La iniciativa de Paz Total que quiere hacer realidad el Gobierno Nacional estuvo en el centro de la polémica por cuenta del encuentro que sostuvo el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, con voceros de las disidencias de las Farc, en el que se discutieron las opciones que hay sobre la mesa con respecto al tema.

También causaron ruido las declaraciones del presidente Gustavo Petro en el sentido de que un cese al fuego multilateral sería “cuestión de días”.
Por un lado, el planteamiento de que las Fuerzas Armadas puedan disminuir la intensidad de sus acciones en contra de los distintos grupos armados ilegales del país no cayó muy bien ni siquiera al interior del Gobierno.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó la idea como un “absurdo” cuando todavía no hay ni siquiera una mesa de diálogo instalada.

Por el otro lado, las críticas se centraron en que no se puede avalar un grupo que ya tuvo la oportunidad de reincorporarse a la vida civil después del Acuerdo Final, pero que lo traicionó al regresar a las armas y a la explotación de economías ilegales.

La reunión del comisionado Rueda, en Caquetá, fue con alias Calarcá, quien hoy en día controla las células disidentes que estaban bajo el mando de ‘Gentil Duarte’, ‘Ermes Tovar’, ‘Erika Castro’ y alias Alonso 45, miembros del autodenominado frente Carolina Ramírez, derivado del Frente 1 de las extintas Farc.

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Además, el funcionario confirmó que ha tenido aproximaciones indirectas con ‘Iván Márquez’, quien estaría convaleciente pero interesado en sumarse al plan de pacificación.

Fueron justamente esas revelaciones de Rueda las que generaron el chaparrón de rechazos, incluido el de los negociadores del proceso de La Habana Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, quienes plantearon que sería un error volver a abrir la puerta a una salida negociada a quienes incumplieron lo pactado y que la única salida para ellos es el sometimiento a la justicia.

La polémica que desató el acercamiento con las disidencias y el planteamiento de un posible cese al fuego multilateral dejó en el aire dudas sobre si es necesario establecer líneas rojas que no se deban cruzar en el propósito de alcanzar la Paz Total. Es decir, mantener algunas condiciones de control estatal o si, por el contrario, no se deben establecer límites en nombre de acabar con la violencia.

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Para Egoitz Gago Anton, director de la Maestría de Paz de la Universidad Javeriana, sí habrá algunas líneas rojas que no se podrán cruzar, pero considera que están bastante lejos de ser establecidas.

“La idea de Paz Total que el Gobierno presentó al Congreso es un marco legal para generar acercamientos que lleven a una eventual negociación con grupos armados ilegales y es en ese marco en el que se van a definir las fronteras. En este momento se está definiendo quién se puede sumar al proceso y eso lo determina la naturaleza de cada grupo”, señala.

Y continúa el docente: “Eso significa que si son organizaciones con origen político -ELN, disidencias- no hay línea roja, porque ya hay experiencias pasadas, y si son grupos narcotraficantes, se deben someter a la justicia, en donde tampoco hay mucho qué excluir. En esos marcos, casi todo es posible”.

Sin embargo, agrega que los límites sí se van a establecer en el momento en el que el Estado deba definir en qué cede y en qué se mantiene.
“Por ejemplo, una línea roja debe ser impedir que grupos de carácter económico, como lo es el Clan del Golfo, pretendan tener tratamiento político”.

En esa medida, Gago Anton considera que la mayoría de líneas rojas se deben dibujar alrededor de los grupos dedicados al narcotráfico, porque su único interés es el de obtener beneficios de las economías ilegales y sus exigencias para parar la violencia, como ocurrió con los carteles de las drogas de las decádas de los ochenta y los noventa, es que no paguen penas muy altas de cárcel y poder conservar parte de sus ganancias ilegales.

“Eso es algo que no puede pasar, porque se corre el riesgo de que se normalice, de parte de las propias autoridades, que haya explotación de acitividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, entre otras, y que luego se entra en un proceso de negociación. Esa debe ser una línea roja que se trace con mucho énfasis para que no se cruce”, anota.

Con respecto a si se debería negociar con agrupaciones que imcumplieron acuerdos anteriores, opina que es algo que hace parte de todos los procesos y recuerda el episodio de la silla vacía en El Caguán, cuando el entonces jefe máximo de las extintas Farc, ‘Tirofijo’, dejó plantado al expresidente Andrés Pastrana en la ceremonia de inicio de esas negociaciones de paz.

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Por su parte, el especialista en políticas de seguridad y exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración Alejandro Éder considera que en Colombia no es suficiente la voluntad de paz y que se debe tener un eficaz control de las regiones a través de las Fuerzas Armadas con una estrategia de seguridad y una política criminal robustas.

Añade que de ese planteamiento se deben derivar las líneas rojas, y que para él, se debe trazar una que delimite quién participa y quién no de la denominada Paz Total.

“El único grupo con el que se puede negociar un acuerdo de paz es con el ELN, porque ellos, pese a que se lucran de economías ilegales, tienen bases políticas fundacionales. Para los otros, llámense Clan del Golfo, Rastrojos, La Oficina, e incluso las disidencias, que fueron fundadas por cabecillas ideológicos que estuvieron en las Farc, la única opción es el sometimiento a la justicia”, sostiene.

Para Éder, el caso de las disidencias es especialmente grave y se les debe marcar un límite. “Muchos de quienes hoy están en las disidencias, incluido ‘Iván Márquez’, firmaron el Acuerdo Final en el que se comprometían a no volver a delinquir a cambio de tener acceso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En la mesa de La Habana se acordó que, en caso de volver a delinquir, perderían esos beneficios y deberían someterse a la justicia ordinaria para responder por la totalidad de sus delitos y eso es lo que está pasando”.

El experto dice que las consecuencias de permitir que los disidentes se sumen a la Paz Total es que se rompería el tejido que se ha construido desde el 2016, cuando las antiguas Farc entregaron sus armas, porque enviaría el mensaje de que el Estado no hace cumplir lo acordado.

“Cuando Gustavo Petro era candidato, se comprometió a implementar al pie de la letra el Acuerdo y no se puede dar el lujo de no hacerlo porque casi cualquier exintegrante de las Farc va a delinquir con la seguridad de que después será perdonado. Además, eso le quita peso a la palabra y a la voluntad del Estado, y eso es un desastre para cualquier proceso de negociación en el futuro”, puntualiza.