Pocas semanas después de que el salario mínimo en el país estuviera en los titulares de todos los medios del país por su histórico aumento a un millón de pesos, el tema vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez es por cuenta de un proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República y que busca que se cree una categoría diferencial de sueldos entre profesionales, técnicos y personal no calificado.

La iniciativa es del representante a la Cámara liberal, Silvio José Carrasquilla, que plantea que los egresados de universidades reciban una remuneración de tres salarios mínimos legales vigentes, es decir tres millones de pesos teniendo en cuenta el salario correspondiente al 2022; los técnicos, por su parte, devengarían dos mínimos.

Aunque el proyecto solo se empezará a discutir una vez se retome el periodo legislativo, el 16 de marzo, ya está en boca de muchos que intentan analizar su viabilidad.

Uno de los argumentos del impulsor de la iniciativa es que muchos egresados invierten un buen porcentaje de sus recursos en formación técnica o profesional para ingresar al mercado laboral, pero no recibe un pago acorde a sus conocimientos académicos.

Expertos en política laboral consultados por El País coinciden en que la iniciativa legislativa está permeada de una intención clara de mejorar las condiciones salariales en el país, pero las condiciones de la estructura económica no son las mejores para adaptar una propuesta de este tipo.

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“Colombia tiene muchas carencias en materia de fijación del salario mínimo y este proyecto de ley lo que busca es atender, usando como base la experiencia de otros países en los hay un salario mínimo interprofesional, una crisis. En otros países hay distintos salarios para, por ejemplo, gastronomía, metalmecánica, construcción y así”, explica Iván Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

El experto anticipa que en caso de que la iniciativa tenga buen tránsito en el Congreso se podría convertir en un salario promedio.

“Cuando se propone algo así se debe diseñar con mucho detalle porque se puede convertir en un salario promedio, deteriorando la calidad del trabajo. Por la falta de vigilancia y regulación es probable que se normalice que todos los profesionales ganen tres salarios mínimos y los técnicos dos”, alerta Jaramillo.

Una postura similar tiene Isidro Hernández, economista y profesor investigador de la Universidad Externado, quien dice que el proyecto de ley revela una paradoja en el país: mientras más se capacita en lo académico a la fuerza laboral, más se atasca el cuello de botella que lleva al mundo laboral.

“En Colombia la tendencia ha sido a calificar cada vez más a su fuerza laboral, la situación es que hay una gran cantidad de técnicos y profesionales que al terminar sus estudios no son absorbidos por el mercado, por lo que entran a engrosar la sobreoferta de personas buscando empleo. Eso lleva a que la tendencia sea a bajar salarios. Es dramática la situación de quienes incurrieron en un gasto para pagar sus estudios y no tienen posibilidad de recibir una remuneración adecuada”, dice Hernández.

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El docente universitario añade que cree que el aparato estatal no está capacitado para controlar que los empresarios paguen el valor correcto a sus empleados y que es urgente que haya una reforma laboral que concentre un catálogo de políticas públicas para corregir los elementos que entorpecen que se apliquen salarios diferenciales.

“Se deben desarrollar políticas que conduzcan a que la economía diversifique su estructura productiva para que se logre absorber esa sobreoferta de trabajadores calificados. El Estado debe concentrarse menos en el fortalecimiento de sectores tradicionales y concentrarse más en el desarrollo de sectores que empleen nuevas posibilidades para aprovechar el conocimiento de esas personas que están saliendo de las universidades”, señala Hernández.
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En cuanto a los egresados de carreras técnicas, el economista cree que debe revisarse la proliferación de institutos.

“Hay muchas entidades que ofrecen carreras que ya no tienen espacio en el mundo laboral y lo hacen sabiendo que no pueden garantizar que sus egresados vayan a poder emplearse. Se debe promover una regularización de estas instituciones, tanto públicas como privadas, para que se garantice que estén más conectadas con el aparato productivo nacional”, añade Hernández, quien cree que la economía debe lograr un crecimiento de mínimo el 7 % para poder incorporar toda esa fuerza laboral que en este momento está ingresando al mercado.

7,5 dólares es el valor mínimo que se paga por una hora de trabajo en Estados Unidos.

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10% fue el aumento del mínimo, pero según la inflación el alza real es de 4,45 % a nivel general.

Por otro lado, Iván Jaramillo cree que implementar un salario diferencial iría en detrimento de algunas políticas implementadas por el Gobierno para reducir los índices de desempleo, en especial el juvenil.

“Hay medidas como auxilios en la nómina a empresas que vinculen jóvenes y si hay un aumento en los salarios podría impactar y reducir sus efectos”, añade Jaramillo.

De hecho, la intención de la administración Duque de crear 600.000 nuevos empleos para el final de su gobierno no avanza tan rápidamente, ya que para final del 2021, según el Ministerio de Trabajo, 102.066 personas entre los 18 y los 28 años lograron ocuparse, 21.607 fueron mujeres mayores de 28 años y 14.915 hombres de más de 28 años.

Para Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado de Trabajo de la Universidad Externado, la iniciativa debe tener en cuenta elementos que tienen que ver con los empresarios. Por ejemplo, dice que hay que tener en cuenta que al menos el 81 % de las compañías del país son pymes, por lo que una carga adicional a la nómina podría afectar su sostenibilidad, además, plantea que deben tenerse en cuenta otros elementos de contratación, distintos a los de un título académico.

“Elegir una persona adecuada para una labor requiere de un tiempo de adaptación, mientras el empleado se familiariza con las tareas y responsabilidades. Hay una verdad incontrovertible y es que un diploma no es sinónimo de la productividad y capacidades de una persona, así que se debe tener cuidado con diseñar opciones para que ambas partes estén satisfechas”, concluye Farné.

Por ahora queda esperar cómo le va a la iniciativa en su paso por el Congreso, pero por el momento parece, según la opinión de los expertos, que su futuro se quedará solo en unas buenas intenciones.