"La paciencia de las personas aquí se ha agotado y si no se agiliza lo más pronto posible el tema del pago, nos van a matar", fueron las últimas palabras que se conocieron de Juan Fernando Suaza, un joven de 26 años que el pasado 6 de julio fue secuestrado junto a su tío y abuelo en una cabaña turística ubicada en Sabaletas, zona rural de Buenaventura. El viernes pasado habría sido hallado su cuerpo y el de su tío en una fosa común.
Dramas como este se siguen presentando en el país, pues según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, los grupos ilegales que operan en todo el territorio nacional tienen a 34 personas secuestradas.
La entidad señala que de los casos, 28 ocurrieron en años anteriores, mientras que en lo que va corrido de 2022 se han reportado seis plagios.
De acuerdo con el informe, el departamento más afectado es el Valle del Cauca, donde se reportan 17 casos. En la lista siguen Norte de Santander, con 8 casos; Arauca, al igual que la Guajira, con 3 casos cada uno; Santander con 2 y la región del Magdalena medio con 1.
Ante esta situación, el defensor del pueblo, Gerson Vergara, afirmó que “en el año 2021 el Valle del Cauca fue uno de los departamentos más alertados debido al aumento del conflicto armado, ya que los secuestros han sido utilizados como instrumento de financiación de los grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc”.
Lea además: Encuentran cuerpos que serían de dos hombres secuestrados por el ELN en Buenaventura
Además, aseguró que la presencia de la estructura Adán Izquierdo en la cordillera central y la presencia de la Jaime Martínez desde Jamundí hasta Buenaventura generan una práctica de secuestro recurrentemente utilizada.
Frente a esta problemática la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, con el fin de visibilizar este escenario de riesgo, para focalizar los esfuerzos de la institucionalidad y prevenir el secuestro. “Sabemos que hay zonas donde hemos realizado un monitoreo estricto, que nos permite afirmar que son lugares con un nivel de riesgo alto para la generación de secuestros y esta información se remite a las Instituciones del Estado para que centren sus procesos de prevención”, puntualizó Vergara.
Asimismo, la Defensoría afirmó que aunque como organismos de derechos humanos no tienen la capacidad investigativa de la Fiscalía, realizan labores en donde se acompaña a la familia de las víctimas de secuestro y se llevan procesos de reparación de víctimas.
Vergara añadió que en esta situación de los secuestros también estarían involucrados los grupos de delincuencia común, “que lo que hacen es retener personas que tengan una alta capacidad adquisitiva para posteriormente enviárselas a los grupos guerrilleros con fines de financiación, por medio de secuestros extorsivos”.
Algo similar ocurrió con José Palomino, de 79 años; Javier Mauricio Palomino, de 46 años; y su nieto Juan Fernando Suaza, de 26, quienes fueron secuestrados en la vereda Sabaletas, aproximadamente a tres horas de Cali.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la cifra de secuestrados podría ser mayor, pues no se descarta que por amenazas a familiares no se hayan denunciado.
Los hechos, que ocurrieron en la cabaña turística Hostal Palomar, se presentaron cuando los tres hombres realizaban trabajos de organización para un evento, pero cerca de las 10:30 a.m. presuntos guerrilleros del ELN llegaron al lugar y se los llevaron secuestrados
sin mediar palabra, contó con la voz quebrada José Palomino, único sobreviviente de la tragedia.
El hombre estuvo 23 días secuestrado al lado de su hijo y su nieto. “Fueron momentos difíciles, pero llegué a un acuerdo con los secuestradores en el que me dejaban en libertad para poder recolectar el dinero que ellos exigían”, puntualizó José Palomino, y añadió que durante el secuestro los “tenían en unas condiciones infrahumanas, amarrados y totalmente vendados. Nos daban una salchicha diaria”.
