¿Por qué los cabecillas siguen delinquiendo desde las cárceles del país?

Desde la cárcel La Picota en Bogotá, alías Frank diariamente daba instrucciones a Los Velar, organización que lideraba y que fue desmantelada esta semana porque se dedicaba a la venta de marihuana, cocaína, éxtasis, Tucibi, LSD y anfetaminas, en el oriente de Cali. Además, realizaban homicidios selectivos en la modalidad de sicariato.

Por labores de interceptación de llamadas, los investigadores establecieron que el cabecilla de Los Velar, desde la cárcel La Picota daba las instrucciones para mantener el control territorial en Cali.

De acuerdo con expertos en seguridad, es común que los cabecillas de las bandas delincuenciales sigan al mando de las estructuras luego de ser capturados, pues son acciones muy rentables. Algunos de los delitos que más se cometen desde las cárceles son la extorsión, homicidios, planeación de sicariatos, hurtos y temas más complejos como el tráfico de drogas al interior y exterior de la cárcel.

El grupo delincuencial Los Velar, que afectaba la tranquilidad en las comunas 5, 6, 13, 15, 16, 17 y 20 de Cali, estaba conformado por doce personas que fueron detenidas. Asimismo, las autoridades aseguraron a tres uniformados de la Policía Nacional quienes presuntamente recibieron dinero, por parte de la estructura criminal, por devolver un arma de fuego que había sido incautada y utilizada en un homicidio.

Según la Fiscalía, esta organización obtenía los estupefacientes en Corinto, Cauca, los cuales eran transportados a Cali en buses de servicio intermunicipal. Luego era vendida a recicladores, habitantes de calle, estudiantes, adultos y consumidores habituales en los barrios Villa del Lago y Mariano Ramos, en el oriente de Cali.

Según Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, “este es un problema sobre diagnosticado porque todo el mundo sabe que la corrupción en el Inpec y en todo el sistema carcelario es enorme. En Colombia si uno tiene dinero puede corromper a los guardias y puede obtener lo que quiera, de ahí derivan todas las actividades delictivas”.

Por su parte, Andrés Nieto, experto en temas de seguridad de la Universidad Central de Bogotá, enfatizó que aunque este es un problema que lleva muchos años, “la situación se ha agravado con el hacinamiento carcelario. Las cárceles terminan siendo para los delincuentes universidades del crimen donde la persona que entra debe afiliarse o hacer parte de algunas de las bandas o mafias, no solo como mecanismo de defensa, sino también como medio de subsistencia”, dijo el experto.

Además, afirmó que estos delitos no solo se estarían presentando en las cárceles, pues también se están viendo afectadas las estaciones de Policía, en donde el hacinamiento alcanza más del 190 % a nivel nacional, pues los reclusos siguen con su actuar criminal porque son acciones muy rentables.

Dos de los homicidios esclarecidos con la desarticulación de ‘Los Velar’ fueron cometidos el pasado 6 de enero, una de las víctimas era el propietario de una inmobiliaria. Además, los hoy procesados habrían herido de gravedad a un médico de una clínica de Cali.

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, aseguró que “la población carcelaria no pierde su poder delincuencial, ellos aún mantienen su estatus criminal y ordenan la comisión de delitos estando detenidos”.

En los operativos fueron incautados cigarrillos de marihuana, cocaína, pastillas de éxtasis, Tucibi, LSD, cinco armas de fuego, $148 millones, 2410 dólares, 60 euros, cadenas y pulseras de oro, relojes de marca, 10 celulares y una motocicleta.

“Las personas privadas de la libertad utilizan muchos medios para ingresar los celulares como por ejemplo, por medio de la visita, de contratistas que ingresan a dejar alimentos, en drones, a través de los famosos bombazos (bolsas selladas que envían desde afuera de las cárceles). Inclusive, en algunos casos miembros del Inpec se prestan para esto”, sostuvo Robayo.

Además, señaló que la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, también juega un papel muy importante en el sistema carcelario, pues son los encargados de instalar las cámaras, escáner y dotar de elementos para evitar que se ingresen los teléfonos móviles.

“Esta entidad es demasiado negligente en la ejecución de estos elementos, pues desde el 2016 no se han hecho los contratos y es inconcebible que en los centros penitenciarios en pleno siglo XXI se dependa exclusivamente de la vigilancia de miembros del Inpec y no de elementos tecnológicos”, dijo el funcionario.

Los expertos aseguraron que para que no se sigan coordinando delitos desde la prisión se deben aumentar los cupos carcelarios, reforzar el control y actualizar la infraestructura y los protocolos de las cárceles. Estrategias que, según ellos, no se realizan hace más de 20 años.

“Además hay que hacer una investigación sobre cómo se están articulando los grupos delincuenciales fuera de las cárceles, con los líderes o cabecillas de las organizaciones que ya han sido capturados. Este problema viene porque durante 10 años se ha hecho énfasis en capturar de forma aislada y no desarticular bandas, lo que hace que dos o tres integrantes estén pagando algún tipo de condena y el resto se encuentren en las calles delinquiendo”, explicó Nieto.

Según el experto, otro de los problemas más graves y en el que el Gobierno Nacional debe centrar su mirada es en el Inpec, institución que requiere una reestructuración o una liquidación en la que se haga un proceso de intervención en la entidad, pues se ha evidenciado que el tema ya no es solo de las mafias que están al interior de las cárceles, sino también de la complicidad de las personas que están a cargo de los centros penitenciarios.