Luis González ha aprendido a conocer Cali por la Calle 25 y la Calle 5. La primera la recorrió hace más de dos años para salir hacia el sur, a Popayán. La segunda es hoy el corredor donde suele vender chupetas y bananas tratando de levantar, al menos, los $10.000 que le cobra un casero por rentarle a diario un cuarto en una pensión en San Pascual, en el centro.
Este hombre moreno y de costillas marcadas ya completa tres semanas en la capital del Valle, donde llegó junto con su esposa, Johannis; y su hija Loren, quien nació en diciembre del año pasado.
Fue precisamente Loren quien lo hizo dejar atrás su trabajo como cotero en la galería La Esmeralda, en Popayán, y volver a Mérida, en Venezuela. Volver por ellas. “Tenemos que probar suerte todos juntos esta vez, porque en Venezuela no hay cómo vivir, no hay ni con qué comer y cuando hay ‘filo’ (hambre), no hay nada más que salir a buscar suerte”, comentó Luis, quien a diario logra vender en los semáforos entre $15.000 y $25.000 en dulces.
Ha sido una travesía de más de 1200 kilómetros desde Mérida hasta Cali, caminando por trochas y carreteras, ‘pidiendo cola’ (aventones), empujando el coche de Loren.
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Esta familia hace parte de las estimaciones que tiene Migración Colombia sobre el retorno de migrantes en medio de la pandemia, pues según Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, en los próximos meses el 80 % de los ciudadanos venezolanos que salieron del país podría regresar".
Lo que hemos detectado ahora es una entrada irregular de venezolanos hacia Colombia buscando rutas económicas que les permitan subsistir. Lo estimado es que el 80 % de los que salieron van a reingresar, pero lo van a hacer con una o dos personas adicionales”, dijo Espinosa, quien señaló que en meses pasados alrededor de 115.000 migrantes regresaron a Venezuela.
De acuerdo con el funcionario, más de 300 personas estarían cruzando diariamente por las trochas ilegales que hay en los 2219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela.
Y aunque hoy los pasos fronterizos terrestres se encuentran cerrados, Espinosa señaló que se estima que al menos 200.000 ciudadanos venezolanos regresarían a Colombia, una vez el Gobierno decida abrir nuevamente las fronteras con Venezuela, Ecuador y Perú.
En Cali, de acuerdo con los registros de Migración Colombia, hasta el 31 de agosto de este año residían 59.580 ciudadanos venezolanos, lo que le convierte en la quinta ciudad del país con mayor número de migrantes, después de Bogotá (337.526), Cúcuta (101.361), Barranquilla (94.290) y Medellín (87.502).
Según explicó la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, el éxodo venezolano ha tenido tres tiempos en Cali. “Al inicio de la migración llegaron empresarios, luego llegaron profesionales y en los últimos meses han llegado bachilleres o personas que tienen un nivel básico de escolaridad. Durante el inicio de la pandemia llegó mucha gente que iba a retornar a su país y se quedaron, porque estábamos atendiéndolos. Ya tenemos en nuestros Centros de Desarrollo Infantil 600 niños y más de 11.000 estudiantes en las instituciones educativas oficiales”, dijo.
Hoy, la Secretaría de Bienestar Social tiene registro de 23.186 migrantes en la ciudad. De ellos, 13.549 son hombres y 9637 mujeres; en total hay 3564 niños y 2966 niñas.
Su situación no es sencilla, pues 21.841 de este grupo de refugiados no tienen el Permiso Especial de Permanencia, PEP, que es el documento que les permite acceder a la oferta de salud, educación, trabajo y atención de niños; mientras que solo 1.344 de ellos sí lo tiene.
Asimismo, 22.759 han manifestado que su intención es residir en la ciudad, mientras que 427 aseguraron que quieren retornar a Venezuela.
Ante esto, la magíster en migraciones y directora del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura, Mariana Carmona-Vescance, señaló que es importante que al registrarse una reactivación del proceso migratorio se debe establecer una estrategia transversal de atención que garantice los derechos de los refugiados, se logre una inserción de esta población y se eviten los casos de xenofobia.
“Esta es una migración que puede durar muchos años, por eso las administraciones tienen que prever estos flujos y mirar cómo articular esas migraciones, sobre todo las que tienen vocación de permanencia, hacia las demandas del mercado laboral; esta es una gran incógnita, porque los migrantes en situación irregular suelen ser sujeto de abuso y violación de sus derechos. Este será un gran reto no solo para la administración local, sino para el Gobierno Nacional y los actores no estatales”, afirmó Carmona-Vescance.
