El Gobierno Nacional quiere apelar a la solidaridad de los colombianos con el proyecto de reforma tributaria, con el que se espera recaudar $23,4 billones.
Por un lado, el presidente Iván Duque habla del apoyo a los más pobres y, por otra parte, del futuro de las finanzas del país. “La estabilidad de las finanzas públicas no es un juego y las decisiones hay que tomarlas a tiempo, con sinceridad, con eficacia”, dijo el pasado viernes.
El Mandatario trata de convencer a los colombianos que tendrán que pagar más por los tributos de renta e IVA, y al Congreso, que hasta ahora ha hecho fuertes críticas al proyecto.
El partido Centro Democrático dice que apoya todo el plan social de la reforma, así como el plan de austeridad propuesto. Pero consideran que los servicios públicos no deben tener IVA y que salarios de menos de $50 millones al año no deben pagar renta, aunque sí deben declarar.
Tampoco avalan que pensionados de menos de $7 millones paguen renta ni que se elimine la categoría de exentos del IVA, puntos que han generado polémica.
Algunos miembros de los partidos Liberal y Conservador, así como del Polo Democrático dicen que no apoyarán el proyecto.
La representante por la Alianza Verde, Catalina Ortiz, afirma que “en principio no votaría la reforma porque tiene cosas como el alza en la tarifa de internet de los estratos 1, 2 y 3 o el cambio de exentos de IVA a excluidos, lo que puede encarecer la canasta familiar”. Pero dice que hay cosas positivas como los impuestos verdes y los tributos solidarios.
El tributarista Luis Hernando Franco Murgueitio considera que la reforma tributaria generaría inflación por el cambio en la clasificación de productos exentos de IVA y por el establecimiento de ese mismo tributo a nuevos bienes y al plástico de primer uso que se destina a empaques: “esto se traduce en mayor costo del producto, que obviamente buscará ser trasladado al consumidor final vía precio”, dijo.
El debate al proyecto comenzará en unos 15 días, luego de que se nombren ponentes, pues el Gobierno quiere sacar la iniciativa antes del 20 de junio de este año. Mientras tanto, gremios y académicos hacen contrapropuestas.
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Más renta e IVA
Más personas tendrán que declarar y pagar renta, se calcula unos 5 millones de personas para el 2024. En el año 2022 lo harán quienes tenga una renta líquida (ingresos laborales anuales menos exenciones) de $29 millones y para el 2023 se reduce el umbral a una renta líquida de $21,7 millones. Se eliminan las deducciones y se crea una sola exención del 25%.
No presentarían declaración de renta quienes tengan consumos con tarjeta de crédito, hayan hecho compras o consignaciones bancarias menores a 400 UVT ($14,5 millones), durante el año gravable. Tampoco asalariados cuyo patrimonio bruto en el último día del año no exceda de 2.500 UVT ($90 millones).
En IVA, pasan de una tarifa del 5% al 19%: los combustibles, el almacenamiento de productos agrícolas, los planes de medicina prepagada, las pólizas de seguros, entre otros.
Pasan de excluidos a gravados: servicios de hosting; energía, acueducto y alcantarillado, aseo público y gas domiciliario (estratos 4, 5 y 6); las comisiones por la utilización de tarjetas crédito y débito y los servicios postales y de mensajería y de exento a gravado con el 5% la venta de paneles solares.
En la categoría de productos exentos de IVA a excluidos quedan: libros, carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, vitaminas y medicamentos, entre otros bienes y servicios.
Los nuevos impuestos
Se sustituye el impuesto de rodamiento por un gravamen nacional, quedan excluidas: las bicicletas, los tractores, y la maquinaria industriaI. Cambia la tarifa porque se crea el componente ambiental, por lo tanto pagarán más los carros que contaminen.
Nace el tributo al plástico de un solo uso.
Surge el impuesto de plaguicidas, tarifa del 8%.
Se crea una sobretasa para los combustibles. La tarifa oscilaría entre $134 y $1.314 dependiendo si es gasolina corriente o extra y del sitio donde se registre.
Las ganancias ocasionales se mantendrán con la tarifa del 10%.
Se modifica el impuesto al carbono.
El impuesto a los dividendos aumentaría 5 puntos porcentuales, pasando del 10 % al 15 %.
Se crea el impuesto temporal de solidaridad para quienes ganan más de $10 millones. La tarifa será del 10 % y se pagará en el segundo semestre del año, pero se puede descontar del impuesto a la renta en el 2022.
Impuesto a la riqueza para patrimonios por encima de $5.000 millones con tarifa de 1%.
Se pueden crear peajes urbanos en las ciudades.
Plan social
El Gobierno Nacional propone la creación del programa Ingreso Solidario, el cual será de carácter permanente y complementario a los programas sociales de transferencias monetarias. Se requieren $4,6 billones para este plan.
Un hogar en pobreza extrema de una persona recibirá $80.000 y de 6 personas $360.000 al mes.
Se subsidiará el pago de seguridad social y caja de compensación para empresarios que contraten jóvenes por un periodo de 4 años.
Se extiende del Programa de Apoyo al Empleo, Paef, hasta junio de este año.
Se otorgará un subsidio a la matrícula para los estudiantes de instituciones de educación superior públicas y se fortalecerá el programa Generación E como política de Estado. En estos planes se invertirán $800.000 millones al año.
Se devolverá el IVA a las familias más pobres del país, se estima unos 4,7 millones de hogares. En este caso se requiere un presupuesto de $1,8 billones.
Tributos a empresas
Las empresas pequeñas pagarán un impuesto de renta de 24% y las medianas y grandes del 30%. Se establece una sobretasa de 3% por dos años.
Se suprimen algunos descuentos y exenciones a la renta como la que producía la venta de energía eléctrica generada con base eólica, biomasa, residuos o solar, las rentas asociadas a la vivienda de interés social y prioritaria, las relacionadas con los incentivos a las creaciones literarias de la economía naranja, entre otros.
El descuento del impuesto de industria y comercio se mantendría en 50% y no en 100%.
El incentivo tributario para las rentas provenientes de empresas de economía naranja se extiende hasta el 2022.
Austeridad
El Gobierno planea ahorros por $1,3 billones con un plan de austeridad que limite el crecimiento de los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios. Hasta el año 2026 estos gastos no pueden crecer por encima de la inflación.
El proyecto de reforma tributaria pide que se otorguen facultades extraordinarias al Presidente de la República, por un periodo de 6 meses, para suprimir, fusionar o reestructurar entidades y dependencias.
Asimismo, disponer la fusión, escisión o liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas y también realizar modificaciones presupuestales para financiar los gastos de funcionamiento de las entidades reestructuradas.
También se modificaría la regla fiscal del país.
Clase media
Juan David Velasco, experto de la firma Posse Herrera Ruiz, comentó que el proyecto de reforma afectaría a la clase media en varios puntos:
La ampliación de base de contribuyentes: Personas con ingresos netos de $2.400.000 estarían obligadas a declarar y a partir del 2023, el umbral para estar obligado se reduciría a $1.600.000. “Se modifican las tarifas, en particular, la del 10% llevaría a que más personas, además de declarar, tengan que pagar”.
”La iniciativa elimina exenciones, por ejemplo, ya no habrá renta exenta por aportes a fondos voluntarios de pensiones ni sobre los ingresos por concepto de cesantías, ni sobre las cuentas de Ahorro para el Fomento de la construcción. Tampoco habrá deducciones por concepto de dependientes económicos o por pagos de prepagada”.