¿Qué pasa en el Valle con las alertas tempranas de violencia?

En lo corrido del año se han presentado 53 masacres que dejaron 185 víctimas mortales en diferentes departamentos de Colombia, según Indepaz. En el Valle ocurrieron 5 hechos, que provocaron la muerte de 18 personas: en Jamundí, El Águila, Buga y Cartago, conflictos originados mayoritariamente por la presencia de grupos armados y criminales. Para atender la oleada de violencia e inseguridad que ataca al país y específicamente a la región, la Defensoría ha emitido alertas tempranas desde el 2021. ¿En qué van estos procesos?

Inicialmente, es necesario concretar que las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo son de tipo estructural o de inminencia. Las primeras se realizan cuando, además de la presencia de algún actor, la población requiere una intervención en temas de salud o educación; las segundas, cuando hay un peligro latente que requiere una reacción inmediata. El principal objetivo es tratar de movilizar al Estado para que garantice condiciones sociales y de seguridad a los ciudadanos que se encuentran en riesgo.

Las zonas en las que se han presentado alertas inminentes en la regional pacífico, desde 2021, han sido: el Litoral del San Juan, Chocó-Buenaventura, la cual se emitió en un contexto de disputa armada entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), y el ELN; Dagua, por el riesgo existente tras la intensificación de acciones bélicas de disidencias de las Farc; Restrepo, a causa de la posible expansión de grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc; y, Obando, por la violencia que se ha originado entre grupos dedicados al crimen organizado y el narcotráfico.

Los peligros enunciados anteriormente, que se presentan en los territorios de la región, atentan contra los derechos humanos de las comunidades desde el principal, que es la vida, hasta la educación o el derecho al trabajo, entre otros.

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Por ejemplo, la comisión de actos de violencia como la masacre ocurrida el pasado 24 de abril en Cartago, donde cinco personas resultaron muertas, en un hecho que estaría relacionado con temas de narcotráfico, presuntamente, generó temor en los territorios y ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos.

Y casos como este se han presentado a lo largo de la región pacífica cerca de diez veces por temas de narcotráfico, grupos al margen de la ley o delincuencia común, lo que ha dejado como resultado casi 36 víctimas en lo corrido del año.

Ante el inminente riesgo que presentan las comunidades, la Defensoría del Pueblo ha actuado emitiendo alertas que atraigan la atención del Estado y su fuerza para la región.

De acuerdo con Gerson Vergara, defensor regional del Pueblo, su labor en la emisión de las alertas es “brindar un diagnóstico de la situación, visibilizar el hecho y hacer recomendaciones. El sistema jurídico le ha dado la responsabilidad del seguimiento al Ministerio del Interior, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, y esta es la entidad que hace el seguimiento a través de las diferentes instituciones para darle cumplimiento”. Pues, la Defensoría no opera como un ente judicial ni como Fuerza Pública.

Sin embargo, según Vergara, uno de sus objetivos es lograr articular la respuesta institucional y concentrarla en un fenómeno que requiere especial atención. Este trabajo incluye el análisis de la situación, de los actores involucrados y determinar si la capacidad que tienen las instituciones es suficiente. En esa medida, los investigadores indagan según el tipo de población, étnica o campesina; el territorio, rural o urbano.

El funcionario explica que “el Valle del Cauca viene sufriendo un riesgo en el escenario de violencia y conflicto producto de la presencia de grupos armados organizados residuales (disidencias de las Farc), la compañía Adán Izquierdo, que pretende tener control territorial en la cordillera central; la Roberto Ramos, que tiene presencia en Florida y Pradera; la Jairo Martínez, que opera en Jamundí y pretende tener control en la zona hasta Buenaventura, por los pasos de estas economías ilegales; y en el norte del Valle está el ELN, en el cañón de Garrapatas, en municipios como El Dovio, Bolívar, Trujillo”.

