Minas antipersonales, un flagelo que no desaparece en Colombia

A cinco minutos de la escuela, cerca de la caseta comunal y en uno de los caminos más concurridos de la vereda Santa Rita, de El Carmen de Viboral, oriente antioqueño, Jorge Ciro halló un artefacto enterrado que, asegura, reconoció como una mina antipersonal. Años de cercanía con estos elementos, que azotaron la vida de la población, lo llevaron a alertar el hecho, que preocupó a otros habitantes de la zona.

El hallazgo lo hizo cinco meses después de que este municipio fuera declarado como libre de sospecha de minas antipersonal, tras casi siete años de desminado humanitario, liderado por The Halo Trust, una de las organizaciones civiles acreditadas por el Gobierno Nacional para cumplir esta labor en Colombia.

Tras conocer la situación, la entidad fue a la zona para escuchar a la comunidad y, el 14 de julio pasado, hizo la disposición final del artefacto hallado por Ciro. Se trataba de un contenedor vacío, sin explosivo y sin sistema de activación, si bien, es probable que hubiese formado parte de una mina antipersonal. Aunque para Ciro y otros habitantes esto representa un descanso, el temor no se desvaneció del todo, pues, según relata el campesino, en la zona han hallado objetos similares.

“Hace poco, un niño encontró una batería (una pila que funciona como mecanismo de detonación) en otra zona. Como él no conocía, jaló y jaló hasta que reventó el cable; afortunadamente no le pasó nada. Y, hace varias semanas, reventamos otra con una pica, menos mal no explotó. Creemos que es porque ya están húmedas, pero no dejan de ser peligrosas. Por eso, informamos la situación y Halo vino a revisar y a que les indicáramos otros lugares donde tenemos sospechas”, explicó Ciro, quien relata que perdió a su padre hace 16 años, por causa de una mina antipersonal, en la vecina vereda La Víbora.

Desde 2013 y hasta hoy, la empresa The Halo Trust ha estado realizando operaciones de desminado civil humanitario que incluyen despeje de minas antipersonal en Colombia, haciendo que la tierra sea segura en Antioquia, Meta, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo y pronto comenzarán a trabajar en Norte de Santander.

La compañía ha eliminado minas antipersonal de los cultivos de café, fincas, veredas y resguardos indígenas, entre otros.

Yuliana Arango, líder comunitaria, cuenta que las nuevas sospechas de la gente de Santa Rita se conocieron en unos talleres apoyados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). “Estamos en un proceso comunitario de construcción de memoria y fue así que nos enteramos y se pudo reportar a The Halo Trust. Estamos convencidos de que el acompañamiento institucional es sumamente necesario para que las comunidades tengan efectivas garantías de no repetición”, dice, y recuerda que Santa Rita vivió un desplazamiento de sus habitantes en 2003 y que en 2009 iniciaron los retornos.

Mientras The Halo Trust verifica en terreno, Ciro y sus vecinos no dejan de preguntarse si los artefactos hallados son antiguos, no vistos durante el desminado, o nuevos, instalados por grupos ilegales.

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Según Johany Zuluaga, gerente de Operaciones de The Halo Trust Colombia, esta es la segunda situación que reportan en El Carmen de Viboral luego del desminado: la primera fue un mes atrás en una vereda vecina a Santa Rita, donde se confirmó que las sospechas de la comunidad correspondían a artefactos explosivos; así que “se abrirá una nueva área para despejarla”, tras hacer el debido proceso con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, autoridad nacional en el tema.

El gerente aclara que, aunque El Carmen de Viboral fue entregado como libre de sospecha de minas antipersonal y se cumplieron todos los estándares, existe el riesgo residual, que se puede dar por dos situaciones. “La primera, por el retorno de población que en algún momento se desplazó y no se encontraba en el lugar cuando realizamos nuestras operaciones de desminado humanitario y que, además, tiene información sobre posible contaminación por estos artefactos; y la segunda, por la expansión de la frontera agrícola por parte de la comunidad que ingresa a territorios que antes no estaban en uso, por lo que podrían encontrar partes o artefactos de los cuales no se tenía conocimiento anteriormente”, dice.

Zuluaga precisa que, antes de entregar el municipio como libre de sospecha, fueron casa a casa, vereda a vereda, para informar el proceso y constatar que los habitantes no tenían más indicios de la existencia de estos explosivos en el territorio. Esto, porque según los estándares internacionales de desminado, la labor se adelanta solo en sitios donde las personas creen que hay presencia de las minas.

En el 2020 se registraron 389 víctimas de estos artefactos, el 77 % se registraron en cinco departamentos: Norte de Santander (80), Nariño (78), Antioquia (64), Cauca (50) y Valle del Cauca (27).

El último accidente por una mina antipersonal ocurrió el 20 de julio en Tarazá (Bajo Cauca antioqueño) e involucró a un hombre de 63 años, según confirmaron las autoridades municipales, quien fue remitido a Medellín para recibir atención.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde 1990 hasta el 31 de junio de 2021, se registraron en Colombia 12.062 víctimas de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (Muse). De ellas, 428 ocurrieron en los últimos tres años. En el primer semestre de este 2021 van 73. Los lugares más afectados durante este periodo son Antioquia, Arauca, sur de Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Córdoba, Norte de Santander, Guaviare, Nariño y Putumayo.

Hasta el momento, indican fuentes de la entidad, los accidentes no han ocurrido en territorios liberados y entregados a la comunidad “por parte de los operadores de desminado humanitario”. También explican que no es simple establecer si hay reinstalación de MAP y Muse por parte de grupos armados ilegales, como el Eln y el Clan del Golfo, cuyo actuar criminal impide el desminado humanitario en 133 municipios.

De las 389 víctimas de minas antipersonal en el 2020, según un informe que entregó el Cicr, 226 eran civiles, 152 de las fuerzas de seguridad del Estado y 11 pertenecían a grupos armados ilegales.

“La mayoría de las víctimas son civiles, principalmente población campesina, que, mientras realizaban labores cotidianas como cultivar, buscar agua, o transitar por las veredas, tropezaron con estos artefactos”, detalló el Cicr.