La venta de armas, alrededor del mundo, luego de la contingencia por el Covid-19 registró un incremento de 2,6 % lo que se traduce a casi US$2 billones, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
Sin embargo, la inversión en defensa de los países latinoamericanos registró una disminución, aunque siguen siendo Brasil y Colombia, los países con más gasto militar en la región.
De acuerdo con el instituto de investigación, Colombia realizó un gasto de casi US$10 millones en armamento durante el 2020.
La visión realista propone que entre más poderoso sea un Estado en armas, menos fácil será dominarlo’’ Nicolás Cardona, politólogo.
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Para el politólogo, Nicolás Cardona, la razón principal que motiva a los gobiernos a gastar en armamento se debe a que, ‘‘hay tensiones políticas mundiales que aumentan las alertas para que los Estados no bajen la inversión en defensa, pues el orden mundial y las fuerzas dominantes hacen que ese orden cambie".
Es decir, debido a que las dinámicas de guerra cambian constantemente, ante las nuevas adaptaciones y el uso de la tecnología, los ejércitos deben ser dotados y capacitados para acoger dichos cambios y responder a las nuevas lógicas de guerra.
Un ejemplo de ello es la incursión de drones en los conflictos armados o los boston dynamics con robots de carga o combate, elementos nuevos que obligan a que las doctrinas militares cambien.
Agrega que esta industria, dominada a nivel mundial principalmente por grandes empresas especializadas de las potencias, no se detiene debido a que, por medio de las armas, históricamente los países han logrado tener independencia para tomar decisiones propias y evitar la interferencia de otros.
Sin embargo, asegura que, ‘‘la implementación de mecanismos de derecho internacional humanitario, para que las armas de guerra generen menos dolor y sufrimiento innecesario, ha sido uno de los logros en este aspecto”.
"De ahí la prohibición de armas químicas y, por otro lado, la no proliferación de armas nucleares, buscando que, si los estados compran armas y armamento, no compren, ni desarrollen material de destrucción masiva’’, precisa, asegura Cardona.
Además, la Organización de Naciones Unidas, ONU, se ha planteado un gran objetivo relacionado con atacar la proliferación de armas en el mundo, considerada una problemática internacional, desde su obtención, por parte del Estado, del porte de armas en los ciudadanos.
Esta situación ha sido considerada por la ONU, ‘‘una amenaza sistémica y generalizada para el desarrollo social y económico a largo plazo, de muchas naciones, en particular de los pequeños Estados en desarrollo’’.
En Colombia, la adquisición de armamento lo realiza la Industria Militar (Indumil), entidad del gobierno autorizada para proporcionar explosivos, armas y municiones, además de desarrollar los equipamientos del Ejército.
El politólogo, experto en estadística aplicada, señala al respecto que, ‘‘cada vez más, Colombia produce su propio armamento’’.
El covid y la industria de la guerra
Lo anterior indica que la industria armamentística a nivel mundial y nacional continúa vigente y activa, según lo expresa Katherine Aguirre Tobón, Investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, quien añade que ha habido un crecimiento en las fuerzas militares a nivel internacional.
Sin embargo, no son sólo los gobiernos quienes demandan armas, pues los ciudadanos cada vez más legitiman su uso alrededor del mundo.
El contexto actual por la contingencia del Covid-19 fue una de las razones, pero, ¿qué tiene que ver el Covid-19 con la obtención y uso de armas?.
Para la investigadora, ‘‘el covid llevó a que las personas en casa se sintieran inseguras y, sumado al tema de las masculinidades, los padres sienten la necesidad de cuidar al resto de su familia con armas de fuego’’.
Además, frente a la percepción de inseguridad cada vez más creciente en el país en medio del contexto de pandemia, el llamado ‘‘estallido social’’ y las cifras de homicidios y hurtos (delitos que más golpean a la comunidad caleña, por ejemplo), los ciudadanos sienten la ‘‘necesidad de brindar una seguridad privada ante la ausencia del Estado, y tienen la idea de que el arma disuade a que se comentan los delitos".
"También tiene que ver en cómo las armas de fuego se relacionan con un hombre fuerte y poderoso que defiende a su familia al tener un arma de fuego’, manifestó Aguirre Tobón.
A su vez, el politólogo Cardona, explica que, ‘‘a nivel de los ciudadanos, el Covid ha generado cierto escepticismo frente a los estados, pues la gente cada vez confía menos en ellos y sus fuerzas militares. Por eso, las armas terminan siendo esa herramienta de autoprotección que las personas desean tener’’.
Es decir, que las lógicas han llevado a que se busque justicia por cuenta propia y, de esta manera, que el uso de estos artefactos por parte de los civiles aumente.
En Estados Unidos, la presencia de un arma en el hogar aumenta 500 veces la probabilidad de violencia intrafamiliar y suicidios.
Ley de Seguridad Ciudadana
La discusión también ha sido razón de debate con el reciente Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante conciliación el pasado miércoles, que busca fortalecer las condiciones de la seguridad ciudadana.
La iniciativa, además de agravación a la penas del delito de daño a bien ajeno, legítima que se pueda usar la fuerza letal cuando alguien intente ingresar de manera violenta.
El proyecto ha sido calificado por los opositores, entre ellos, Roy Barreras, como una iniciativa que “revive el trágico Estatuto de Seguridad, legaliza el fusilamiento en las calles de los jóvenes y legitima la justicia por propia mano y masacres como la de Llano Verde en Cali".
Finalmente, Katherine Aguirre, sostiene que la ley ‘‘podría generar un efecto de aumento en la compra de armas como respuesta a lo que propone el Estado, de que hay que protegerse en contra de los criminales’’.