Si hay una población que sufre las consecuencias del golpe económico producto de la pandemia, son los trabajadores informales, los cuales representan el 47,5 % de los caleños, según el Dane.

Pero en esta categoría no solo entra el imaginario que usualmente se tiene de ellos, los vendedores ambulantes, sino que es un abanico de labores que no la han tenido nada fácil durante estos últimos cuatro meses.

A partir de una encuesta realizada en Cali y otros municipios del Valle a profesionales independientes, vendedores de catálogos, peluqueros, entre otros, el Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi estableció que el 70 % pausó su ocupación tan pronto se entró en cuarentena, además de que el 44 % afirmó que un miembro de su hogar había perdido su empleo.

Para Lina Martínez, directora de Polis, esa es una de las cifras más preocupantes y “más si se trata de una situación que se acentúa en los estratos 1, 2 y 3. También es bastante alarmante que tan solo el 6 % asegurara haber recibido alguna ayuda económica del Estado”.

“Esto se debe principalmente a que si bien se da apoyo a las poblaciones más pobres, que están en la base, no se tiene en consideración aquellos que viven en estratos medios u otros que cuentan con preparación profesional, pero que no están en capacidad de superar esta coyuntura por cuenta propia”, agrega Martínez.

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Otro aspecto que explora el estudio es establecer qué tanto los trabajadores profesionales cotizan a salud y pensión: mientras el 45 % afirmaba que no lo hacía en ninguno, el 21 % dijo que solo aportaba a salud, el 31 % a ambas y solo 1 % a pensión. Sin embargo, frente a la crisis actual, casi la mitad de los encuestados (el 48 %) afirmó que no podrán volver a cotizar a ningún componente, pues los recursos que obtengan a medida que se reactive la economía solo los dispondrán para suplir sus necesidades inmediatas y más si el 57 % aseguró tener hijos.

De acuerdo con la directora de Polis, en políticas públicas todo se reduce a la cantidad de recursos públicos disponibles para responder a una crisis, pero si ese dinero proviene de los mismos impuestos a una población que atraviesa un calvario económico, es difícil pensar que la gente pague esas obligaciones mientras tiene otras más urgentes a la mano.

De hecho, uno de los planes del Ministerio de Hacienda es implementar una reforma tributaria que recolecte cerca de $20 billones para cumplir las metas del déficit de la Regla Fiscal en 2022. Cabe anotar que aún no está claro cuándo será presentado este proyecto.

El 57 % de los trabajadores informales de la capital del Valle aseguraron tener hijos por lo que los recursos que obtienen los destinan a las necesidades inmediatas.

Salud mental se deteriora

El estudio de Polis también hace referencia a otro punto clave durante los últimos meses: la salud mental.

En una escala de 1 a 10, mientras los encuestados aseguraron que su nivel de estrés tan solo era de 1.6 antes de la pandemia, esa sensación después aumentó a 4.5 en quienes tenían un familiar que había quedado desempleado e incluso a 3.2 en las personas de un mismo hogar que lograron conservar su puesto.

“La pandemia tiene efectos directos en la salud mental de la población y más si quedan desempleados. Y es que esa falta de bienestar mental termina por hacerlos menos productivos, dado que sus preocupaciones no los dejan aclarar sus ideas, qué decisiones tomar frente a lo que atraviesa”, aseguró Martínez.

A su vez, Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, Ciev, aseguró que en el departamento más de 350.000 empleos han sido ‘destruidos’, de los cuales 280.000 se han concentrado en Cali y su área metropolitana, desde que la cuarentena fue decretada a finales de marzo.

“Hay cuatro riesgos a los que todo trabajador está expuesto cuando hace parte de una empresa. Primero, enfermarse, ante lo cual la ley establece un sistema subsidiado. Pero los otros tres que ya determinan la formalidad total del empleado: el ARL para accidentes, las cesantías para quienes perdieron sus puestos y el pago a pensión. Es decir, esa desprotección del informal se ve reflejado en un balance en un sistema de seguridad social que está recargado todo en los formales”, explica Maldonado.

De hecho, agrega, si en la cuarentena hay menos disposición para cubrir estas necesidades, y con ello hay un alto nivel de desafiliación, la formalidad termina por ser mucho menos al grueso total del empleo en la ciudad, el departamento y Colombia.

El director ejecutivo del Ciev destaca que “esta crisis nos da a entender que ser formal, paga. Hay que aprovechar la coyuntura para generar incentivos para que los informales vean las ventajas de acceder a esos beneficios, de que no lo entiendan como algo costoso. Por ejemplo, si las empresas quieren recibir ayuda del Gobierno, este debe aprovechar para exigir que formalicen no solo sus empleados, sino también sus productos con registros como los del Invima y su misma operatividad a través de registros o permisos para ciertos sectores. Esto es porque la informalidad no solo es laboral”.

Sin embargo, Maldonado asegura que algunos profesionales independientes han aprovechado la coyuntura para ofrecer sus servicios vía online (la encuesta de Polis señala que el 45 % trabaja digitalmente).  “Incluso, algunos han tenido más trabajo que antes, pero a otros que no están tan habituados, se les dificulta y dificultará”, anota.

Crece la informalidad en Cali

Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali, admitió que -pese a no contarse con cifras del todo certeras- la informalidad en la capital vallecaucana habría pasado de 600.800 personas a 612.800, es decir, un aumento que oscila entre el 15 % y 20 %.

“Esto trae otro problema consigo y es que hay más competitividad entre los mismos informales, que pueden ver sus ganancias más mermadas debido a este factor en particular. Esa transformación le ha llegado a ocurrir a personas que perdieron su empleo en restaurantes, discotecas, auxiliares en establecimientos varios, entre otros”, puntualiza el funcionario.

Además, Cortés indica que una diferencia notable entre los informales de estratos 1 y 2 con los de 3 y 4 es que estos últimos, por lo general, tienen la capacidad de vender activos -bienes de su propiedad como carros- para crear un capital semilla que le ayuda a su subsistencia durante y después de la pandemia. Asimismo, se encuentran las dificultades de que los primeros accedan a un crédito bancario y se vean obligados a acudir a actividades irregulares (y hasta peligrosas) como el ‘gota a gota’.

El Secretario de Desarrollo Económico de Cali asevera: “Mientras que el peor escenario es que haya una cuarentena total otra vez, el mejor es que haya una reapertura de todos los negocios con protocolos de bioseguridad. Honestamente, las ayudas del Estado son muy limitadas y es por eso que la única respuesta válida es que haya puestos de trabajo para que la población se recupere de forma individual y solidaria”.