchas de fútbol con baños y graderías en los corregimientos de Arenal, Buchitolo y Poblado Campestre.

Su valor era de $229 millones y el tiempo de ejecución un mes. Y aunque los escenarios deportivos no fueron terminados en su totalidad, el nuevo Gobierno, de la misma línea del anterior, le concedió más recursos y más plazo al contratista, pero aún así, dice la Fiscalía, la obra nunca culminó en su totalidad.

El segundo contrato, también denunciado por los líderes asesinados y por otros que temen por su vida y siguen sin protección del Estado, era para el mantenimiento de vías terciarías y habría sido direccionado, según la Fiscalía, a un mismo contratista.

En ambos casos, los funcionarios encargados de las etapas precontractual y de ejecución supuestamente favorecieron a José Ulises Asprilla para que se quedara con los dos convenios mencionados.

Para eso habrían ajustado las normas existentes de contratación para beneficiarlo, falsificaron firmas y documentos, incurrieron en suplantaciones, y no ejercieron control ni supervisión, dijo la fuente.
Incluso, le hicieron un otrosí a las canchas cuando ya el contrato había culminado.

En el marco de las investigaciones a los contratos con recursos destinados a atender la pandemia, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó la medida de aseguramiento contra el alcalde de San Pedro, Jhon Jaime Ospina.

En este caso, se pudo establecer que el Municipio contrató el 1 de abril del 2020 la adquisición de 780 mercados para la población vulnerable, por cerca de $50 millones con el propietario del granero ‘El Portal de Andrea’, ubicado en Tuluá.

Seis días después, se hizo una otrosí por algo más de $24 millones, cuidando que el contrato no tuviera una adición superior al 50 % del valor del mismo.

Dos semanas después, el 23 de abril, se celebró un nuevo convenio, con el mismo contratista, para suministrar 1278 kits alimentarios, por otros $96 millones.

Nada parecía fuera de lo común, hasta que se supo que el contratista y propietario del granero es un concejal de Tuluá, quien está cumpliendo con su segundo periodo como cabildante en esa localidad.

Por esa razón fue también detenido por funcionarios del CTI el concejal Carlos Arturo Londoño, del partido Conservador, por la presunta violación del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades para servidores públicos consagrado en la Ley 1952 de 2019, que reforma el Código Disciplinario.

Tanto el Artículo 127 de la Constitución Nacional como el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 son aplicables a los concejales porque estos son considerados servidores públicos y eso los inhabilita para celebrar contratos con entes territoriales.