Pese a los operativos y capturas realizadas en los últimos meses por las autoridades en el municipio de Tuluá y en el centro del Valle, la situación sigue siendo compleja para sus habitantes pues el flagelo de la extorsión no discrimina entre ricos o pobres: todos pueden ser víctimas de este delito.

Así lo denuncia el personero delegado para los Derechos Humanos de esa localidad, Martín Hincapié, quien aseguró que el escenario actual que vive la población data desde el 2019.

La Defensoría del Pueblo a través de dos alertas tempranas: una rural (046 de 2019) y otra urbana (028 de 2020), advirtió sobre las situaciones de orden público que se podrían presentar y que hoy se han materializado con los diferentes actores que vienen actuando en la zona rural, así como los enfrentamientos por el control de las economías legales e ilegales.

En ese sentido, agregó Hincapié, hoy se están enfrentando a un escenario muy complejo de seguridad que afecta a todos los ciudadanos de Tuluá.

“La Personería ha denunciado que no solo afecta a empresarios y comerciantes, también a profesionales independientes. Inclusive, hay servidores públicos que han sido víctimas de extorsión”, sostuvo.

El representante del Ministerio Público dijo que para algunas autoridades no es correcto hablar de carteles, pero “claro que existen, lo que pasa no solo en Tuluá sino en todo el país, es que al tema de la seguridad y convivencia le dan un tratamiento muy desde el punto de vista administrativo y político, más que desde la problemática social y el impacto que genera esta situación para los ciudadanos”.

El funcionario añadió que “a muchos les gusta cuidar sus cifras y símbolos, por lo que desconocen la existencia de carteles, pero aquí en Tuluá por supuesto que hay carteles. Tenemos el de la papa, el cilantro, la cebolla y el del huevo”.

Estas organizaciones buscan, a través de actuaciones ilícitas, controlar actividades licitas como la venta de productos esenciales de la canasta familiar. Estas acciones no solo han afectado a muchos comerciantes de estos sectores, sino también dejado víctimas fatales.

Hincapié reiteró que “hay mucho negacionismo desde la institucionalidad frente a los hechos que suceden y el temor es tan grande que muchos ciudadanos prefieren callar, pero lo más grave es que muchos otros terminan por ceder ante la extorsión y deciden pagar”.

Otro problema es la desconfianza en instituciones como la Fiscalía y Policía, por lo que se ha generado un subregistro en el número de casos en el municipio.

Sin embargo, el funcionario insistió en que es importante que la gente denuncie para poder activar la ruta con todas las autoridades correspondientes, dar con los responsables de estos hechos y frenar un flagelo que no solo afecta a los empresarios, también a los del rebusque.

No obstante el panorama se ve desolador, pues como él mismo reconoce, tras las capturas siempre aparecen nuevos nombres pues hay un ‘mercado’ latente y este delito se ha convertido en una fuente de ingresos tan importante que hace que muchos se nieguen a renunciar a él.

Según se conoció, hay delincuentes que incluso recurren a nombres de organizaciones delincuenciales reconocidas, adoptan esa franquicia, para generar temor entre sus víctimas.

Es un tema complejo, dice el personero, quien también reconoce la labor en materia de capturas que ha realizado la Policía y la Fiscalía, pero insiste en que se debe seguir trabajando para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos.

“Debemos buscar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la inversión social, el trabajo interinstitucional, mayor capacidad de respuesta y, sobre todo, más justicia para la gente, para que los casos puedan a tiempo controlarse”, enfatizó.

Extorsiones carcelarias
Muchas de las extorsiones, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, provienen de la cárcel, pero hay grupos delincuenciales operando en las calles, generando zozobra en todos los estratos sociales por el control, no solo territorial, sino de microtráfico.

También se habla de una organización que a través de panfletos y proclamas se ha autodenominado y sería la que viene generando un gran impacto en el tema de las extorsiones. Estos delincuentes conocen dónde viven sus víctimas, su lugar de trabajo y hasta las placas de su carro. No solo recurren a amenazas, también a atentados criminales que pueden incluir a sus seres queridos más cercanos, de ahí que muchos se abstienen de denunciar.

El Comando de la Policía Valle informó, por su parte, que continúa combatiendo el delito de la extorsión en Tuluá. Para ello viene trabajando con el Ceaex (Comando Especial Antiextorsión) en el sector comercial y en los barrios que presentan criticidad por el impacto delincuencial como son: La Inmaculada, Agua Clara, El Bolívar, Porvenir, Villa Liliana y Farfán, entre otros.

Los operativos han permitido la captura de dos personas por el delito de secuestro y 14 por extorsión; además han realizado tres operaciones y un rescate.

El Gaula, entre tanto, ha llevado a cabo ocho capturas por diferentes delitos como son: homicidio, venta de estupefacientes y lesiones personales.

Asimismo, a la fecha se han recibido 54 denuncias por extorsión, con un incremento de más 27 casos, gracias a la buena aceptación de la comunidad a la campaña ¡Yo no pago, Yo denuncio!, así como la difusión del código QR, que permite reforzar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad.

Las acciones adelantadas contra la estructura la ‘Inmaculada’ o autodenominada ‘Oficina’, facilitó la captura de ocho de sus miembros, tres aprehensiones y una imputación.

Adicionalmente, se identificaron algunos de sus presuntos cabecillas conocidos como alias Pipe, Caregallo, Enano, Juaco, Brayan, Mueco, Nacho y Carevieja, quienes se encontraban en la cárcel de Tuluá y recientemente fueron trasladados a la cárcel de Cómbita para así ser controlados en patios fríos.

Por último, se han señalado sus colaboradores mediante un cartel de siluetas que están siendo judicializados. Entre otros han sido identificados, alias Gomita, Gordito, Yerson, Fernando y Kira, quienes de acuerdo con las autoridades, serían dinamizadores de la organización La Inmaculada en cuanto a extorsiones, entrega de panfletos y amenazas a sus víctimas.

Cabe resaltar que, aunque alias Pipe ya fue condenado por los homicidios cometidos, en abril fue imputado por el presunto delito de extorsión.

“Hemos tenido resultados contundentes con la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, enfocada en esta zona donde también opera un grupo especializado de la Fuerza Pública y el Gaula de la Policía y del Ejército enfocado en combatir las diferentes estructuras criminales que tienen actuar delictivo en el departamento”, manifestó el secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, Camilo Murcia.

Pero, igualmente, vienen trabajando con una bolsa de recompensas que les ha ayudado a desarticular alrededor de 56 grupos criminales en municipios como Palmira, Cartago, Buga, Tuluá y por supuesto Buenaventura y Cali.

Lo anterior les ha permitido incidir de manera importante en la reducción de los índices delincuenciales.

“Sé que la percepción de seguridad a veces por el tema de redes sociales y demás no es fácil de controlar, pero la realidad es que las cifras así lo determinan e indican que tenemos un muy buen año en reducción de homicidios y de otros delitos en el departamento”. finalizó el Secretario.