Revive el temor en Cali por llegada de la minga indígena, ¿qué esperar?

El anuncio de la llegada de la minga este 10 de diciembre, sumado al recuerdo de los enfrentamientos y desmanes en la ciudad a mediados de año y las amenazas del líder indígena Hermes Pete de que no habrá Navidad para los caleños si no les brindan las garantías para su llegada a Cali, ha generado temores.

El propósito de la movilización, según el coordinador político del Consejo Regional Indígena (Cric), Jorge Sánchez, es “retomar los temas nacionales y estructurales que fueron resultado del paro nacional y la minga anterior”.

Sin embargo, y de acuerdo con los analistas consultados, ambas expresiones ‘minga’ y ‘paro nacional’ traen a valor presente los bloqueos, daños en la infraestructura vial, saqueos, muerte y confrontaciones en diferentes puntos de Cali, la ciudad que más afectación sufrió por cuenta de los actos vandálicos de estructuras que habrían sido infiltradas por grupos ilegales.

El temor de la llegada de la minga, según el politólogo y analista Gustavo Orozco, surge a partir de la experiencia y del balance de lo que dejó la venida a la ciudad en el marco del paro nacional entre abril y mayo.

“Hubo daños a la propiedad privada, enfrentamientos y una actitud por parte de la comunidad indígena muy lejana del pacifismo que dicen representar”, explica Orozco.

No en vano la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que inicie diálogos con los indígenas en sus territorios y pidió calmar las tensiones en algunos ciudadanos y no estigmatizar a las comunidades que llegarán a Cali.

“No queremos que se desencadenen consecuencias negativas. Todos merecen respeto, sin estigmatizar ni señalar, ni mucho menos amenazar. En el Valle cabemos todos: centro, derecha, izquierda, comunidades étnicas, todos tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente”, dijo la recientemente la Mandataria del Valle.

Enfatizó, no obstante, en que no se permitirá un solo bloqueo de las vías, tal como ocurrió en el paro nacional. “No vamos a volver a mantener un departamento sitiado y que se atente contra bienes públicos y privados”.
Por supuesto que la llegada de la minga a la ciudad nos genera mucha preocupación, indica al respecto el exalcalde Ricardo Cobo, “porque son unos comandos indígenas absolutamente provocadores y que nos pueden llevar a hechos violentos”.

“Estas mingas y bloqueos que hacen parte de la mal llamada protesta social, pero lo que buscan es copar a Cali y el Valle territorialmente, generar hechos que están en un marco legal de protesta pero que a todas luces van más allá de lo permitido”, agrega Cobo.

Para citar solo un ejemplo, dice, “el Código Nacional de Tránsito en su Artículo 83 prohíbe llevar pasajeros en la parte exterior del vehículo o fuera de la cabina, salvo los de atención de incendios o de recolección de basuras, y eso es lo que hacen ellos todo el tiempo en las chivas y violan todas las normas de carácter legal”.

Pero ese temor también lo advierten empresarios y comerciantes que llevan seis meses intentando recuperarse de los estragos del paro y los bloqueos; y quienes sienten que no soportan más protestas por las vías de hecho.

Más allá de esos temores, hay quienes también esperan que la presencia de los indígenas en Cali sea una oportunidad para zanjar diferencias entre los sectores que se vieron enfrentados y la ocasión sirva para demostrar que se puede vivir en la diferencia.

Carlos Enrique Valencia, del Centro Estratégico de Investigación Social C3IS, señala que tanto la minga, como las comunidades de Cali que se vieron amenazadas, entendieron que cada comunidad tiene una zona que proteger. Igual como lo hacen los indígenas en sus resguardos o cabildos, donde protegen con su vida la integridad de sus comunidades, ese mismo respeto deben generar cuando vienen a ciudades como Santiago de Cali en el marco de sus actividades”.

“Pese a que hay intereses menguados políticamente, las heridas del paro están en un proceso de sanación y la presencia de los indígenas en Cali puede ser la comprobación de ese diagnóstico. Si hay una reivindicación social de dos culturas con una cosmovisión distinta. Pero más que un riesgo, es una prueba social y esperamos que sobre la base del respeto haya una reivindicación de parte y parte tras los hechos ocurridos durante el paro”, señala Valencia.

En el mismo sentido se pronunció el concejal Roberto Ortiz al asegurar que quienes viven en Cali deben conservar la tranquilidad. “La invitación es a insistir en el diálogo, la reconciliación y la paz sin amenazar a nadie.

“La llegada de la minga en diciembre tiene a muchos caleños preocupados, sobre todo cuando por redes hubo amenazas de parte de un jefe indígena; ellos tienen derecho a la libre movilización, siempre que no perturben el orden público en la ciudad. Las experiencias de meses atrás no fueron buenas, quemaron carros y se metieron a una unidad residencial. Los caleños quieren que haya reactivación económica después de la pandemia y del paro nacional”, indica Ortiz.

Esas amenazas fueron proferidas por el exconsejero mayor del Cric, Hermes Pete, quien dijo a través de un video que “la pelea nuestra no es con la Policía, el Ejército o los ciudadanos, sino con los que someten al pueblo colombiano a la esclavitud y la miseria. No nos vamos a morir encerrados cobardemente, sino peleando y luchando como pueblos dignos y si el Gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá Navidad”, insinuando que recurrirían de nuevo a los bloqueos.

“Nosotros no vamos en son de pelea, vamos pacíficamente pero estamos preparados porque si nos atacan, tendremos que defendernos”, sentencia Pete en el video.

El pasado 9 de mayo, y tras doce días sin que los habitantes de Ciudad Jardín pudieran salir de sus casas por los bloqueos, éstos optaron también por cerrarle el paso al ingreso de chivas con indígenas desde el Cauca, lo que originó una batalla campal entre pobladores y miembros de la minga.

Más allá del derecho que tiene todo colombiano a protestar pacíficamente, y sin trasgredir los derechos de las demás personas, los analistas consultados estiman que Cali se ha convertido en epicentro no solo de protestas sino de desmanes y actos violentos por simples cálculos políticos del alcalde Jorge Iván Ospina.

Para Gustavo Orozco ese riesgo de la permisividad del alcalde no es solo con la minga sino de cualquiera que insista en que la fuerza y la destrucción es la manera de hacerse imponer.

“La Alcaldía sigue pensando que está gobernando para un municipio de Suiza sin realmente entender que debemos mandar un mensaje contundente a cualquiera que insista en cometer un delito, de que cometerlo tiene consecuencias”, explica Orozco.

Por su parte Cobo asegura que los indígenas “tratan de generar el caos con el beneplácito del Gobierno Departamental y Municipal que quieren darles todas las garantías, pero los indígenas no ofrecen ninguna”.

Es justamente ese el temor de muchos caleños que esperan que la ciudad no vuelva a repetir esa pesadilla.

Solo en el primer día del paro, el pasado 28 de abril, hubo 55 heridos y 20 uniformados lesionados.

En materia de transporte fueron 14 buses del MÍO vandalizados y 14 articulados incinerados.

Fue derribada la estatua de Sebastián de Belalcázar, se destruyeron 23 cámaras de fotomultas, hubo bloqueos en las principales vías de la ciudad, saqueos y daños en bienes públicos y privados.

También Enfrentamientos entre los manifestantes y el Escuadrón Móvil Anti- disturbios de la Policía (Esmad).

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el Paro Nacional le costó a la economía colombiana entre $6 billones y $10,8 billones de pesos.

De las 120 estaciones de combustible que operan en la ciudad de Cali, 63 fueron vandalizadas para extraer la gasolina.