Los diez hechos políticos que marcaron a Colombia en el año que termina

“Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el Covid-19”, lamentó el presidente Iván Duque, en un video publicado en su cuenta de Twitter el martes 26 de enero.

El Mandatario colombiano perdía así uno de sus escuderos más fieles, al punto que desde el inicio de su mandato lo había nombrado ministro de Relaciones Exteriores, pero cuando necesitó reacomodar sus fichas para superar una crisis política no dudó en encargarlo de la cartera de Defensa, de la cual Trujillo se apersonó.

Sin embargo, la pérdida también fue grande para el partido de Gobierno, el Centro Democrático, puesto que se daba por sentado que el político vallecaucano renunciaría a mediados de marzo para asumir la candidatura presidencial del uribismo de cara al 2022.

El 28 de abril fue un día de contrastes en Colombia. En la mañana hubo multitudinarias marchas pacíficas en contra del Gobierno Nacional en varias ciudades del país, como Cali. Pero después del mediodía la capital del Valle fue escenario de hechos violentos que incluyeron destrucción de estaciones del MÍO, incendio de sedes bancarias y saqueo de almacenes.

Además, las entradas a la ciudad fueron bloqueadas por lo que se autoproclamó la Primera Línea, dando inicio a casi dos meses de zozobra, escasez de alimentos y combustibles, y fuertes choques entre la Fuerza Pública y los jóvenes protestantes, que dejaron muertos y heridos, junto con millonarias pérdidas económicas. Por ese motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una visita técnica al país, dictaminando que hubo “excesos” al controlar las manifestaciones.

Un proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se convirtió en la génesis de la protesta social de abril, dado que, según los opositores de la iniciativa legislativa, las medidas incluidas en ella, que tenían el propósito de resolver la crisis derivada de la pandemia, golpearían de manera grave las finanzas de la clase media.

El nivel de tensión en el país llegó al punto de que el 2 de mayo el presidente Duque le anunció al país su decisión de retirar el proyecto y al día siguiente el titular de esa cartera renunció a su cargo.

En su reemplazo fue nombrado José Manuel Restrepo, quien tiempo después presentó una nueva reforma tributaria que, tras aprobada por el Legislativo, el pasado 14 de septiembre fue sancionada como ley de la República.

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El pasado 1 de marzo, el presidente Iván Duque firmó el Decreto 216 de 2021, mediante el cual Colombia adoptó el Estatuto Temporal de Protección al Migrante, cuyo objetivo es dar herramientas legales para atender a millones de venezolanos que han huido de su país hacia el territorio nacional, ante la crisis económica, política y social derivada del mandato del chavista Nicolás Maduro.

La promulgación del mismo le ha significado amplio respaldo al Mandatario colombiano por parte de la comunidad internacional y las Naciones Unidas.

“El gesto más importante que ha producido un país de América Latina y el Caribe, de paz, es albergar a 1,8 millones de migrantes, como lo ha hecho Colombia, entregándoles la posibilidad de hacerse visibles, de construir un proyecto de vida, de renacer”, dijo Duque en días pasados.

El 8 de junio fue presentada al país la Coalición de la Esperanza, como una alternativa política de centro para las legislativas y las presidenciales de 2022.

Bajo el liderazgo del exjefe negociador de Paz Humberto de la Calle, el senador Jorge Enrique Robledo, el exsenador Juan Manuel Galán, el exministro Juan Fernando Cristo y el exgobernador Sergio Fajardo.

En un comienzo se anunció que la Alianza Verde, con Angélica Lozano a la cabeza, haría parte de la nueva fuerza política, pero no todo el partido estuvo de acuerdo con esa decisión, de manera que la división interna de los verdes terminó por ‘enfriar’ la Esperanza. Sin embargo, en noviembre resurgió con otro nombre: Coalición Centro Esperanza, luego de que, por iniciativa de Cristo, se realizará un cónclave entre los mencionados y el también precandidato Alejandro Gaviria, quien se distanció del jefe liberal, César Gaviria.

En agosto, la periodista Paola Herrera denunció anomalías en un contrato del Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, por $1,07 billones, para instalar puntos digitales en escuelas rurales de regiones apartadas del país, otorgándole un anticipo de $70 mil millones.

Al parecer, el adjudicatario presentó tres pólizas falsas y, según la investigación de La W Radio, no contaría con experiencia en conectividad digital ni con la capacidad financiera para ejecutar el contrato.

Ante la magnitud del escándalo, el presidente Duque, que en un principio había respaldado a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, le pidió la renuncia, que ella hizo efectiva el 9 de septiembre.
Antes, ella había solicitado que se declarara la caducidad del contrato y los organismos de control habían iniciado investigaciones que aún no concluyen.

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El pasado 4 de agosto, la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegado Gabriel Jaimes, pidió la preclusión de la investigación que por supuestos sobornos a testigos y fraude procesal se le sigue al expresidente Álvaro Uribe.

Jaimes argumentó debilidad en las pruebas que llevaron a que la Corte Suprema de Justicia ordenara prisión domiciliaria en contra del político antioqueño, lo cual sucedió antes de que, tras la renuncia del acusado a la curul que ocupaba en el Senado, su caso pasara a la justicia ordinaria.

Sin embargo, la enfermedad del abogado de una de las personas acreditadas como víctimas en el proceso y el inicio de la vacancia judicial de fin de año llevaron a la jueza encargada del mismo a aplazar la continuación de la audiencia para el 13 de enero de 2022.

El 20 de noviembre, el senador conservador David Barguil, la exgobernadora del Valle del Cauca y presidenta del Partido de la U Dilian Francisca Toro, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa, de Medellín Federico Gutiérrez y de Barranquilla Alejandro Char, se reunieron en la capital del país y sellaron una unión a la que bautizaron Equipo por Colombia.

Su objetivo es medirse como precandidatos presidenciales en una consulta interpartidista el próximo 13 de marzo y apoyar al que resulte ganador para que compita en la primera vuelta de mayo con el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Una vez Óscar Iván Zuluaga fue proclamado como candidato del Centro Democrático a la Casa de Nariño se daba por descontado su arribo al Equipo, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

En noviembre, al conmemorarse los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vino a Colombia, donde se reunió con el presidente Iván Duque y viajó a uno de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde compartió con excombatientes de las Farc que aún viven en ellos.

El líder de la ONU destacó la promulgación por parte del Mandatario colombiano, a finales de agosto, del Acto Legislativo que crea las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz convenidas en las negociaciones entre el Estado colombiano y las Farc en Cuba, que permitirán que en marzo próximo se elijan a igual número de víctimas en la Cámara de Representantes.

Guterres también respaldó la labor adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

Durante las sesiones extraordinarias, a las que se convocó el Congreso de la República la tercera semana de diciembre, se discutió un proyecto impulsado por el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia destinado a aumentar las penas a delitos como el homicidio, cuando las víctimas son miembros de la Fuerza Pública, y a mejorar la reglamentación sobre el porte de armas, entre otros asuntos que, en opinión de los opositores, coartarán el derecho a la protesta.

No obstante, los ministros de Defensa y del Interior aseguran que se busca reducir la impunidad y dotar de más herramientas a jueces, fiscales y autoridades para mejorar la seguridad en las capitales del país.

La nueva normatividad fue conciliada entre la Cámara de Representantes y el Senado y quedó lista para ser sancionada por el presidente Iván Duque.