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Para Jorge Mantilla, director de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, este tipo de situaciones como amenazas por parte de grupos armados tienen un impacto humanitario mayor en las dinámicas de conflicto en el país. Explica que “el año pasado el desplazamiento en Colombia llegó a los mismos niveles del 2011”. Esto, según Mantilla, se debe a que la confrontación no es entre el Estado y los grupos armados, sino entre las mismas organizaciones delictivas. “Entre disidencias y el ELN; el ELN con el Clan de Golfo, y eso tiene un peso particular sobre la violencia que se ejerce por líderes sociales y contra organizaciones de la sociedad civil e instancias como la guardia indígena, juntas de acción comunal o consejos comunitarios”.

Adicionalmente, el Defensor Regional del Pueblo indica que la comisión de algunos actos como los homicidios están ligados al accionar de muchos de estos grupos a causa de disputas por el territorio y el control del mismo y por el control de economías ilícitas e extorsiones.

Por ello, según Vergara, han hecho un llamado especial a las autoridades para que garanticen los derechos básicos a la población, entre ellos el respeto por la vida.

En el norte del Valle del Cauca varios municipios viven una oleada de violencia que afecta la armonía y la tranquilidad de los ciudadanos.
Según la alcaldesa de Obando, Nydia Lucero Ospina, las organizaciones delictivas realizan amenazas, intimidan a la comunidad e incluso hacen a los niños y adolescentes participes del microtráfico.

“El microtráfico se apoderó de la zona, las bandas tienen constantes enfrentamientos y no respetan los derechos. Asesinan a cualquier hora del día. No tenemos capacidad de respuesta”, narra la alcaldesa Ospina, quien asegura haber sido víctima de amenazas de los dos grupos que controlan la zona, así como su mamá y sus hijas; extorsiones y ataques políticos. Afirma que está en una situación de riesgo si actúa al respecto o incluso si no lo hace.

Además, cuenta que, en lo corrido del año, en este municipio de casi 17 mil habitantes se han realizado cerca de seis consejos de seguridad, debido a que se han registrado nueve asesinados en estos casi meses. Y aunque sostiene que se ha desarrollado el debido proceso, recomienda que “ya es tiempo de que todos demos la cara, enfrentemos la situación y demos resultados. Sin desconocer el trabajo realizado por todos, necesitamos más apoyo. No hemos alcanzado el objetivo, a pesar de que se han hecho capturas, se han incautado de armas, fusiles y demás armamento”.

De igual forma, dice que la capacidad judicial en la zona es reducida. De cierto modo, la alerta se emitió para que a nivel nacional se apoye la lucha contra estas organizaciones criminales que azotan a los habitantes de Obando. “El Comandante de la Estación de Policía quiere hacer su trabajo, los de inteligencia quieren hacer su trabajo, todos queremos estar unidos. Las instituciones deben dar la cara en nuestro municipio, porque yo no tengo cómo defenderme, no tengo vehículo, el carro que tenía me lo quemaron en el paro”, afirma la Mandataria local.

Por otro lado, luego de varios meses de la emisión de la alerta 017-21 en Dagua, la alcaldesa Ana María Sanclemente asegura que las acciones ideadas para mejorar el flagelo que golpea al municipio han ido orientadas a realizar campañas (como #yoprevengo) en la cabecera municipal, a la que se sumaron posteriormente iniciativas como ‘Jornada de servicio a la comunidad’ en el corregimiento de Danubio, abarcando las veredas y corregimientos La Elsa, El Placer, El Engaño, El Cauchal de la vía Simón Bolívar, jornada en la que se realizó la socialización de las rutas de prevención así como talleres en educación en el riesgo de minas antipersonal ERM (para líderes sociales, funcionarios de grupos de valor y gestión del riesgo).

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Además de capacitaciones en temas de prevención de reclutamiento y utilización de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes enfocado a estudiantes en la instalación del gimnasio Dagua; un conversatorio en temas de derechos humanos, prevención en reclutamiento. Esto se logró gracias a la participación de la mesa de víctimas y de los grupos de asociación religiosa (Asomed, Asofutev); entre otras capacitaciones y talleres.

Según la Mandataria, cada estrategia ha contribuido a “que no haya un aumento de denuncia ni declaraciones frente a las entidades públicas sobre posibles delitos o hechos de reclutamiento forzado NNA, así como a promover en cada jornada las rutas de prevención de los diferentes hechos victimizantes, que permite que los jóvenes tengan el conocimiento sobre adónde deben acudir para que sean respetados sus derechos”.