En ese sentido, la Secretaria de Bienestar Social del Municipio adelantó que ya se está elaborando un plan de acción de atención para los migrantes, el cual se está construyendo junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados.
“La idea es que a mediados de diciembre tengamos ese plan construido para saber en qué y cómo se destinarán los recursos de cooperación internacional y del Municipio, a través de las secretarías de Educación, Salud, Bienestar Social. Así se podrán priorizar poblaciones y dar una atención con mayor impacto y focalizada”, aseguró Perdomo, quien añadió que a principios de diciembre se espera que empiece a funcionar un punto de información al migrante en la Terminal de Transportes de Cali.
Otra de estas estrategias para afrontar un creciente número de refugiados en la ciudad y que se espera concretar el próximo año, es un Centro de Atención al Migrante. Para este fin ya hay destinada una casa en el centro de la ciudad, la cual deberá ser sometida a adecuaciones para poder operar a partir del próximo año.
“No será un albergue, será un punto de atención para esta población en el que se dará oferta en capacitaciones, oferta de empleo de acuerdo al perfil profesional, asesoría en salud, atención de entidades internacionales y servicios que dignifiquen la situación de los migrantes.
Esto solo será posible si desde la Gerencia de Frontera y los organismos internacionales se aporta para las adecuaciones, porque el Municipio no tiene recursos”, aseguró la titular de Bienestar Social, quien refirió que ya hay estudios y diseños para este bien y los trabajos oscilarían los $100 millones.
Pero el eventual arribo de migrantes que proyectan las autoridades se pueda dar en las próximas semanas o meses supone una presión para el sistema de salud de la ciudad. Hoy, todos los refugiados tienen derecho a la atención de urgencias, pero el acceso al sistema de seguridad social está limitado al estatus migratorio; de hecho, solo 1229 refugiados están afiliados a alguna EPS (5 %), mientras que los restantes 21.957 (95 %) carece de aseguramiento.
Aparte de la atención de eventuales casos de covid que se puedan registrar entre migrantes, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, señaló que el sistema de salud podría recibir casos de poblaciones sensibles como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años que requieren vacunación y adultos mayores que tienen comorbilidades.
Para esto, en el presupuesto del 2021, que se discute en el Concejo, se están aforando $1525 millones para fortalecer la atención en la red de salud de baja complejidad de Cali, donde se suele atender a esta población.
De hecho, este rubro y otros $450 millones que serán destinados para el plan de acción de migrantes y el centro de servicios migratorios son las únicas inversiones proyectadas en el presupuesto Municipal del próximo año para los refugiados, recursos que parecen quedarse cortos para atender a una población que todos los días crece.
El futuro del campamento
La próxima semana se definirá el destino de los refugiados que desde hace más de cinco meses residen en el campamento que en torno a la Terminal de Transportes, en el norte de la ciudad.
Allí, de acuerdo con una caracterización hecha por la Alcaldía, residen 42 familias. Para la atención de esta población ya habría definidos unos recursos de cooperación internacional, en aras de realizar una intervención en la zona que derive en la recuperación de este espacio público.
Así las cosas, explicó Perdomo, “ya sabemos quiénes quieren retornar, quiénes quieren seguir su camino a otros municipios y quiénes se quedan en Cali. Dependiendo de esto, cada quien recibe la ayuda correspondiente”.
La titular de Bienestar Social añadió: “La idea es que estos asentamientos no se sigan presentando, porque estamos liberando zonas públicas y terminan llenándose de nuevo. Por eso desarrollaremos un sistema de alertas tempranas para que la gente reporte cualquier asomo, así podemos iniciar la ruta de atención de forma inmediata y evitar ocupaciones”.
Reclaman recursos
Este año la Secretaría de Bienestar Social destinó $1.749 millones para atender migrantes, el presupuesto para el próximo año se redujo y quedaría en $450 millones.
Dichos recursos serían para el plan de acción a migrantes ($200 millones) y el fortalecimiento del centro de servicios migratorios ($250 millones).
El concejal Fernando Tamayo mostró preocupación por la falta de recursos para esta población. “Se deben focalizar las inversiones en quienes están de forma regular, que pueden sumarse al sistema productivo, y no dejar que se sigan engrosando los cinturones de miseria”, afirmó.