Con el asesinato de un miembro de la Policía Nacional, el martes en la zona montañosa del municipio de Bugalagrande, se cumplió una de las advertencias que había hecho la Defensoría del Pueblo el pasado 5 de octubre, a través de una Alerta Temprana, sobre la presencia de grupos irregulares en el centro del Valle del Cauca.

En ese documento de diez páginas, el Ministerio Público hizo una serie de advertencias sobre los riesgos a los que está expuesta la población civil, especialmente los habitantes de los corregimientos de Barragán, Santa Lucía, Puerto Frazadas, La Moralia, Monteloro, Venus, San Rafael, Tochecito y Altaflor, entre otros, por la presencia del grupo disidente de las Farc, autodenominado Compañía Adán Izquierdo.

Incluso, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que con relación a los presuntos responsables del hecho en Bugalagrande, “este grupo terrorista está identificado por sus atentados contra el derecho internacional humanitario. Y también son los responsables del ataque al Batallón de Desminado Humanitario, en la zona montañosa de Tuluá, en hechos registrados el mes anterior”.

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Además, recordó que su administración, con ayuda del Gobierno Nacional, tienen en marcha un plan de recompensas para dar con los responsables de sembrar terror en toda la región.

De la misma manera, en su momento el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, se comprometió en solicitarle al Gobierno Nacional el aumento del pie de fuerza para que atienda la difícil situación de orden público y de inseguridad que se registra en esta parte del departamento.

Los disidentes en Bugalagrande estaban de civil y durante la emboscada el patrullero Jefferson Garzón, de 25 años y oriundo de Bogotá, murió al recibir un disparo.

Sin embargo, mientras esa ayuda llega, la realidad muestra que en menos de dos meses se han registrado varias eventualidades por parte de ese grupo disidente de las Farc, lo que ha aumentado el miedo entre los habitantes de la región, que temen el regreso de los enfrentamientos entre los subversivos y la Fuerza Pública, el desplazamiento y las muertes selectivas, como les tocó padecer en otras épocas.

Y es que por ser esta zona un corredor estratégico entre los departamentos del Valle y Tolima, durante más de 50 años han hecho presencia las Farc, el ELN, el Bateman Cayón del M-19, el Bloque Calima de las AUC y ahora este grupo de la guerrilla que no se acogió a las Acuerdos de la Habana.

“Esta zona rural ha permanecido históricamente en el olvido, sola, a merced de quien llegue con un arma, el Estado ha hecho oídos sordos al pedido de los habitantes, quienes sueñan con tener presencia del Estado, presencia no solo militar. Esta es una crónica anunciada, porque siendo una zona tan extensa, se dan todas las condiciones para la reaparición de un grupo irregular como el Adán Izquierdo, que viene a ocupar el espacio que dejó la columna Víctor Saavedra de las Farc”, manifestó el analista y defensor de derechos humanos, Alejandro Forero.

Los patrulleros Leiniquer Ríos, José Rivera, Wilmar Ortiz y Lácides Roche, y el subintendente José Mendoza resultaron heridos tras el ataque en zona de Bugalagrande.

Para las autoridades en Tuluá, las cuales han minimizado la capacidad bélica de esas disidencias, se trata de una agrupación no mayor a 20 hombres que no tendrían la capacidad de sostener un combate con la Fuerza Pública.

Sin embargo, el pasado 17 septiembre, en el corregimiento de La Moralia, zona montañosa de Tuluá, hombres fuertemente armados, liderados por alias Hugo, vistiendo prendas militares y utilizando armas de largo alcance, asaltaron un campamento del Batallón de Desminado Humanitario y después de someter a los soldados que realizan esa labor, incineraron una camioneta del Ejército, hurtaron otro vehículo y destruyeron computadores y equipos que se utilizan en la detección de minas y explosivos.

Días antes, en los corregimientos de Altaflor y Monteloro habían incinerado dos camionetas al servicio de la empresa de energía Celsia.

“Desde hace tres meses aproximadamente hemos observado a estas personas visitando las fincas e incluso haciendo reuniones con la comunidad”, expresó uno de los habitantes del corregimiento de Puerto Frazadas, que teme un recrudecimiento de la violencia en la región, pues no sería la primera vez que un grupo armado los desplace de sus predios.

Ante estos hechos, el comandante del Batallón de Alta Montaña Número 10, teniente coronel Néstor Prieto, al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado el miércoles, anunció que el Ejército va a incrementar el pie de fuerza y a mantener las operaciones militares en esa región, “con el fin de garantizarle a la población civil la tranquilidad que se merece”.

Rechazan nuevo ataque, pero esta vez en Nariño

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, condenó ayer el ataque perpetrado cerca de Tumaco contra operadores del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, en Nariño, y reafirmó el compromiso del Gobierno de proteger a los miles de colombianos que le dijeron “no” a la coca y están ahora en la legalidad.

El consejero Archila sostuvo que la firme decisión del presidente Iván Duque es acompañar y garantizar la seguridad de todas las familia que están comprometidos en las actividades de sustitución en todo el territorio nacional.