Los vínculos de Emilio Tapia con dos contratos de Emcali que están en la mira de la Fiscalía

El carrusel de la contratación que tenía Emilio Tapia (hoy en la cárcel) parece haber llegado hasta el Valle. Dos contratos suscritos con Emcali por los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino están en lupa de la Fiscalía General de la Nación, pues todo parece indicar que fueron obtenidos con información falsa y los representantes de estas empresas están vinculados a otros procesos de corrupción.

Se trata de Herles Rodrigo Ariza Becerra, quien sería amigo y socio de Emilio Tapia, contratista involucrado en el escándalo entre Mintic y Unión Temporal de Centros Poblados. Ariza es representante de Clarificación y Renovación Puerto Mallarino, consorcios que habrían presentado constancias falsas de cupos de crédito expedidos por el Banco Itaú para obtener el negocio con Emcali.

Ambos contratos que tienen por objeto básicamente el suministro para la renovación de elementos, mantenimiento y obras civiles en la Ptar de Puerto Mallarino, y que fueron celebrados en abril de este año 2021 -iniciando su ejecución en mayo-, suman el valor aproximado de $6.212 millones.

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Según explica Carlos Olmedo Arias, secretario general de Emcali, los dos contratos en mención que están adscritos a la Gerencia de Acueducto de Emcali, fueron firmados con consorcios diferentes, pero ambos están integrados por las tres mismas sociedades: Proctor Construcciones SAS, de Montería; Aescaf SAS, constructora de vivienda de Girardot; y Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe (Contelac SAS).

“Una de esas sociedades (Proctor Construcciones SAS) presentó dentro del proceso de selección de oferta, cartas en las que acreditó ante Emcali tener cupo de crédito con el Banco Itaú firmadas por un funcionario del banco. En este aspecto hay una similitud con el tema que se está investigando en el proceso penal en Bogotá de Centros Poblados”, precisó el funcionario.

Es por esto que las Empresas Municipales de Cali por la falta de claridad con la idoneidad de los documentos de respaldo financiero que presentaron los contratistas, suspendieron cualquier trámite de pago con los suscritos, mientras el Banco Itaú certifique la validez y autenticidad de las cartas del cupo de crédito.

Cabe precisar que ninguno de los contratos tenía pactado anticipo de dinero. De hecho, el contrato con el consorcio Clarificación Puerto Mallarino, que está por un valor de $3.798 millones, no ha recibido ningún pago hasta la fecha; y del contrato con Renovación Puerto Mallarino, que está por $2.414 millones, se han pagado $1.437 millones, “pero el avance de ejecución de obligaciones es superior al 75 %”, dijo Arias.

Asimismo, agregó que la entidad revisó las pólizas que entregaron los dos consorcios de la Aseguradora Solidaria y está certificada su validez.
En este sentido, Arias aseguró: “no tenemos problema con los recursos que se han ejecutado, con la póliza que fue otorgada, lo que sí encontramos fue una similitud en una carta que acredita un cupo de crédito en el Banco Itaú y estamos a la espera de esa certificación del banco, se comprometieron a darnos respuesta el lunes”, anotó.

A partir de esa respuesta “adoptaremos las medidas que correspondan según el resultado y de acuerdo con las normas legales que se aplican a estos contratos y con lo que esté pactado”.

No obstante, se conoce que la Fiscalía tiene una notificación que el Banco Itaú le entregó, en la cual certifica que dichos cupos de crédito presentados por los consorcios sí serían falsos.

Sin embargo, el Secretario General de Emcali hizo hincapié en que hasta el momento “el banco no nos ha dado respuesta y la Fiscalía tampoco nos ha oficiado acreditarnos esa circunstancia”.

Las constancias de cupo de crédito constituyen un requisito habilitante para poder seguir participando en una convocatoria pública al interior de Emcali.

El gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, aseguró que los documentos presentados por los dos consorcios se recibieron “de buena fe”. “A pesar que tenemos un proceso riguroso, los documentos que presentan los proponentes de licitaciones gozan de presunción de legalidad y de buena fe. Esperamos que el banco nos responda lo más rápido posible para poder esclarecer a ciencia cierta qué pasa”.

Según el Secretario General, en todos los procesos contractuales siempre hay un grupo o un funcionario encargado de hacer la verificación de los requisitos que habilitan una oferta desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero -como en este caso-.

“Estamos revisando los controles que se hayan ejercido y eventualmente que se investigue si de pronto ocurrió una ligereza u omisión con los encargados de hacer la verificación de condiciones financieras de esos oferentes”, apuntó Carlos Arias.

Asimismo, desde Emcali reiteraron que en el registro de proveedores, en el sistema de pagos no se tiene algún contrato o transacción suscrita o autorizada a favor de alguno de los integrantes de la UT Centros Poblados.

Al respecto, la concejal Diana Rojas manifestó que es necesario que pronto se dé claridad de la situación y se busquen responsables. “Emcali se jactó de que no tenía vínculos ni contrataciones con los contratistas de Centros Poblados y ayer se conoció que en dos contrataciones se entregaron documentaciones presuntamente falsas”.

Por ello, considera que el Gerente de Emcali debe responsabilizarse, “él es el encargado de firmar los contratos y no puede excusarse en otros funcionarios. Adicionalmente, no ha garantizado la transparencia en los procesos de contratación de la empresa”.

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De ser cierto la falsedad en la carta de cupos de créditos presentada por los consorcios vinculados y expedida por Itaú, para Emcali “sería una circunstancia gravísima porque compromete la ejecución del contrato porque está entredicho la transparencia y la idoneidad de las condiciones de las que se valieron para ejecutarlo”, dijo el secretario General, Carlos Arias.