Son dos las reformas políticas que se tramitan en el Congreso. La presentada por el Gobierno y otra de autoría de los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila.
¿Cuál es la diferencia entre ambas, qué reparos se le están haciendo a cada una y en qué estado están?
El primer proyecto de acto legislativo se enfoca en los procesos electorales y, según dijo en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada, “tiene un sentido práctico” y recoge “lo que es más urgente y viable para transformar la política en Colombia”.
Lo cierto es que la semana pasada fue aprobada en la Comisión Primera del Senado y está pendiente de los otros siete debates que debe surtir para convertirse en ley de la República.
Entre lo avalado se contempla las listas cerradas para candidatos al Congreso “para evitar la compra y venta de votos y el sistema corrupto clientelar, con la financiación prevalentemente estatal a los partidos no a los candidatos individualmente”.
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“Permite que lleguen liderazgos que no tengan estructuras políticas, así como que los partidos se asumen como de gobierno, de manera que quienes ganan la elección, gobiernan”, dijo el presidente del Senado, Roy Barreras.
Sin embargo, tras destacar la positividad de la iniciativa, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que “para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad de género tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso hasta el 2030”.
“Uno de los objetivos de la lista cerrada es facilitar el control, por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados. Si se mantiene el modelo de que cada candidato consigue recursos, los maneja y los reporta, la reforma no presenta cambios en esta materia, y no avanza en el objetivo de transparentar la financiación”, planteó Camilo Mancera, director (e) de la MOE.
De su lado, Transparencia por Colombia llamó la atención con respecto a tres riesgos que traerían retrocesos en caso de que se apruebe la reforma del Gobierno: en la transparencia del financiamiento de partidos y campañas políticas, en la regulación de conflictos de interés de los congresistas y en el equilibrio de poderes por cambios en inhabilidades de los parlamentarios.
“Está pendiente ver una apuesta de reforma que apunte más decididamente a incrementar la transparencia, el fortalecimiento del sistema de partidos y de los órganos electorales, y la sanción oportuna por irregularidades en el financiamiento de la política”, dijo Andrés Hernández, director del ente.
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De carácter institucional
Así se denomina el segundo proyecto de reforma política, liderado por los senadores De la Calle y Ávila, el cual propone la transformación de las autoridades del sistema electoral del país.
Pero esta iniciativa tampoco ha estado exenta de observaciones, ya que el Consejo de Estado objetó la creación de una nueva corte electoral, porque “dificulta la delimitación de las funciones o atribuciones entre esta y los órganos de cierre ya existentes”.
Ante ello, los legisladores retiraron esa idea pero ratificaron “la importancia” de modificar a fondo el CNE y la Registraduría. “Solo dos países tienen una organización como la nuestra, donde los miembros encargados de vigilar a los partidos son elegidos por los mismos partidos”, dijo De la Calle.
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Junto a Ávila enfatizó en que la reforma planteada “sigue resolviendo la concentración excesiva de funciones en la figura del Registrador y la ausencia de pesos y contrapesos del CNE. Esta reforma busca modificar sus funciones y trasladarlas a un nuevo consejo electoral colombiano”.
Y dado que el registrador nacional, Alexánder Vega, respaldó en un comunicado la posición del Consejo de Estado, De la Calle sostuvo que “dicen que nosotros impedimos que haya autoridad electoral, esto es falso, la Registraduría debería leer el proyecto antes de criticarlo”.
“Este proyecto no busca herir susceptibilidades personales a las autoridades que modifica, busca garantizarle al país autoridades transparentes, céleres, independientes e imparciales que puedan ser el punto de partida en limpiar la política en el país”, añadió el congresista coautor de la iniciativa parlamentaria.