José, un hombre alto, de cabello negro y muy trabajador, se dedicaba a las comunicaciones y había estudiado una carrera de mercadeo. Su nieto, Juan Fernando Suaza, también era profesional y hacía poco tiempo se había graduado como arquitecto, pero lamentablemente el secuestro le impidió ejercer su profesión.
Palomino le contó a El País que él y el resto de su familia nunca habían recibido amenazas, por lo que llevaban una vida tranquila.
“La última comunicación que tuvimos con el jefe del grupo armado fue el pasado mes de septiembre y hasta el momento no hemos podido saber si mis familiares están bien. Nosotros le pedimos al ELN que cumpla con su palabra así como nosotros realizamos el esfuerzo de pagar el rescate”, había expresado hacía pocos días José, luego de mucho tiempo sin recibir una prueba de supervivencia de sus dos familiares.
Frente a estas cifras de secuestro, se
han habilitado los canales de denuncia a través de la página www.adenunciar.com y por medio de la línea nacional 123.
De acuerdo con los familiares, el jefe del grupo armado, que se identificaba como alias Francisco, luego de liberar a José le pidió que consignara una alta suma de dinero para dejar libres a los otros dos secuestrados.
Días después a los secuestradores se les consignaron, en diferentes envíos, más de 200 millones de pesos, pero tampoco obtuvieron información sobre sus familiares. Una señal que indicaba que algo malo estaba por suceder o que ya había ocurrido. “No nos volvieron a contactar para enviarnos pruebas de supervivencia ni para pedirnos más dinero”, recordó José.
Mientras la incertidumbre seguía por desconocer el paradero de los secuestrados, las autoridades aseguraron que seis de los miembros de este grupo armado y que estarían involucrados en el secuestro, habían sido capturados debido a la información que quedó almacenada en la empresa de giros por donde recibían el dinero producto de la extorsión.
A raíz de este caso, el Defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional y Departamental en el que enfatizó que se tienen que tener en cuenta dos aspectos importantes, “socializar las medidas de autocuidado y prevención a toda la comunidad, y realizar un fortalecimiento de la institucionalidad en efectos de judicializar y atender de manera oportuna los casos de secuestro”.
¿Cómo ha cambiado el secuestro?
Las dinámicas del conflicto en Colombia han cambiado en los últimos años y han tenido diferentes etapas. Algunas están relacionadas con la violencia política donde hasta los candidatos a la Presidencia de la República eran víctimas de este flagelo, hasta lo que se conoce hoy en día como secuestros extorsivos.
Álvaro Pretel, analista e investigador en temas de seguridad y defensa, aseguró que “estas dinámicas han cambiado porque en años anteriores, cuando las extintas Farc amedrentaban las ciudades, lo que buscaban era presión contra el Gobierno. Un ejemplo es el secuestro de Íngrid Betancourt, buscando tener elementos de negociación ante el conflicto.
Y en la actualidad el secuestro ha pasado de tener estas connotaciones políticas a tener unas connotaciones de cadenas criminales extractivas, es decir, más asociados al lucro del dinero para la financiación de estos grupos armados”.
Además, aseguró que actualmente el secuestro es una problemática que tiene un subregistro muy grande, que entre las políticas de seguridad se le conoce como una cifra oscura, lo que quiere decir que son delitos poco denunciados por el miedo que pueden tener las familias ante las repercusiones de los grupos armados. “Situación que es preocupante porque mientras encontramos cifras alarmantes a diario, hay muchos casos que ni siquiera se conocen”.
Este aumento de casos de secuestro se ha presentado frente al vacío territorial que dejaron las extintas Farc y que el Gobierno Nacional no ha tomado el control. “Los secuestros ahora cumplen diferentes objetivos, uno de ellos es enviar mensajes e intimidar a la población y otras veces lo hacen para dejar un mensaje a posibles adversarios como otros grupos delincuenciales o la Fuerza Pública que haga presencia en la zona, es decir, una lucha constante contra el poder del territorio”, finalizó Pretel.